Tierras en Colombia, el giro de la política del gobierno Santos

ESTEBAN RAMOS.*

Para ello, el ejecutivo ha diseñado un ambicioso plan de incentivos económicos, reformas institucionales y de carácter jurídico, incluyendo en este apartado las arriba mencionadas leyes, junto a la firma de tratados de libre comercio para la protección y promoción de la inversión.

Las sistemáticas revisiones del Estatuto de inversión extranjera de 1990 han facilitado al ejecutivo la creación de la cláusula de igualdad respecto a las inversiones nacionales, así como la inclusión de figuras legales tales como el “trato de nación más favorecida”, por el cual un país firmante de unas determinadas condiciones se podría beneficiar de las mejoras reflejadas en la firma de otro acuerdo con una nación diferente, amén de las portentosas desgravaciones fiscales que se han mantenido e intensificado para los grandes capitales.

Junto a estas fórmulas de incentivo económico, el gobierno Santos ha promovido el fortalecimiento de un marco jurídico al servicio de las inversiones extranjeras, promoviendo nuevas leyes y firmando TLCs que comprometen al estado colombiano a garantizar la seguridad de las inversiones, incluso militarmente. No en vano, fuentes del ministerio de defensa reconocen que alrededor de un 30 por ciento de militares se encuentran destinados al cuidado de las IED.

Este desarrollo normativo se institucionaliza con la creación o/y promoción de diferentes agencias nacionales, dependientes directamente de Presidencia y sin presencia alguna del Poder Legislativo o la participación de la sociedad civil.

El marco de promoción de la IED, en el que se plantea aumentar las zonas de explotación agroindustrial y forestal a 12 millones de hectáreas, la explotación petrolífera a 38 millones y la minera a 11 millones, requiere un nuevo ordenamiento territorial bajo la perspectiva de la acumulación del capital que hace imprescindible aclarar los derechos de propiedad para legalizar y legitimar este modelo de desarrollo basado en la reprimarización financiarizada de la economía colombiana.

El ingreso a los flujos financieros globales promoviendo la entrada de capitales de empresas transnacionales a Colombia, incentivando el movimiento en el mercado de las tierras, e incluso favoreciendo las dinámicas especulativas en torno a los valores en bolsa de las distintas corporaciones implica, necesariamente, construir un escenario legal, capitalista, neoliberal, legítimo.

Un escenario diferente al estado parapolítico y caciquil propuesto por el antecesor de Santos, aunque igualmente injusto y tenebroso.

En dicho marco deben leerse los anuncios de las leyes de restitución de tierras y víctimas, así como la futura Ley Agraria y de Desarrollo Rural que se encuentra en proceso de debate en el seno del gobierno en estos momentos y que plantea la creación de un Consejo Nacional de Tierras, dependiente directamente de Presidencia y responsable del ordenamiento de usos del suelo rural.

Es decir, de la definición del espacio y la propiedad del mismo: la decisión unilateral de a quiénes, cuánto y en qué condiciones se restituirá la tierra, atendiendo a las necesidades de los inversores en primera instancia (pues ahora la ley así lo establece).

Este cambio de rumbo en la política de desarrollo rural tiene sus consecuencias directas en el modo de abordar el tema de las zonas de reservas campesinas, las zonas afros o los resguardos indígenas.

Mientras que Uribe era completamente contrario a promocionar zonas de reserva campesina, Santos promueve estas fórmulas, mientras deja atado previamente el marco institucional y normativo que posibilitará legalizar y legitimar el despojo, a la vez hace uso de una estrategia de cooptación de las organizaciones de base y titulares de la propiedad de la tierra, reconvirtiendo a estos pequeños propietarios en socios o trabajadores del consorcio agroindustrial, forestal o minero-extractivo, bajo la lógica del capitalismo inclusivo.

De paso, al promover zonas de reserva campesina, afros y resguardos indígenas en tierras reclamadas por cada uno de los colectivos para sí mismos, incentiva la creación de conflictos interétnicos por la titularidad de la tierra. La perversidad del giro de la política de Santos no solo reside en la apuesta por un modelo de crecimiento económico que únicamente beneficia a unos pocos, también mantiene intactas las estructuras narcoparamilitares tradicionales.

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* Este artículo fue publicado en el nº 50 de Pueblos – Revista de Información y Debate, primer trimestre de 2012.

Fuente: SUR Y SUR