El futuro llegó: los campesinos que expropiaron tierras a una multinacional y producen alimentos

Por Darío Aranda

Desde Misiones

Son como un ejército: verdes, prolijos y en fila. Un mar interminable de monocultivo de árboles, una de los pilares del extractivismo en Argentina. Sinónimo de agrotóxicos, desalojos de campesinos e indígenas, desmontes y alianza entre grandes empresas y gobiernos.

A pocos metros: hombres, mujeres y niños. Casas humildes, de familias trabajadoras y diversidad de cultivos: mandioca, poroto, sandía, maíz y yerba, entre otros. Un modelo rural con arraigo, trabajo y producción de alimentos sanos. Bienvenidos a Productores Independientes de Piray (PIP) en Misiones.

Foto: Danilo Galgano / VacaBonsai

Media mañana de sábado de septiembre. La invitación fue precisa: «A las 11 terminamos la asamblea. Vengan luego de esa hora».

El Volkswagen Gol sale de la ciudad de Eldorado. Maneja Lisa Ramírez, que juega de local y conoce bien la zona. La gestión estuvo a cargo de su hermana Delia, investigadora del Conicet, con largos años de trabajo sobre el monocultivo forestal y las resistencias campesinas.

El camino de tierra colorada está difícil. El auto le escapa a los pozos y los serruchos. Unos diez minutos de andar y ya se dejan ver los pinares de la multinacional Arauco, empresa propietaria del diez por ciento de la provincia: 230.000 hectáreas. La multinacional controla una de cada diez hectáreas de Misiones.

Puerto Piray es un municipio al noroeste de Misiones, 190 kilómetros al norte de Posadas, departamento de Montecarlo. Las enfermedades, la falta de trabajo y la pérdida de tierras para producir hicieron que, en 2005, un grupo de familias de Barrio Unión, Santa Teresa y Kilómetro 18 decidieran organizarse ante el avasallamiento de Arauco (que por aquellos años se llamaba Alto Paraná). Así nació Productores Independientes de Piray (PIP), que hoy es parte de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

Las parcelas de las familias tenían entre diez y veinte metros de frente y sólo 70 metros de fondo, donde los pinos los encerraban y les marcaban el límite para producir, criar animales y vivir. Los campesinos y campesinas fueron de los primeros en denunciar el avance empresario. No querían repetir el futuro de parajes vecinos que se transformaron en tierra arrasada y tuvieron que migrar.

Foto: Danilo Galgano / VacaBonsai

El camino zigzaguea. El cielo azul uniforme genera más contraste entre el verde del pinar y el rojo del suelo.

Quince minutos más de andar y el destino se ve del lado derecho del camino. Una casa con techo de chapa a dos aguas, galería generosa y el frente con prolijas letras pintadas a mano: «Productores Independientes de Piray». A un costado de la edificación, una decena de mujeres y hombres sentados en ronda. Ropas de trabajo, manos curtidas y caras de cansancio, pero predispuestos a dar testimonio y, a pesar de tener enfrente a una de las mayores multinacionales del continente, están decididos a luchar, como lo hacen desde hace veinte años.

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Viaje en el tiempo. Año 2011.

Raúl Gorriti, misionero por adopción e histórico militante por la agricultura campesina, envía por correo electrónico una imagen satelital de la antigua ruta 12 en Puerto Piray. El camino se observa desde la altura como de color marrón, invadido de un verde oscuro (de los pinos) que lo rodea todo. Y se dejan ver, como tímidamente, una decena de puntos blancos en distintos sectores del mapa: son los techos de los hogares campesinos. Sus terrenos tienen muy poca extensión (décadas atrás, antes de la llegada de Arauco, contaban con cientos de metros). Solo les alcanza para pequeñas huertas y unos pocos animales para autoconsumo.

Meses después, ya desde el lugar, ellos mismos muestran el accionar de Arauco. Hacen un recorrido por los parajes cercanos. Muestran las casas abandonadas, las escuelas destruidas, los lugares donde crecieron familias por generaciones y ahora solo hay pinos.

“Vivimos desde siempre acá, desde nuestros padres, desde nuestros abuelos. Antes éramos muchos, había chacras, animales para carnear, ni siquiera había que ir al pueblo para tener comida. Pero nos fueron encerrando”, explica Basiliza Pérez, unos 40 años, morocha y un mate plateado que no para de cebar.

