Agrotóxicos: Los condenados rompen el silencio

“Mi señora se lavó la cara con agua de lluvia al día siguiente que fumigaron un campo que está a tres kilómetros y le empezaron a salir erupciones en los brazos y el cuerpo. Fue un año atrás. Ahora está muy afectada, le diagnosticaron lupus y le están haciendo quimioterapia”. Jorge Mérola, productor rural en Villa del Carmen, en el centro de la región sojera del Uruguay, desgrana sus palabras desde un fondo de dolor fácil de entender, pero casi imposible de trasmitir.

Un médico de la zona le explicó que las manchas en la piel se deben a los “agrotóxicos” que vierten las avionetas que sobrevuelan los cultivos. “Se me murieron seis terneros, todos con los mismos síntomas. Quedan rígidos, sin movilidad muscular, con las mandíbulas trabadas. A otros vecinos les pasó lo mismo”, explica, haciendo largos silencios.

Cuando el periodista le pregunta porqué no denunció lo que le sucedió a su esposa, muestra su abismal incredubilidad en las autoridades: “No quise denunciar al ministerio de Ganadería porque un tiempo atrás hubo una mortandad de peces en el río Yi, y la respuesta fue que se debía a falta de oxígeno en el agua. Con ese tipo de respuestas no quise ir a denunciar”.

El testimonio de Mérola es uno de los tantos que tapizan el video Efectos colaterales del periodista Ignacio Cirio, que será presentando a comienzos de febrero pero que desde fines de diciembre puede verse la página web de Radio Mundo Real ( ver aquí). Es el primer trabajo gráfico que presenta pruebas de afecciones graves en personas por las fumigaciones.

Romper el silencio

Todos los productores entrevistados por Cirio muestran clara conciencia sobre los cambios productivos que están sucediendo en su zona, la introducción de cultivos como la soja y la fumigación con agrotóxicos, la multiplicación de monocultivos al punto que “te vas viendo encerrado”, como dice Isabel Olivo, de la Red Grupo de Mujeres Rurales. Sin embargo, pese a ser una persona activa en una organización social, Olivo reconoce que “uno se siente sin armas para luchar contra esto”.

El caso de Mérola no hace más que testimoniar la soledad de los afectados por las fumigaciones, que puede resumirse en distancia y ausencia del Estado y complicidad de actores como el cuerpo médico que podrían jugar un papel activo. Pese a la gravedad de lo que le sucedió a su esposa, hubo apenas una entrevista en una radio de Sarandí del Yi, que fue recogida por Cirio y se convirtió en el comienzo de su investigación. De algún modo su recorrida fue un desafío al silencio.

“Los afectados no ven al Estado como garante de sus derechos”, asegura luego de recorrer cientos de kilómetros por alguno de los departamentos más afectados por fumigaciones como Florida, Flores, Durazno, Paysandú y Salto.

“La maestra Elsa Gómez, de una escuela fumigada dos veces seguidas, hizo la denuncia y cuando la entrevistaron funcionarios de Salud Pública le exigieron pruebas que vincularan los problemas en la salud con los agrotóxicos. El Estado no los protege pero les exige”, concluye Cirio. Gómez es maestra en pequeña localidad en el departamento de Durazno, y relata en Efectos Colaterales cómo las avionetas fumigaban, en 2009, a escasos metros de la escuela durante varios días sin que nadie mostrara, al menos públicamente, mayor inquietud.

“Hay muchas cosas que la gente no se anima a decir, porque son vecinos, porque se precisan, pero conozco casos que han quedado tapados y veo que salen a fumigar con las mochilas rotas”, dice Luis Ferreira quien fue presidente de la comisión de la escuela de Merinos, en el departamento de Paysandú. Su hijo, como otros niños, presentan afecciones estomacales con vómitos cuando las avionetas fumigan a menos de cien metros del centro escolar.

