Declaración de Lima, CONACAMI Perú

La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI PERÚ), reunida en su Asamblea Nacional ampliada con todas sus bases del 25 y 26 de noviembre de 2011, haciendo uso del derecho Constitucional contemplados en la Constitución Política del Perú y en observancia de respeto irrestricto del estado de derecho, se dirige a la opinión pública para expresar lo siguiente:

Considerando que los conflictos socio ambientales en diversos escenarios del interior del Perú, se deben a que se continúa la política preferencial de cautelar los intereses de los inversionistas mineros, en contra de los intereses nacionales, y no se está cautelando los intereses nacionales, tampoco se están implementando mecanismos de control adecuados y suficientes, para preservar los derechos de las comunidades campesinas e indígenas.

Por tanto:

CONACAMI PERÚ, respalda y se solidariza con la medida de fuerza justas emprendidas por los pueblos y comunidades indígenas y campesinas de Cajamarca, Apurimac, Ancash, Moquegua y todas las regiones en conflicto, encabezadas por sus legítimos dirigentes y autoridades, por la defensa de la intangibilidad de los recursos hídricos, la biodiversidad, y la protección del medio ambiente y por ende la vida de miles de comuneros y pobladores de condición humilde.

CONACAMI PERÚ rechaza las malas prácticas de los operadores del estado y los sectores de la prensa comprometida con intereses del poder económico, quienes satanizan, agitan a la violencia y pretenden legitimar la militarización de los territorios comunales acusando a humildes campesinos de “antimineros, radicales, violentistas, extremistas” entre tantos calificativos.

CONACAMI PERÚ emplaza al presidente Ollanta Humala Tasso, a sincerarse y que acceda al diálogo de buena fe y que cumpla su palabra empeñada de proteger la vida de las personas y el agua, ante miles de campesinos afectados y acosados por la prospección y explotación indiscriminada de las empresas mineras.

Exigimos la creación una Comisión de la Verdad sobre la Minería y las industrias extractivas, que investigue el desempeño de la minería de los últimos 50 años, para que informe la situación real de los impactos sociales y ambientales de la minería, recomiende medidas de política y proponga medidas de reparación para las víctimas.

Nos ratificamos en los acuerdos alcanzados durante el Foro Nacional de los Pueblos llevada a cabo en Arequipa, que recoge las demandas preocupaciones y agendas regionales de las comunidades afectadas por la minería, sintetizada en la Declaración del Misti.

Demandamos que se revisen los Estudios de Impacto Ambiental con participación de la sociedad civil de las empresas favorecidas por funcionarios del anterior régimen corrupto como el ex ministro de Energía y Minas Juan Valdivia Romero, el funcionario titular de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros Felipe Ramírez, solo por mencionar.

Exigimos el cambio total de los funcionarios públicos del régimen anterior para iniciar los procesos de diálogo y concertación que permita cortar de una vez por todas el sistema neoliberal entreguista y excluyente e iniciar la aplicación legitima de un gobierno con nueva constitución como resultado de una Asamblea Constituyente.

Demandamos la zonificación económica y ecológica de los territorios comunales con participación directa de las propias comunidades para declarar territorios libres de minería e intangibilidad las cabeceras de cuenca, reservas hídricas y los recursos naturales sensibles como medidas para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en comunidades vulnerables.

Respecto a la Ley de Consulta Previa que la actual administración de gobierno viene implementando su reglamentación, no se ajusta a los preceptos que emana del Convenio 169 de la OIT, cuyo espíritu y finalidad ha sido tergiversado por intereses subalternos de las empresas mineras enquistados en la administración del Estado, planteamos la modificación de los artículos que contravienen al Convenio.

Rechazamos toda forma de criminalización de la protesta social y expresamos nuestro respaldo a los líderes genuinos que defienden de la soberanía nacional sobre sus territorios y recursos naturales, el agua el aire, el respeto al ser humano, es decir la supervivencia de la vida en el planeta.

Consideramos que para atender los conflictos sociales latentes en diversos escenarios del Perú, el ejecutivo debe adoptar un conjunto de medidas urgentes como la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial; la aplicación y ejercicio del derecho a la consulta al margen de la Ley de Consulta Previa; la modificación urgente de la Ley de Recursos Hídricos; normas para la protección de las cabeceras de cuenca y de las fuentes naturales del agua; la reformulación y adecuación de los instrumentos de gestión ambiental, etc.

En nuestro rol articulador de las comunidades indígenas y campesinas afectados por la minería, organizaciones nacionales y frentes regionales identificados con la defensa de la vida, agua, agricultura y el medio ambiente, convocamos a una asamblea nacional de los pueblos, para iniciar la movilización nacional con jornadas de denuncia nacional e internacional por violación de derechos humanos hacia los pueblos indígenas.

El Perú quiere justicia y paz social, por eso el Perú de adentro, las comunidades más humildes han confiado su voto en Ollanta Humala, porque creemos aún en “la gran transformación con inclusión social” y que los proyectos de desarrollo sean sustentables, garanticen la vida y la sostenibilidad del planeta para nuestros hijos e hijas, así como las futuras generaciones, ante una inminente crisis económica y ecológica.

¡Por el respeto al derecho del territorio y la consulta de los pueblos!
¡CONACAMI PERÚ emplaza al presidente Ollanta Humala al diálogo con justicia social con los pueblos!

¡Por un Perú democrático, plurinacional, mega diverso, pluricultural, con justicia e inclusión social, con soberanía nacional sobre sus territorios y sus riquezas!

¡Sanción a actores infiltrados miembros de las fuerzas del orden y medios que agitan y desata la violencia en la población!!!

¡Por la soberanía sobre nuestro territorio, por nuestro propio modelo de desarrollo sustentable para la vida……!!!

¡No a la imposición de proyectos extractivos sin licencia social….!!!!

¡Erradicación definitiva de la minería irresponsable a tajo abierto y la minería informal en todo el territorio nacional…!!!

Lima 25 de noviembre de 2011

Concejo Directivo Nacional
CONACAMI PERÚ

Fuente: CONACAMI