La lista de reclamos es extensa, pero sobresale un punto: tierra. Y eso implica, de forma inevitable, expulsar a los pinos y al modelo forestal.

Foto: Emiliano Viana

Innumerables asambleas, decenas de acciones directas, conferencias de prensa, movilizaciones en Piray y en Posadas (frente a la Casa de Gobierno). Incontables reuniones burocráticas con funciones de turno (municipales y provinciales).

Más acciones directas.

Y llegó lo que parecía imposible: la legislatura provincial sancionó la Ley XXIV-11 de expropiación de 600 hectáreas a la multinacional Arauco y en favor de las familias campesinas de Piray. “Con lucha se puede. Tenemos una alegría revolucionaria”, explicó entonces Miriam Samudio, de PIP.

Esa parte de la historia había comenzado en 2010, cuando PIP (junto a técnicos locales de la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación —hoy cerrado por el gobierno de Javier Mili—) comenzaron a gestar un proyecto para producir alimentos sanos, criar animales y no tener que dejar su territorio. Pero estaba claro que necesitaban tierra.

“Declárese de utilidad pública y sujeto a compraventa y/o expropiación una superficie total de 600 hectáreas”, señala en artículo 1 de la ley sancionada por la Legislatura de Misiones. El artículo 2 precisa: “Tiene como destino regular dominialmente la posesión y/o tenencia de los productores ocupantes que ya habitan (en el lugar)”. Explicita que la tierra será destinada a PIP, le solicita que se constituya como cooperativa y aclara que las parcelas no podrán ser transferidas a terceros.

Foto: Emiliano Viana

“Los Productores Independientes de Piray necesitan de tierras que le permitan llevar adelante procesos productivos sostenibles, que les aseguren un presente y futuro más digno y salvaguardar los vínculos ancestrales con la tierra que los vio nacer”, señala la fundamentación la ley, que reconoce la concentración de la tierras en pocas manos que padece Misiones (acentuada en las últimas dos décadas) y recuerda: “La tierra debe cumplir una función social, tal como garantiza el artículo 51 de la Constitución provincial”.

La frase nacida en Piray hizo historia y se transformó en bandera de lucha: «Sembrando lucha cosechamos 600 hectáreas».

La ley incluso precisa el estado de situación del agro misionero. “En los años 1997 y 1998, favorecido por políticas liberales en desmedro del agro misionero, se inicia el proceso de concentración de tierras por parte de la empresa Alto Paraná (Arauco), se pierden innumerables puestos de trabajo que llevaron consigo el éxodo rural”, afirma y puntualiza la desaparición pequeñas chacras.

A la enorme alegría le siguió un camino demasiado largo y burocrático.

Se había creído que en pocos meses tendrían la tierra. No fue así. La conformación de la cooperativa llevó más de un año. Y luego comenzó una laberinto de promesas gubernamentales, trámites cada vez más burocráticos y más demoras.

Hasta que los hombres y mujeres de PIP se cansaron y volvieron a lo saben le duele al poder: ganaron la calle, cortaron rutas y se movilizaron ante los funcionarios de turno.

Foto: Emiliano Viana

La entrega de tierras estaba pautada en etapas (según el corte de los pinos que debía hacer Arauco para levantar su monocultivo). La primera tanda, fechado en 2013, se entregó recién a mediados de 2017. Fueron 166 hectáreas.

La felicidad fue gigante. El trabajo por hacer también: la empresa dejó tierra destruida. Empobrecida por décadas de agrotóxicos y monocultivo, pero también minada de troncos y raíces enormes. PIP se organizó en cuadrillas y turnos de trabajo. Fueron semanas, meses, hasta poner las parcelas en mínimas condiciones.

«Curar la tierra», le llaman. Implica sacar, con las pocas herramientas campesinas que poseen, todos los residuos del monoctultivo forestal y prepararla para la agricultura real, de semillas criollas, fertilizantes naturales y cuidado. Sobre esas parcelas tan maltratadas, con el apoyo del grupo de técnicas y técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, PIP comenzó a plantar maíz, poroto, batata, mandioca, sandía, melón y repollo. “Dónde antes una empresa plantaba pino hasta en nuestros patios, logramos recuperar esas tierras y hoy los alimentos que cosechamos sanamente alimentan a cientos de familias”, reivindicaron desde PIP.