Entre los entrevistados por Cirio figuran apicultores que han visto desaparecer sus colmenas, pequeños ganaderos y chacareros, vecinos de pueblos y enfermeras, y maestras que descubren las consecuencias de los agrotóxicos en los cuerpos de sus alumnos. No entrevistó médicos. Consultado sobre el silencio de quienes saben y conocen las causas, reflexiona: “Las empresas hacen beneficencia con las escuelas, clubes sociales y policlínicas. Los médicos no dicen nada”.

En varias ocasiones el equipo que hizo Efectos Colaterales tuvo problemas cuando conductores de “mosquitos” (vehículos para la fumigación terrestre) vieron que los filmaban. Algunos se bajaron del vehículo y quisieron saber de qué se trataba. “Tienen órdenes de no dejarse filmar”, concluyó Cirio.

Pese a las dificultades, encontró que la población rural y de pequeñas ciudades tiene conciencia de estar ante un problema creciente, entre otras cosas “porque se informan, viajan, conocen y, por eso, reclaman del Estado un estudio a fondo de la situación”. Onelia Domínguez, auxiliar de enfermería en el pueblo Rincón de Valentín, cree que los trabajadores no exigen condiciones adecuadas de trabajo por temor a perder el empleo, pero coincide con Cirio en que “jamás nadie ha venido a investigar”.

Vencer la soledad

Aunque la ausencia del Estado, y de la Universidad, son las principales responsables del silencio de los afectados , habría que agregar la escasa capacidad de los afectados para hacerse escuchar. En marzo de 2011 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay prohibió las aplicaciones aéreas a menos de 500 metros de los centros escolares y las terrestres a menos de 300 metros “para disminuir el riesgo de exposición de sustancias intrínsecamente peligrosas”.

Sin embargo, para que las normas se cumplan alguien debe controlar o denunciar. Isabel Cárcamo, de la Red de Acción en Plaguicidas (RAP-AL) dijo que “hemos tenido la experiencia de trabajar con comunidades fumigadas que ven muy difícil denunciar los impactos de las fumigaciones, ya sea por tener un familiar trabajando en las aplicaciones, por ser la fuente de trabajo o por vivir en pueblos pequeños donde todos se conocen e incluso hasta la empresa “ayuda” a la comunidad”.

Es el mismo problema que detectó el antropólogo Carlos Santos. Los apicultores, por ejemplo, “se ven enfrentados al dilema de no denunciar la mortandad de abejas para no ser expulsados del lugar donde les han permitido instalar sus colmenas o perder el lugar donde se encuentran”, porque al hacer la denuncia perjudica al propietario que a la vez arrienda el campo para cultivar soja

La doctora María Elena Curbelo destacó que en la zona de Bella Unión, ciudad agroindustrial donde trabaja hace 16 años, se fumigan plantaciones de arroz y caña de azúcar. Ha constatado malformaciones congénitas en recién nacidos, afecciones respiratorias en invierno y también en verano.

En la zona constató varios casos de leucemia en niños. Sin embargo, reconoció que “aunque se fumigaba hasta el borde del pueblo, un sector de la población quería hacer denuncias pero los trabajadores preferían no poner en riesgo sus puestos de trabajo y optaron por el silencio”.

Pero hay más. La mayor parte de las personas afectadas por las fumigaciones viven en pequeños pueblos, donde todos se conocen y en los cuales pervive una cultura de esperar: del caudillo, del estanciero, ahora del empresario, o del Estado. En el caso de Uruguay, se trata de pequeños pueblos que oscilan entre los 400 y dos mil habitantes.

La población rural viene cayendo sistemáticamente en toda la región. Quizá el caso más alarmante sea el de Uruguay donde sólo el 5% vive en el campo. La franja etárea de 50 a 65 años representa el 42 por ciento de esa población. No es difícil concluir que es una población en lenta extinción. Falta decir que en ese proceso el modelo productivo, y sus secuelas en la salud, fomenta la emigración al tornar inhóspita la vida rural.

“El ministerio de Salud Pública no consigue médicos decididos a radicarse en esos lugares. En esas condiciones, como señala Cirio, “hay conciencia de la gravedad pero apenas esfuerzos aislados con pocas herramientas organizativas y gremiales”.

