Paraguay: El agronegocio está arrasando con las tierras indígenas

Las últimas semanas estuvieron marcadas por graves episodios de violencia contra la comunidad indígena de Tacuara’i, primeramente un ataque de civiles armados que dejó heridos entre las más de 100 familias Ava Guaraní que permanecen en unas 1.500 hectáreas de tierra y luego la desaparición de otros dos indígenas, que según la comunidad fueron asesinados por los mismos matones del terrateniente.

La Constitución Nacional garantiza al menos 20 hectáreas de tierra a cada familia indígena en la Región Oriental, además, la Ley de Seguridad Fronteriza prohíbe la ocupación de tierras fronterizas por parte de extranjeros, sin embargo, como en muchos otros casos la Comunidad de Tacuara’i se ha encontrado desprotegida en su reclamo de acceder a su territorio.

En Paraguay habitan unos 115 mil indígenas ubicados en más de setecientas comunidades, de ellas cerca del 30% tienen algún tipo de inconveniente con la posesión de sus tierras según el último censo indígena realizado por la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos (DGEEC). Gran parte de esos inconvenientes son generados por el avance del agronegocio que ocupa por la fuerza o mediante engaños la tierra de las comunidades indígenas. El alquiler de tierras y la ocupación irregular por parte de agroempresarios representan el 61% de los casos de las tierras indígenas afectadas.

Lea Schvartzman y Sofía Espíndola del Grupo Sunú de Acción Cultural, autoras del artículo  “Entre la imposición y la resistencia” publicado en el libro Con la Soja Al cuello 2017, señalan que los sucesivos gobiernos, al hablar de inclusión de los pueblos indígenas, no han buscado fortalecer la autonomía de los pueblos, ni garantizar el acceso de las comunidades a sus territorios, sino que por el contrario la inclusión se basa en que “se necesita de sus tierras para la expansión de las fronteras del agronegocio y a ellos, para el trabajo forzoso.”

“El “desarrollo” se concibe desde la inclusión de las comunidades indígenas al modelo de producción propuesto por el agronegocio, a costa de la exclusión de sus mundos simbólicos y autonomías políticas, para incluirlos en un sistema económico, basado en la explotación de los recursos naturales y la acumulación del capital producido en pocas manos” agregan.

Las investigadoras señalan que las diferentes estrategias de expansión del agronegocio sobre tierras indígenas se ejecutan mediante la fuerza, las presiones a las familias para el arrendamiento de sus territorios y un supuesto “asesoramiento” a comunidades para involucrarlas en el modelo de agronegocios. Esta expansión de la sojización ha dejado cientos de indígenas expulsados de sus tierras, siendo los Departamentos de Alto Paraná y Caaguazú, lugares donde el monocultivo de soja transgénica está ampliamente extendido, los que más indígenas desplazan forzosamente a centros urbanos.

“La mayoría de las comunidades resisten a este modelo de “desarrollo” ya que se opone a aquellas formas propias de producción familiar e intrafamiliar basadas en sus conocimientos locales, con una gran diversidad de semillas autóctonas y mestizas, y cuyo cultivo es para el autoconsumo comunitario.” señalan las investigadoras pero advierten que “esta resistencia está acorralada por la expansión territorial de los monocultivos mecanizados o los extensos pastizales para ganado, acorralada por las presiones y por los discursos”.

“Cuando las comunidades indígenas no han permitido la imposición del agronegocio se han dado los brutales desalojos, la quema de sus casas, de sus espacios sagrados, la destrucción de sus comunidades, la pérdida de los sentidos propios, la expulsión de sus tierras, las calles y con ellas las drogas, la prostitución o la muerte” concluyen.

Fuente y foto: Base Investigaciones Sociales (BASE IS)