Foto: Emiliano Viana

Mandioca, sandía, maíz, poroto, hortalizas, zapallo, batata y maní. Solo algunos de los cultivos que están presenten en las hectáreas de PIP. Este año sufrieron una invasión de hormigas, pero igual insistieron en su mirada agroecológica: nada de venenos. Cero agrotóxicos.

Hay parcelas comunitarias, que se trabajan en conjunto, y donde en asamblea se decide qué se cultivará cada temporada. Se charla todo: qué conviene, qué necesitan, posibilidades, contras y ventajas. La producción es para autoconsumo y para comercializan en ferias locales y en sus ya clásicos verdurazos.

También siembran aromáticas y, central en la vida campesina-indígena, plantas medicinales. Saben, el monte es también la farmacia.

Y cada familia tiene, además, una hectárea para uso propio. En ese espacio, cada grupo familiar decide a qué la destinará.

Hay todo un sector donde no se pueden sembrar —es zona inundable—. Allí han plantado árboles nativos. Es una decisión firme el recuperar el monte nativo.

Una muestra de la potencia productiva se notó en plena pandemia. PIP cosechó y embolsó más de 30.000 kilos de mandioca y batata, que fueron enviados a Buenos Aires y distribuidos en la red de comedores de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) para paliar la situación de quienes más sufrían la emergencia sanitaria.

“La solidaridad es parte de la lucha y en ese momento no dudamos. Hicimos envíos fuera de la provincia, mientras que en nuestro pueblo nos dimos la estrategia de preparar bolsones bajo la consigna ‘El PIP te alimenta puerta a puerta’, para ofrecer frutas y verduras a precio solidario. Quienes no podían pagar se quedaban con los bolsones igual”, recuerda Samudio.

Foto: Emiliano Viana

Arsenio López está presente en la entrevista grupal del sábado a media mañana. Se encuentra de pie, recostado en un árbol. Pantalón y camisa de trabajo. Es parte del Equipo de Producción de PIP. Hace un balance de los años de recuperación de las 166 hectáreas. Explica que costó «encarrilar» la producción y utiliza una metáfora: «Crecimos apretados por los pinos. Siempre estuvo arriba de nosotros. Entonces nuestro tallo no estaba fuerte. Venía un viento y nos ponía en problemas. Ahora ya pasaron unos años. El tallo creció y está firme. Hay cosas que todavía son difíciles, pero ya no hay temporal que nos pueda barrer».

Cuenta que el año pasado PIP sembró mandioca y se vendió muy bien. Luego de consultas con vecinos, amigos y familias, estima que este año se sembraron más de 200 hectáreas del mismo cultivo (parte de las parcelas de PIP y otras por fuera). Y señala que, con tanta producción, ya el precio no fue tan bueno. Es una forma de explicar que hay que planificar mejor, articular para beneficios de todos. Pero igual se queda con el vaso medio lleno: «Es buenísimo que otros, por fuera de la cooperativa, se hayan animado a sembrar. Vieron que nosotros pudimos y se animaron. PIP fue el motor para que se animen».

La sistematización y cuantificación de los producido es una deuda que saben hay que abordar. Un aporte importante para esa tarea eran los técnicos y técnicas del Instituto de Agricultura Familiar (Inafci).

López evalúa a ojo de buen vecino: «Si miro cómo era antes de tener la tierra, yo veo que los compañeros de la cooperativa han mejorado, se han ido comprando cosas, están mejor, sus hijos están mejor, han podido comprar alguna herramienta y hasta algunos con motos o algún vehículo. Eso es porque ahora tenemos tierra».

La relación que plantea es directa. Tierra, producción, organización colectiva y mejoras económicas. Y da una vuelta más: necesitan más tierras. Los hijos han crecido, muchos tienen más de 20 años, algunos ya tienen familia propia, y contar con más parcelas les asegura trabajo y arraigo. Hay toda una segunda generación de productores de PIP que está lista para ser parte de la organización y producir alimentos.

Y, sobre todo, hay 434 hectáreas que les corresponden por ley desde 2013. Y ya no quieren esperar más.

