Inversión y retrocesos ambientales
En esta columna, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, analiza la compleja relación entre la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la creciente demanda de minerales críticos para impulsar la transición energética global. Se advierte que, pese a los acuerdos internacionales en materia ambiental, persisten grandes obstáculos para su implementación. La autora cuestiona el concepto de “transición justa”, al evidenciar que esta nueva demanda de recursos profundiza modelos extractivistas que afectan gravemente a ecosistemas y comunidades.
La crisis climática está afectando a las personas y ecosistemas en distintas partes del planeta, algo similar ocurre con la pérdida de biodiversidad, la cual es menos conocida, pero no por ello menos importante. Ambas crisis están estrechamente relacionadas, pues en la medida que aumenta la temperatura media mundial se afectan ecosistemas y especies en muchos casos de forma irreversible. Por su parte, la pérdida o disminución de ecosistemas como por ejemplo bosques, praderas de algas, turberas, etc. Impacta sobre el ciclo hidrológico y contribuye a modificar el clima del planeta. A esto se suma los evidentes problemas que está generando la contaminación por plásticos en el planeta, cuyos restos en forma de desechos de distintos tamaños están por todas partes, incluso en lugares que son considerados prístinos, en zonas de alta montaña, en glaciares o en fosas en el mar.
Pese a los esfuerzos desplegados por algunos líderes mundiales y Naciones Unidas, no se ven cambios significativos en el horizonte que permitan afrontar lo que está sucediendo. Si bien, se ha logrado establecer acuerdos mundiales sobre clima y biodiversidad, existen muchas dificultades para la implementación de acciones dentro de los países. Ya que existe desigualdad de capacidades y recursos entre estados, a lo que se suman las prioridades de cada país y cruzando todo esto las toman fuerza presiones de los sectores empresariales que demandan mayores facilidades para la inversión y generación de empleos. Esto va generando un panorama muy complejo, porque si bien, es urgente implementar cambios para morigerar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, también, están las presiones para seguir manteniendo los mismos modelos productivos que son muy intensivos.
Dentro de todo esto surgen alternativas, la mayoría de ellas enfocadas en cambios tecnológicos que disminuirían las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se habla de energías renovables, electromovilidad, etc. Sin embargo, para promover estos cambios se requieren materiales particulares, los llamados minerales críticos, tales como cobre, litio cobalto, tierras raras, etc. Entonces, aquí surge una primera pregunta ¿quién demanda los cambios tecnológicos y a quiénes benefician? La respuesta es evidente, estas transformaciones están orientadas a implementar cambios fundamentalmente en los países desarrollados a lo que se suma las clases altas de algunos países en vías de desarrollo. Y si bien, esto puede tener un efecto beneficioso en la disminución de las emisiones GEI de estos países, provoca impactos ambientales y económicos en los países productores de minerales críticos.
Por ello, para poder extraer minerales críticos -muchos de los cuales se encuentran en países del tercer mundo- se acuñó el término de “transición justa”, un concepto que pretende dar cuenta que no estamos frente a un modelo extractivo extremo sin consideraciones sociales o ambientales, y que de alguna forma señala que los países desarrollados se preocupan por las condiciones de vida y los ecosistemas de donde provienen estos minerales.
Pero más allá del concepto y los cuestionamientos al mismo, lo que en la actualidad existe es una enorme presión por mayor extracción de recursos naturales, principalmente minerales. Esto ha llevado a la instalación de una agenda de flexibilización de los estándares ambientales en distintos países. La llegada de Trump en Estados Unidos y Milei en Argentina son los más evidente, pero el fenómeno va más allá y no reconoce limites políticos.
Los argumentos de algunos gobernantes se sostienen en la negación de la existencia de la crisis climática, otros basan estos cambios en la necesidad de facilitar la inversión, generar empleo y dinamizar la economía. En el caso de Chile, existen tres proyectos de ley regresivos dentro del Pacto Fiscal que implican cambios significativos en materia ambiental, todo con el propósito de facilitar la inversión. Por ejemplo, hace pocos días el gobierno de Perú anunció un paquete de más de 400 medidas para facilitar la inversión que denominó el Shock desregulador, lo cual parece bastante insolito, pero es real.
Lo indiscutible es que estamos en un escenario muy complejo, pues como humanidad no hemos sido capaces de frenar la destrucción de los lugares donde habitamos y lo que es peor aún, en la actualidad estamos enfrentando retrocesos importantes de las conquistas ambientales de la década de los 90, que permitieron generar conciencia a nivel mundial de la importancia del agua, el clima, la biodiversidad en nuestras vidas y lograron instalar regulaciones dentro de los países enfocados en el cuidado del medio ambiente.
Entonces la pregunta es ¿qué hacemos para no retroceder? Pues es claro que hay una tendencia mundial desde varios gobiernos para flexibilizar las regulaciones ambientales y así facilitar la mayor extracción de recursos naturales para la transición energética que el planeta necesita.
Lo que no se ve o no se aborda son los impactos ambientales y sociales que ocasionan la extracción acelerada de minerales para la transición, pues mientras algunos países tienen la posibilidad de reducir emisiones gracias a cambios tecnológicos, en otros se aumentaran las emisiones GEI producto de la minería intensiva. Lo claro es que algunos gobiernos están desechando la agenda ambiental en favor de mayor inversión, sin mirar hacia el futuro.
Fuente: Fundación Terram