Cárcamo denuncia que el silencio sobre los efectos de los agrotóxicos es interesado: “No existe interés político. Si lo hubiera habría que cuestionar el supuesto país productivo y los biocombustibles, entre otros. El tema solo será expuesto cuando sea una decisión política. Un ejemplo es la campaña que se ha realizado contra el tabaco, pero nada se dice de los impactos que produce la ingesta diaria de agrotóxicos a través de los alimentos y del agua. Y lo peor es que fumar se puede elegir, pero comer y beber agua no”.

Brasil, campeón mundial en agrotóxicos

Según un reciente informe del Movimiento Sin Tierra (MST), la sociedad brasileña está cada día más atenta ante los problemas causados en la salud y la alimentación por la contaminación con agrotóxicos. “Los venenos son uno de los ejes que sustentan el modelo de producción del agronegocio”, que definen como una producción volcada al exterior que expulsa familias del campo.

Desde 2008 Brasil ocupa el primer lugar en el ranking mundial de utilización de agrotóxicos aunque no es el principal productor agrícola. Se trata de mil millones de litros volcados en los cultivos, práctica de la que tampoco escapa el propio MST. En 2010 se creó la campaña nacional contra los agrotóxicos en la que participan entidades oficiales como el Instituto Nacional del Cáncer (INCA), Fiocruz y la Agencia de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).

Los especialistas no dudan en relacionar los agrotóxicos con el cáncer. Según el INCA, en el los próximos dos años un millón de brasileños recibirán diagnósticos de cáncer y sólo seis de cada diez afectados conseguirán recuperarse. Además habrá consecuencias sobre millones de personas que sufren todos los años diversas afecciones. En una reciente conferencia en Rio de Janeiro, Joâo Pedro Stédile, coordinador del MST, denunció que en los asentamientos del movimiento “hay casos de cáncer de mama en niñas de 13 y 14 años” (Carta Maior, 20 de diciembre).

El informe Derechos Humanos en Brasil 2011, divulgado en diciembre por la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, señala que todos los años 5.600 personas son intoxicadas con agrotóxicos aunque sólo la mitad de los casos son denunciados. En base a informes del Ministerio de Salud, concluye que todos los años se producen 2.300 “tentativas de suicidio” con agrotóxicos, siendo la región del Sur, una de las vitrinas del agronegocio, donde esa modalidad explica el 75 por ciento de las muertas. La sorpresiva revelación llevó a varios científicos a realizar trabajos de campo.

Un estudio publicado en Revista Brasileira de Saúde Ocupacional del Ministerio de Trabajo, revela la conexión entre suicidios y utilización masiva de agrotóxicos, ya que los organofosforados, entre otros, producen trastornos psíquicos. “Evidencias científicas muestran que la exposición a los pesticidas puede provocar daños en la salud, muchas veces irreversibles, como neuropatía tardía por sobre exposición a organofosforados. La exposición también está asociada a una larga lista de síntomas, así como déficits significativos de la performance neurocomportamental y anormalidades en el funcionamiento del sistema nervioso”.

La revista de la Asociación de Pos Graduados en Salud Colectiva publicó también estudios de caso, en base a una encuesta entre 102 trabajadores rurales de Nova Friburgo, que le permiten concluir que existe una correlación directa entre disturbios emocionales y psíquicos y la exposición a agrotóxicos.

Argentina: Médicos de Pueblos Fumigados

En la campaña agrícola de 1990 los campos argentinos fueron rociados con 35 millones de libros de plaguicidas. En 2010 fueron más de 300 millones de litros de los diversos venenos que consume el agronegocio. La cifra crece todos los años. En 1996, cuando se comenzaron las fumigaciones con glifosato, se utilizaban dos litros por hectárea. En 2010 ya se utilizan más de diez litros y hay campos que son fumigados con cerca de veinte litros por hectárea.

Esos datos formaron parte del 1er. Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, realizado en agosto de 2010 en Córdoba, Argentina, convocado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba a través de las cátedras de Medicina I y Pediatría. Al evento asistieron 160 médicos de diez provincias y decenas de pueblos.

