Argentina: 1° juicio del Tribunal Popular del Cordón Industrial. Cuando el pueblo tiene la voz

Capitán Bermúdez fue escenario de un momento histórico, allí tuvo lugar el primer juicio del Tribunal Popular del Cordón Industrial. Mediante una interesante actividad se juzgó a tres multinacionales que forman parte del modelo extractivo: Cargill, Molinos Río de La Plata y Vicentin. El mismo pueblo, junto a referentes sociales, presentó los testigos y juzgó a las empresas. "Por violar los derechos de los pueblos a la soberanía nacional, por violar marcos jurídicos, los derechos de los trabajadores a la salud y a un ambiente sano”. Participaron Madres de Plaza de Mayo y el cura Salvador Yaco, entre otros referentes. Allí estuvo enREDando.

“Donde no existe poder judicial capaz de responder los reclamos del pueblo, es el pueblo el que debe formar parte de la justicia”. Con este lema se llevó a cabo el sábado 19 de noviembre, el Primer Tribunal Popular del Cordón Industrial.

Organizado por Semillas del Futuro, Taller Ecologista, ATTAC Argentina, Casa de la Memoria, Llamamiento por la unidad, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Semillas de Rebelión y Taller Permanente por la Mujer; con la adhesión de muchas organizaciones sociales.

Dicho por sus realizadores

“El Tribunal Popular es el juzgamiento mediante las ramas que tiene el pueblo, o sea la denuncia, para juzgar el comportamiento criminal hacia los seres humanos y hacia la naturaleza, por manos de las multinacionales”. De esta forma clara y concisa explica Bruno Saccavino, integrante de Semillas de Futuro, la posición del significado del Tribunal.

Maximiliano Barros, por su parte cuenta que “cuando surge la idea del Tribunal era algo que terminaba hoy, con este juzgamiento, pero a medida que pasó el tiempo nos dimos cuenta que en la organización que se estaba fundando había muy buena concordancia”.

Los integrantes de este Tribunal piensan que una posible articulación entre los modelos existentes y estas nuevas formas de pensar tanto la economía como la explotación agraria, es la equidad. “Una mejor distribución, que haya leyes verdaderas donde se pueda distribuir mejor, donde la tierra no sea motivo de especulación, sino que sea propiedad mundial. Que la humanidad pueda disfrutar de los beneficios”.

Uno de los principales objetivos a corto plazo es seguir en la lucha y poder instalar el tema en todo el Cordón Industrial, que como es de público cono cimiento es muy difícil que se hable de esto en la zona, ya que los propios ciudadanos viven de las fábricas que allí se asientan. “Lo principal es la resistencia”, aclaran.

La primera cita fue hecha para concurrir a San Lorenzo, pero por motivos climáticos debió cambiarse, a último momento, a Capitán Bermúdez. Pese a esta mala jugada, cerca de 70 personas acudieron a escuchar y condenar a tres empresas multinacionales, culpables de los problemas agroecológicos que se están viviendo en la zona.

Delante del público se presentaron las acusaciones contra las firmas que operan en las regiones del Cordón Industrial. Los encargados de cada uno de los acusados, también llevaron un testigo que pudo dar cuenta de la manera en la que operan las multinacionales en esta zona y que los gobiernos se encargan de hacer oídos sordos.

Luego, el Tribunal compuesto por profesionales, Madres de Plaza de Mayo y Salvador Yaco, el cura local, se encargaron de dictar la sentencia para estos gigantes que lo único que les importa es la producción y el dinero a gran escala, pasando por alto la salud y la vida de los habitantes.

Llegar a esto llevó una preparación y debate de siete meses y tiene como meta formar una herramienta para que pueda ser utilizada como arma de los pueblos para defenderse ante el avance de las multinacionales que no respetan fronteras, raza ni color.

El primer ítem considerado fue la concentración de la tierra en pocas manos. Las empresas que se asientan en los lugares, muy poco respetan los derechos de los ciudadanos, como tampoco las reglas internacionales para este tipo de actividad. Estas empresas están ubicadas en los centros, rodeadas de barrios industriales.

