Dos años de la Estrategia Nacional del Litio: De la renuncia a la Empresa Nacional al "conocer para explotar"

En un contexto sumamente favorable para la explotación minera, y profundamente adverso para las comunidades locales, la Estrategia Nacional del Litio (ENL) cumple dos años desde su lanzamiento por la administración del Gobierno encabezado por Gabriel Boric.
El 20 de abril de 2023, mediante cadena nacional, el presidente Boric anunció lo que sería el paraguas político que ampliaría una frontera extractiva con límites difusos. Durante dos años, ha sido este el motor estatal que ha llamado a empresas nacionales y transnacionales a participar de procesos de exploración y eventual extracción en humedales altoandinos en el norte del país.

El balance para la clase política y empresarial es contundente: pese a pequeñas diferencias, plantean un básico consenso en que es importante avanzar en la extracción desatada del litio, y la ENL se los permite sin mayor cuestionamiento. Pero al otro lado, comunidades y organizaciones sociales han observado con una mirada más crítica esta implementación.
Desde un cuestionado proceso de participación que no contó con aspectos mínimos de transparencia y difusión -o siquiera profundidad-, pasando por colocar a diversos salares a disposición del mercado extractivo y llegando a aliarse con uno de los principales representantes del financiamiento ilegal de la política como lo es SQM, los cuestionamientos a la ENL son parte de un emplazamiento dirigido a aquella transición energética de corte corporativo que se despliega en América Latina, la cual busca mercantilizar la crisis climática, generar grandes réditos económicos para el bolsillo empresarial, un margen de ganancia para los Estados y amplios impactos hacia las comunidades locales y la Naturaleza.
Durante dos años, esta lógica ha orientado la implementación de la ENL. En el informe “ Salares en riesgo. La tramposa estrategia nacional del litio”, desde el OLCA hemos buscado aportar con un balance y lectura criteriosa respecto a lo que ha significado, en profundidad, esta decisión política. Sin embargo, hoy que se cumplen dos años de esta, y ante un escenario que ha sido favorable para los mismos bolsillos, es importante resaltar algunos puntos neurálgicos que han sido manipulados ante la opinión pública.
Conocer para explotar
Algunos de los gobiernos que potenciaron el proceso de industrialización en Chile durante la segunda parte del siglo XX han sido recordados por algunos eslóganes que enfocaron la política pública durante su administración. El “Gobernar es Educar” o “Gobernar es industrializar” son parte de aquel proceso histórico que empujó un rol activo del Estado en la economía que pretendió dar mayor valor agregado a la manufactura chilena. Hoy, esa misma lógica del eslogan puede ocuparse para caracterizar el momento político en base a lo que se plantea sobre el Instituto Nacional de Litio y Salares (INLS), un organismo que fue nombrado en la Estrategia original como “Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares”, cuya función sería “la generación de conocimiento y tecnologías que permitan mejorar los procesos de extracción, producción, agregación de valor, aplicaciones y reciclaje, además de mejorar la comprensión y protección de los salares, a través de la construcción de líneas base públicas ecosistémicas”.