Uno de los resultados del encuentro fue la creación de la Red Universitaria de Ambiente y Salud que ha venido dando seguimiento a la problemática sanitaria generada por los agrotóxicos.

“Los médicos destacaron que ellos atienden, en general, desde hace más de 25 años a las mismas poblaciones, pero lo que encuentran en los últimos años es absolutamente inusual y lo vinculan directamente a las fumigaciones sistemáticas con plaguicidas”, reza el informe final del evento. Rodolfo Páramo, médico pediatra y neonatólogo del hospital de Malabrigo, norte de Santa Fe, mostró su alarma al encontrar doce casos de neonatos con malformaciones sobre 200 nacimientos anuales en 2006.

El Servicio de Neonatología del Hospital Perrando de Resistencia, Chaco, hizo su propia estadística: en 1997 hubo 19,5 malformaciones cada 10 mil nacidos vivos; en 2008, trepó a 85,3. Cuatro veces más. En el mismo período, la superficie sembrada con soja en la provincia se multiplicó por cuatro.

Hubo decenas de testimonios, ponencias y relatorios. El informe final señala: “Es importante destacar que son escasos los informes epidemiológicos oficiales; según lo que manifiestan los propios médicos, sólo cuentan con los datos de sus observaciones, ya que en general los estamentos de Salud Pública han evitado verificar las voces de alarma de los equipos de salud como las denuncias de las poblaciones”. El informe de Chaco, reseñado arriba, es “uno de los únicos generados por un área pública con participación interjurisdiccional”.

Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la red de médicos, aseguró que pese a las evidencias científicas presentadas las autoridades nacionales y las sanitarias se niegan a aceptar la realidad, y en particular los cambios en las patologías que presenta la población rural.

Por eso optó por trabajar junto a grupos como Madres de Ituzaingó, un barrio de Córdoba rodeado de soja donde 300 de sus cinco mil habitantes tienen cáncer, o el Colectivo Paren de Fumigar, que optaron por la protesta para no seguir muriendo en silencio. Este grupo asegura que “no hay fumigación controlable ni segura”, por lo que deben suprimirse.

El caso de Ituzaingó muestra que sin organización y protesta no podrán conseguir nada, porque las fumigaciones afectan a los más pobres. En 2002 las Madres ya denunciaron “endosulfán y metales pesados en tanques domiciliarios de agua”, sus hijos siguieron muriendo de leucemia y malformaciones.

Los datos que aporta Ávila no deberían permitir que nadie duerma tranquilo: “Existen casi 12 millones de personas fumigadas en el país. En esas zonas, la tasa de malformaciones es cuatro veces mayor a la de las ciudades. En los pueblos, como en Barrio Ituzaingó, la primera causa de muerte es el cáncer con el 33% de los decesos, mientras que en las grandes ciudades la primera causa son los problemas cardiovasculares con el 27%, y recién la segunda el cáncer con el 19 por ciento”.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américas. www.cipamericas.org/es/

Recursos

Carlos Santos, “¿Que protegen las áreas protegidas?”, Montevideo, Trilce, 2011.
Ciência & Saúde Coletiva, vol.12, Nº 1, Rio de Janeiro, enero-marzo de 2007.
Facultad de Ciencias Médicas-Universidad nacional de Córdoba, Informe 1º Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, Córdoba, 2010.
Ignacio Cirio, Efectos Colaterales, Radio Mundo Real ( ver aquí).
Meyer, T. F.; Reswende, I.L.C.; Abre, J. C.; “Incidência de suicidios e uso de agrotóxivos por trabalhadores rurais em Luz (MG), Brasil”, Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, Sâo Paulo, Nº 116, Vo. 32, pp. 24-30, 2007.
MST, “Balanço do ano velho e perspectivas para 2012”, en ver aquí
Red Social de Justicia y Derechos Humanos, “Derechos Humanos en Brasil 2011”, Brasilia, 2011.

Fuente: Programa de las Américas