Primavera silenciosa menos 50

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"En lugar de avanzar drásticamente para desarmar los mitos y falsedades de gobiernos y trasnacionales para seguir llenando impunemente de tóxicos la comida, el agua, el aire, los cuerpos y el ambiente, la conferencia quedó atrapada entre los que querían volver más atrás de 92, los que pretendían avanzar en la llamada "economía verde" y los países que criticaron esa economía verde pero lo hicieron porque lo ven como una traba al desarrollo."

Con más de dos años de preparación, se realizó la conferencia Río+20 de Naciones Unidas, titulada Conferencia Mundial por el Desarrollo Sostenible. Los resultados son extraordinariamente magros y apenas en línea con los de la conferencia Río92, que, aunque con muchas contradicciones, reconoció que urgía considerar desarrollo y medio ambiente en conjunto, y dio origen a varias convenciones multilaterales (Diversidad Biológica, Desertificación, Cambio Climático y otras posteriores) y a la institucionalidad ambiental del planeta (tratados internacionales y regionales, ministerios e instituciones de medio ambiente, etcétera).

Ahora en medio de profundas crisis gobales (financiera, ambiental, climática, alimentaria), la conferencia destacó por evitar los temas esenciales y apenas "reafirmar", con trabajo, acuerdos de hace 20 años.

Desde el Grupo ETC señalamos que es más exacto llamar a esta conferencia "Primavera Silenciosa -50", recordando el libro de Rachel Carson que en 1962 conmocionó al mundo al denunciar el efecto mortal de los plaguicidas y químicos sobre los pájaros y el medio ambiente, inspirando el surgimiento de varios movimientos ambientalistas.

En lugar de avanzar drásticamente para desarmar los mitos y falsedades de gobiernos y trasnacionales para seguir llenando impunemente de tóxicos la comida, el agua, el aire, los cuerpos y el ambiente, la conferencia quedó atrapada entre los países que querían volver más atrás de 92 (como Estados Unidos), los que pretendían avanzar en la falacia de la llamada "economía verde" (como Europa y otros) y muchos países del Sur que criticaron esa economía verde (lo cual teóricamente es bueno) pero lo hicieron porque lo ven como una "traba al desarrollo" y potencial fuente de nuevas condicionalidades para financiamiento. En el camino se retrocedió en principios básicos establecidos en Río92, como el de "responsabilidades comunes pero diferenciadas" –que alude a que son principalmente los países más industrializados y sus trasnacionales quienes se beneficiaron y crearon los problemas ambientales y deben asumir mayor responsabilidad por ello–; el derecho a la información y el de "el contaminador paga" (aún siendo un principio perverso, porque significa que los que tienen dinero se compran el derecho a contaminar). Para botón de muestra del tono de las negociaciones, baste decir que el capítulo sobre minería, una de las actividades más contaminantes del planeta, que en la última década ha avanzado vertiginosamente devastando aguas, tierras y territorios indígenas y campesinos, fue "coordinado" por Canadá, patria global de las mafiosas trasnacionales mineras. Como consecuencia, se borró la referencia a obligación de consulta previa a comunidades indígenas y locales (que igual aplica porque está asentada en otros convenios, pero significativamente quisieron eliminar del tema minería).

La única "novedad" de la conferencia fue el empuje a la llamada "economía verde", que pretende aumentar los mercados financieros con la naturaleza y legitimar el uso de nuevas tecnologías para "resolver" los problemas, sin tener que tocar los patrones dominantes de producción y consumo.

No salió como mensaje limpio como pretendían sus principales promotores (gobiernos de Unión Europea, Korea, Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, PNUMA) en parte por la resistencia desde muchos países del Sur, pero también el planteo desconoce las causas de la crisis financiera, cuando se basa en aumentar los mercados financieros (de carbono, biodiversidad, servicios ambientales). Sin embargo, pese a la controversia, el documento de Río+20 llama a crear "ambientes propicios" legal y financieramente, da un concepto ambiguo de economía verde, que sin duda será interpretado por las trasnacionales, los gobiernos y las instituciones financieras internacionales según les convenga y aumenta las potestades del Pnuma.

Cabe destacar la reserva explícita de Bolivia en la plenaria final, que “rechaza la "economía verde" como modelo y herramienta para la privatización de la naturaleza y la sociedad (… y se reserva ante…) cualquier interpretación derivada como: mercantilización de funciones y ciclos de la naturaleza y pago por servicios ambientales…”

La tecnología como "solución" y una visión estrecha y lineal de la ciencia, quedó omnipresente en todos los temas, lo que convierte en más significativo que desde el Grupo ETC y organizaciones de la sociedad civil, logramos que se reconociera la necesidad de evaluar previamente a nivel nacional, regional e internacional a las nuevas tecnologías, "en vista del rápido desarrollo y despliegue de tecnologías que puedan tener efectos negativos, en particular sobre la biodiversidad y la salud, y otras consecuencias imprevistas". Además, se reforzó el rechazo a la fertilización oceánica, una de las técnicas de geoingeniería más desarrolladas, abriendo camino para la prohibición de la geoingeniería en su conjunto, demanda asumida explícitamente desde la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental.

La Cumbre de los Pueblos logró robar atención mediática con varias movilizaciones y una manifestación unitaria de todos los movimientos sociales con 80 mil personas. Lo más importante sin embargo fue la forma novedosa de participación real de miles de personas en plenarias temáticas –no de aclamación y masividad solamente, sino de reflexión y construcción detallada de diagnóstico y propuestas colectivas– que volvieron al centro del debate los temas de fondo: la crisis múltiples del sistema capitalista y las falacias de las falsas "soluciones", como la economía verde.

Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC

Fuente: La Jornada

Temas: Economía verde

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