A dos años de este anuncio existen avances en su implementación, pero que dan cuenta de un foco donde prima el “Conocer para explotar”, no el de “Conocer para proteger”. Fue el 10 de diciembre de 2024 cuando la Contraloría General tomó razón y aprobó la constitución del INLS, llevando a cabo su primera Asamblea General el 07 de enero de 2025 y su primera sesión de Directorio se realizó el 17 de enero del mismo año. Desde el OLCA solicitamos todos los documentos que den cuenta de actas y reuniones sostenidas por el directorio, pero desde la Subsecretaría de Ciencia señalaron que estas “aún se encuentran en proceso de revisión y firma”.
Solo se pudo acceder a la primera. El acta en cuestión no contiene mucha información relevante, más que abordar elementos de gobernanza y orgánica interna de la institución, donde la presidencia del Directorio recae en Ruth Arlene Ebensperger Jessen -quien ha ejercido como directora del Comité de Minería No Metálica en la Corfo y se ha desempeñado en InverChile S.A.-. Sin embargo, fueron meses antes, en junio de 2024, cuando el organismo obtuvo sus estatutos para constituirse como una corporación de derecho privado, cuyo domicilio estará en la comuna de San Pedro de Atacama (Región de Antofagasta), determinando como objetivo “generar, aplicar y compartir conocimientos, tecnología e información, para contribuir al desarrollo sostenible de la cadena de valor de la industrial del litio y a la gestión sostenible del valor económico, ambiental y social de los salares en Chile”.
Más allá de eso, el desconocimiento respecto al avance de la implementación del Instituto es abiertamente desconocido, como así lo ha sido gran parte de la Estrategia Nacional de Litio. En esta nebulosa, pareciera ser que las líneas de investigación irían dirigidas a la lógica del “conocer para explotar”, toda vez que el llamamiento general del Gobierno ha sido la apertura de ecosistemas para su exploración y explotación con fines comerciales; más no para conocer la dinámica particular de estos frágiles ecosistemas, y mucho menos para promover el intercambio de conocimientos ancestrales sobre estos humedales.
Sin empresa nacional

El fantasma de la empresa nacional sigue recorriendo la memoria del país, pero en la práctica esto no aplica en el caso del litio. Pese a los abordajes comunicacionales, la renuncia a la empresa nacional del litio es un hecho irrefutable ante una realidad que favorece el ingreso de empresas transnacionales o fortalecer el rol de las mineras privadas chilenas; o recurrir a la no tan nueva fórmula de alianza conjunta de carácter público-privada.
Y es que esta ha sido la apuesta principal por parte de la clase política. El acuerdo entre Codelco y SQM para extender la explotación del Salar de Atacama bajo un cuestionado método de extracción como lo es la EDL (Extracción Directa de Litio), da cuenta de un pilotaje de gestión y propiedad que pretende extenderse sobre el resto de salares.
Vale la pena transportarse a diciembre de 2023, el plazo que se fijó el propio Gobierno para ingresar el proyecto de la Empresa Nacional del Litio que anunció el propio ministro Mario Marcel; un hito que a dos años de la implementación de la ENL aún no está ni cerca de materializarse. Por el contrario, colocando la carreta delante de los bueyes, a inicios de 2024 el Gobierno anunció que el acuerdo entre SQM y Codelco sentaría las bases para lo que podría ser la Empresa Nacional. De ahí, a la fecha, poco y nada se ha mencionado el tema en el debate público.
Todos los caminos apuntan a que el Gobierno, en su lógica de priorizar el discurso de la amada inversión para explotar los ecosistemas del país, ha optado por renunciar a uno de los planteamientos políticos que guarda relación con la propiedad y acceso a este bien natural. Asimismo, ha mantenido la lógica donde no se cuestionan los niveles de extracción, ni se coloca en la mesa la importancia de estos ecosistemas en el país y, mucho menos, se prioriza una discusión política en el que se reoriente el camino de la transición que han impuesto.
Los candados se aprietan

Cual tablero de ajedrez, Chile aún se mantiene como una pieza clave para la transición empujada por el Norte Global, donde los bienes naturales del país se entregan en bandeja a los mismos bolsillos de siempre, mientras los impactos se quedan a este lado del mundo.
Mientras Trump coloca mayor atención a los llamados “minerales críticos”, el Gobierno empuja un extraño Comité Consultivo sobre Minerales Críticos y continúa materializando una Estrategia que tiene un pecado originario: estableció una ruta para profundizar la explotación sin preguntarle a nadie; o por lo menos, a nadie que no estuviera en sus círculos políticos y empresariales.
En este sentido, mientras los candados de la Estrategia se aprietan, la necesidad de construir caminos hacia alternativas postextractivistas sigue constituyendo un desafío local y nacional. Una salida a este laberinto solo puede construirse desde una confluencia comunitaria que vaya más allá de lo coyuntural. Una ruta que nos empuje a una transición energética que no priorice el bolsillo empresarial, sino que a las comunidades y la Naturaleza como una relación ineludible.
Fuente: Diario U Chile