Agroquímico DBCP: un fantasma en las bananeras del sur
El caso del Dibromo Cloropropano (DBCP) es un ejemplo del poco valor que adquiere la salud pública cuando los intereses económicos aparecen en escena. Este menosprecio por la vida se incrementa en los países empobrecidos, a la vez que se ignora y se frena cualquier intento de la justicia por indemnizar el daño causado.
Pocos casos reúnen tantas pruebas, documentación y testimonios como el que a continuación se relata.
El inicio
El DBCP fue un producto químico aplicado en numerosos cultivos de varias naciones de mundo como Estados Unidos (EEUU), Israel o España, aunque destacó su uso en las grandes plantaciones bananeras de varios países del sur (Costa Rica, Filipinas, Honduras, Nicaragua, Burkina Faso, Guatemala, Costa de Marfil y Panamá, entre otros).
Se sintetizó por primera vez a mediados del siglo pasado, gracias al trabajo realizado por el Dr. Karl T. Schmidt, miembro en aquellos años del Instituto de Investigaciones de la Piña en Hawaii. Sin embargo, sería otro científico de esta institución, el Dr. Earl J. Anderson, quién casualmente descubriría en 1953 el poder esterilizante del producto en ciertas plagas de las piñas.
Dos años después empezó a utilizarse como nematicida en EEUU, combatiendo a una especie de gusanos parásitos que se alimentan generalmente de las raíces de las plantas. Se denominan nemátodos y dentro del mundo de la agricultura industrial se hizo urgente la fabricación de un compuesto que pudiera frenarlos, ya que ocasionaban innumerables mermas en la producción. El DBCP no eliminaba la plaga, sino que esterilizaba a sus miembros y evitaba así su reproducción y propagación.
En aquellas épocas, este tipo de productos no necesitaron registros especiales en EEUU y, por tanto, durante los primeros años el DBCP se comercializó sin valorar, estudiar y determinar su posible toxicidad. Conforme explica Susanna Bohme, historiadora y editora adjunta de la International Journal of Occupational and Environmental Health «Los nematicidas como el DBCP no fueron incluidos en la legislación para el control de plaguicidas cuando se aprobó en 1947. Entonces era legal venderlo sin registro alguno. En 1959 la cosa cambió y una nueva ley obligó a dicho registro».
Vicent Boix Bornay
Investigador asociado de la Cátedra Tierra Ciudadana – Fondation Charles
Leopold Mayer, de la Universitat Politècnica de València
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