Estado no crea reservas PIACI pese a orden judicial
En 2019, el Poder Judicial ordenó al Estado crear cinco reservas para proteger la vida de indígenas aislados. La creación de dos de ellas sigue siendo postergada por el Ministerio de Cultura, en un abierto incumplimiento a la sentencia.
Pese a que hace seis años el Poder Judicial ordenó la creación de cinco reservas indígenas para proteger a pueblos aislados (PIACI), el Estado sigue sin cumplir plenamente su mandato.
Hasta el momento, solo se han establecido tres de las cinco reservas, y la creación de las otras dos (Napo-Tigre y Yavarí Mirim) viene siendo postergada por el Ministerio de Cultura, poniendo en riesgo la vida de esta población.
Así lo alerta el Instituto de Defensa Legal (IDL) que sostiene que el retraso ocurre en medio de un contexto hostil promovido por ciertos actores políticos y con intereses económicos que niegan la existencia de los PIACI pese a las evidencias oficiales.
El incumplimiento de sentencia y este contexto, añaden, configura un “escenario de desprotección que permite que actividades extractivas, como la tala ilegal y la explotación petrolera, continúen avanzando sobre los territorios de estos pueblos, poniendo en riesgo su existencia misma”.
La sentencia que alude el IDL fue emitida en enero de 2019 por el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima y ordenó al Ministerio de Cultura tomar medidas urgentes para garantizar la protección de los PIACI.
En específico, exigía la presentación de los Estudios Previos de Reconocimiento (EPR) y la emisión de decretos supremos para formalizar las reservas indígenas. El Estado no ha cumplido plenamente con ello.
“En el Perú, no solo hay un problema de implementación de sentencias, sino también de desacato de las mismas. No es posible que el Mincul, hasta el día de hoy, no cumpla con la sentencia emitida por el cuarto juzgado constitucional de Lima, ratificada por la primera sala constitucional, que le ordena cumplir con los plazos para el establecimiento de las reservas, e implementar medidas de protección para los PIACI. Las sentencias se cumplen al día siguiente de su notificación, y al parecer muy poco le importa al Mincul este mandato”, señala Maritza Quispe, abogada del área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL.
Ante el incumplimiento, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha solicitado al Cuarto Juzgado Constitucional una audiencia de ejecución de sentencia para que el Mincul responda por la demora.
“El incumplimiento de la sentencia judicial vulnera los derechos de los PIACI y evidencia un preocupante desprecio por el Estado de derecho en el Perú”, indica el IDL a través de una nota de prensa.
La organización recuerda que, según el artículo 139 de la Constitución, ninguna autoridad puede retrasar la ejecución de una sentencia judicial, de acuerdo a los principios del sistema de administración de justicia.
“En este caso, la creación de las reservas Napo-Tigre y Yavarí Mirim es una obligación constitucional del Estado con pueblos indígenas altamente vulnerables. Reconocerlos es el primer paso para su protección”, apuntan.
Fuente: Servindi