Otro punto es el trabajo esclavo, consecuencia directa de la concentración de la tierra, los habitantes de la zona portuaria terminan con la única opción de trabajar para las multinacionales, a veces, en condiciones inhumanas.

La otra problemática que afecta directamente al cordón industrial de Rosario, es la sobrepoblación de camiones en la zona, generando un bloqueo total de los habitantes, su circulación, los agrotóxicos que emanan, como así también la situación en la que deben vivir durante las épocas de cosecha los propios camioneros.

Otro de los ítems es el accionar directo de estas empresas en la sociedad. Se escudan en los aportes para la comunidad, como escuelas, salas de primeros auxilios, calles, para luego poder obrar a su gusto, sin que tampoco haya un control por parte de los gobiernos.

Primer caso: Molinos Río de La Plata

Maximiliano fue el encargado de presentar el primer acusado. Molinos Río de La Plata es una empresa argentina fundada en 1909. Es la mayor concentración alimenticia del país. En el año 1999 fue comprada por Pérez Companc. En el 70 pasa a ser contratista del Estado. A mediados de los 90 estuvo en el área de telecomunicaciones, rubro que luego dejó por el boom sojero.

La planta de Molinos está instalada en San Lorenzo, en medio de la ciudad, frente al barrio 2 de abril, a metros de casas, escuelas y vecinales barriales. En este caso los vecinos denuncian que un millón de camiones entran a la ciudad en cada cosecha. Las escuelas deben suspender las clases tras la imposibilidad de los alumnos y docentes de llegar a las instalaciones.

“Mientras que estos camiones largan el polvo de los cereales que además de ser alérgenos, tienen los venenos utilizados para su fumigación, produciendo un daño directo para quien lo recibe”, explica Maximiliano.

A esto se suma el número de barcos de ultramar. Algunas fuentes indican que son de 6.000 a 9.000 contaminando el agua del río, y por ende, sus peces. Generando también desmoronamientos en la barranca, que pone en peligro a la población. Otro punto es que la tubería de gas que alimenta a toda esta empresa, pasa por debajo de la casa de los propios vecinos. Aquí no hace falta explicar nada.

Lilian, hace 15 años que vive en San Lorenzo y fue quien tomó la palabra para denunciar la situación que viven los vecinos. Explicó con ejemplos cada uno de los puntos que Maximiliano había expuesto en la presentación, reafirmando la peligrosidad de estas empresas en las ciudades.

Segundo caso: Cargill

La encargada de presentar a este acusado fue Sol, integrante del grupo Semillas en rebelión, quien trajo como testigo a Luis Sánchez, concejal con mandato cumplido de Villa Gobernador Gálvez.

Esta empresa se radica en nuestro país en 1947 produciendo semillas de maíz. Opera como un verdadero productor del modelo extractivo ya que no sólo siembra sino que también es responsable de las políticas de comercialización y preparación de los mercados.

El origen de sus capitales es estadounidense. Al 2009, tenía más de 130.000 personas empleadas divididas y distribuidas en 63 países. En Latinoamérica tiene 21.000 empleados. Particularmente en Argentina tiene 3.600 trabajadores en sus plantas. No hace falta ahondar en detalles económicos que dejan a la vista las ganancias.

A esta empresa se la acusa de contaminación, tanto del agua como del aire, y de persecución a sus trabajadores. Trasladó, ilegalmente una cruz representativa de la Batalla de Punta Quebracho. Tampoco cuida la salud de los empleados frente a los granos. Vecinos de la zona denuncian alergias, problemas respiratorios y de piel.

En este tramo, fue Luis quien se encargó de ampliar las denuncias con datos certeros de los proyectos que se habían presentado a nivel local para poder controlar la planta que opera en Villa Gobernador Galvez.

Tercer caso: Vicentin

Salomé, también integrante de Semillas de Rebelión, presentó a la tercera empresa acusada: Vicentin.

Tiene sus inicios en1929, en la provincia de Santa Fe, como acopiadora de algodón. En 1943 comienza a fabricar aceites y extracción por solventes. Luego instala su planta en San Lorenzo. En la actualidad exporta aceite de girasol, soja, algodón y todo lo derivado de la soja. Tiene 51 empleados y carga alrededor de 270 barcos por año. También tiene una división de agroquímicos.