Foto: Emiliano Viana

Raymundo López también es parte de la cooperativa. No interviene en la entrevista que ya lleva 45 minutos. Parece ser más de escuchar. Hasta que pide la palabra, se pone de pie y señala para el fondo de la sede: «Por ahí era todo pino y hoy lo cambiamos por comida. Fue duro, pero estamos contentos. Obtenemos nuestra propia comida. Es una revolución».

Delia Ramírez, investigadora del Conicet y que desde hace años acompaña a PIP, destaca la importancia del sistema mixto, de producción colectiva pero también familiar porque —explica— la forma histórica de producción en la la zona es de base familiar. Y suma una propuesta: «Con solo una hectárea producen muchísimo. Imagínate si las 230.000 hectáreas que tiene la multinacional estuvieran en manos de las familias de Misiones».

Foto: Danilo Galgano / VacaBonsai

La gran novedad de la última cosecha fueron las siete hectáreas de yerba mate. Ya sueñan (y trabajan) con tener su propio secadero y producir la «yerba PIP».

«En este escenario, nos enorgullece compartir los avances del proyecto de yerba agroecológica de las familias de PIP-UTT, quienes tras años de trabajo intenso han realizado la primera poda y cosecha en las hectáreas de tierra colectiva de la Colonia Agroecológica», señala el comunicado de UTT.

Detalla que sembraron 6.000 plantines, a los que se añadieron luego otros 3.000, todos cuidados bajo prácticas agroecológicas. Y anunciaron la construcción de un secadero artesanal. «Organizadxs seguimos avanzando, demostrando que solo la tierra en manos campesinas puede garantizar la soberanía alimentaria», afirman.

Foto: Danilo Galgano / VacaBonsai

El dicho «nunca fue fácil» tiene su comprobación en Piray. Ya estaba la ley de expropiación, pero todo se volvía complicado.

“Alto Paraná es una multinacional con mucho poder, que no ha dicho nada oficialmente, pero ya ha dejado trascender su malestar por la expropiación. No se acercó nunca y en mesas de diálogo del pasado, siempre se retiró. Siempre dijo que no entregaría tierras cultivadas (como las de Piray)”, había alertado en 2013 la diputada oficialista Marta Ferreyra, que participó del proyecto de expropiación (hoy es secretaria de Agricultura Familiar de Misiones —parte del gobierno provincial que no entrega las tierras a PIP—).

Once años después, y aún sin entregar 434 hectáreas, es muy evidente el poder empresario y la complicidad política.

Y las campesinas y campesinos de PIP ya perdieron la paciencia.

Un integrante de PIP está sentado en la ronda y sigue la charla con atención. Por momentos pareciera querer hablar, pero no lo hace. Escucha al resto y asiente. Hasta que Miriam Samudio lo invita a dar su palabra.

«Mi nombre es César Martínez —se presenta con gesto adusto—. Y creemos que la empresa y el Gobierno nos vienen con mentiras, nos tratan como criaturas y nos dan caramelos, migajas. Ofrecen algunos materiales para el vivero, pero no, nosotros necesitamos la tierra, que además es nuestra. Así que nos estamos organizando para ir y tomarla. Es nuestro derecho».

Toma la palabra Blanca Ávalos. Es una de las mujeres del grupo fundador, «pioneros» le dicen en PIP: «Desde el principio nuestra lucha fu por la tierra. Hoy ya tenemos algo, pero falta. Esté seguro que vamos a seguir luchando hasta conseguir las 600 hectáreas que nos corresponden. Si no le apretamos a los de arriba, no nos van a dar lo nuestro».

Tierra Viva les pregunta por qué creen que el Gobierno y la Arauco no cumplen con la entrega de tierras.

Blanca se apura a responder: «No quieren darnos la tierra porque les toca el bolsillo». Arsenio López complementa: «Tienen miedo que tengamos tierra porque ya demostramos que sabemos producir y nos quedamos en nuestro lugar. Somos para ellos un mal ejemplo y tienen miedo que esto se expanda en la provincia y en el país. Pero sabemos que la tierra es nuestra, ellos son los intrusos».