Las denuncias son contra su producción, muchas veces la planta fue cerrada por las irregularidades en las plantaciones de soja; por una mancha aparecida en el río Paraná, cerca de Rosario, de aceite. Luego la empresa anunció con orgullo la producción de biodiesel, ese mismo año, Ramiro, uno de sus trabajadores, fue absorbido por un silo subterráneo. Tenía sólo 23 años. También recaen sobre la empresa denuncias sobre evasión impositiva.

Los testigos iban a ser los padres de Ramiro, pero por el mal tiempo no pudieron llegar al lugar. Igualmente quedó claro que esta compañía deja muchos caminos abiertos para discutir, sobre su forma de operar en las ciudades y sus intereses para con este modelo extractivo.

Queda hecha la invitación para el próximo 28 de diciembre para participar de la conocida marcha “Sin trabajo digno no hay pan ni paz”, que lleva más de diez años y es un símbolo de resistencia de todo el Cordón Industrial. Ese día se leerá la sentencia completa a las fábricas que incumplen las normas de calidad de vida de las sociedades.

Sentencia firme del Tribunal

El jurado estuvo integrado por: Nora de Cortiñas y Mirta Acuña de Baravalle de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el Padre Salvador Yaco, Cura Párroco de la Parroquia Santa Catalina; el Ing. Agrónomo Armando Cassinera, Trabajador del CONICET; Norberto Olivares, Abogado de Liga Argentina Derechos del Hombre; María Teresa Nuñez, de FJA – CTA; y María Elena Saludas de ATTAC Argentina – CADTM.

Este grupo leyó la sentencia final del tribunal y las condenas para las empresas multinacionales que operan sin descaro en la zona.

El Tribunal Popular “declara culpable a las empresas Cargill, Molinos Río de La Plata y Vicentin por violar los derechos de los pueblos a la soberanía nacional; por violar marcos normativos y jurídicos; por violar los derechos de los trabajadores a la salud y a vivir en un ambiente sano; por violar los derechos de información, educación comunicación, circulación, y por sobre todo por violar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, agudizando un verdadero genocidio silencioso”;

“Condena a los estados y a todos los gobiernos en sus distintos niveles, nacional, provincial, y municipal, que han contribuido a la continuación y profundización de este modelo de destrucción y saqueo”.

“Además condena al actual sistema capitalista de distribución y consumo, caracterizado por la extracción y explotación de nuestros bienes comunes”;

“Condena a los organismos internacionales de crédito (Banco Mundial, FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc) por violar el derecho de los pueblos a elegir su propio proyecto de desarrollo y a imponer por medio del financiamiento, programas y proyectos de un modelo a seguir, que poco tiene que ver con las necesidades de nuestros pueblos”;

“También la pena es para el paradigma cultural y político dominante que reproduce a partir del discurso un sistema inmoral e insustentable de desarrollo; a todos aquellos funcionarios del gobierno nacional, provincial y local, conjuntamente con legisladores, profesores y decanos universitarios, autoridades y funcionarios de la salud, medios de comunicación, que por su acción y/u omisión, colaboraron, promovieron, facilitaron y/o pretendieron justificar y legitimar las acciones de las empresas aquí enjuiciadas”;

“Se los declara culpables del delito de complicidad, corrupción y participación necesaria directa o indirecta en actos que no hacen más que sostener este modelo de desarrollo insustentable, condenando el bienestar y el buen vivir de nuestros pueblos”.

“Solicitamos hacer extensiva esta condena a todas las empresas y organismos que promueven y respaldan este modelo civilizatorio de destrucción, saqueo y contaminación de nuestros territorios y bienes comunes, considerando que no hay pena ni resarcimiento moral, social ni penal, que sea proporcional a la gravedad de estos crímenes cometidos durante años por estas empresas”.

“No obstante creemos necesaria la organización popular para exigir ante el estado que intervenga para poner costo a este modelo neocolonial de destrucción y saqueo”.

Fuente: EnREDando