Foto: Danilo Galgano / VacaBonsai

La Ley 25.080 fue sancionada durante el menemismo (1999). Llamada de “Inversiones para bosques cultivados”, la norma beneficia tanto a personas físicas como jurídicas, y subsidia todos los pasos productivos: implantación, mantenimiento, riego y cosecha. No deben pagar impuesto inmobiliario por las tierras sembradas y están exentos del pago sobre ingresos brutos. Cuenta con devolución del IVA y pueden amortizar el impuesto a las ganancias. El artículo ocho es la envidia de cualquiera otra industria. Otorga “estabilidad fiscal” por 30 años. “No se podrá incrementar la carga tributaria”, explicita la ley. El artículo 17 no utiliza la palabra subsidio, prefiere el eufemismo de “apoyo económico no reintegrable” para explicar que el Estado cubrirá, para las plantaciones de hasta 300 hectáreas, el 80 por ciento de los costos de implantación. Para los campos de entre 300 y 500 hectáreas se cubrirá el 20 por ciento. La Asociación Forestal Argentina (AFOA) participó, en la década del 90, en la redacción de la norma. Y admitió que tomó como referencia las leyes mineros, muy ventajosas para las empresas.

“Es un negocio redondo. Esta expoliación de la naturaleza y los fondos públicos es la misma política que favorece a las petroleras y las mineras”, denunció allá por 2009, estudioso del tema, Raúl Gorriti.

La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada —por otros diez años— por el Congreso en noviembre de 2008. Lo propio sucedió en 2018.

La ingeniería legal es autoría del menemismo. Pero la aplicaron en los territorios es de todos los gobiernos que le siguieron.

Foto: Emiliano Viana

Alto Paraná se instaló en Misiones en 1974. Adquirida en 1996 por la multinacional Arauco. Con su eslogan “sembremos futuro”, Arauco cuenta con oficinas en 70 países. Se autopublicita como la “mayor compañía forestal del hemisferio sur”. Cuenta con 1,6 millones repartidas entre Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. En Argentina declara la propiedad de 230.000 hectáreas en Misiones, casi el diez por ciento del suelo provincial. En Puerto Piray controla el 62,5 por ciento de la tierra. De las 36.000 hectáreas del municipio, la empresa posee 22.500.

Aunque ahora en segundo lugar en superficie sembrada, Misiones fue la punta del lanza del modelo forestal. La provincia basó su economía de las últimas décadas en tres actividades centrales: megarepresas, turismo y extractivismo forestal. Las tres, con sus particularidades, atentan contra la vida rural, campesina e indígena.

El caso de la  comunidad  indígena Puente Quemado 2 es un reflejo del avasallamiento de Arauco sobre el Pueblo Mbya. «La empresa es responsable de nuestros males. Antes de los pinos acá no había ni venenos, ni fuego ni inundaciones. Es por los pinos todo este sufrimiento. Por eso decidimos que no queremos más pinos, no queremos más sufrimiento. El monocultivo de pinos es una tragedia y vamos a luchar para recuperar el monte», afirma Santiago Ramos, mburuvicha (cacique) de la comunidad.

Los sucesivos gobiernos provinciales fueron siempre aliados de las empresas forestales. El listado ayuda a la memoria: Ramón Puerta, Carlos Rovira, Maurice Closs, Oscar Herrera Ahuad y Hugo Passalacqua. Mención especial para Rovira, el poder político real en la provincia (sin importar quien sea gobernador).

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Año 2015. Encuentro de académicos y militantes de organizaciones sociales en la universidad. Se describen distintas luchas. Y se relata la experiencia de PIP y las 600 hectáreas de expropiación.

Desde el público, un militante social (y académico) no se conforma con la descripción. Pregunta. Repregunta. Y concluye: «La empresa tienen más de 200.000 hectáreas. Lo expropiado no le cambia nada».

Dos años después, de visita en Piray, lo sucedido llega a oídos de Miriam Samudio. Lejos de enojarse, muestra una mezcla de sabiduría y comprensión: «Decile a ese compañero que venga. Lo llevaremos a conocer. Verá la gran diferencia que hay; donde antes había solo pinos, hoy cosechamos alimentos. En nuestra mesa no falta la comida. Y, a él le contaríamos que estás son las primeras 600 hectáreas. Vamos a ir por más».

Fuente: Tierra Viva Agencia de Noticias