Conflictos de interés y soberanía en juego: El TLC entre Ecuador y Canadá
El acuerdo ha despertado preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil en ambos países, que alertaron sobre la degradación ambiental creciente, las violaciones a los derechos humanos y una posible incompatibilidad con la Constitución de Ecuador.
El mes pasado, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la finalización de un tratado de libre comercio (TLC) con Canadá, en lo que representó la culminación de casi un año de negociaciones. Si bien el acuerdo es promocionado como un paso hacia el crecimiento económico, su esperado impulso a las industrias extractivas —particularmente la minería— ha despertado preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil en ambos países, que alertaron sobre la degradación ambiental creciente, las violaciones a los derechos humanos y una posible incompatibilidad con la Constitución de Ecuador.
Además, el acuerdo supone un flagrante conflicto de interés para el presidente Noboa, cuya familia, una de las más ricas de Ecuador, tiene una participación financiera considerable en una compañía minera en Canadá. Según se informa, el tratado también incluye polémicas protecciones para los inversores —prohibidas por la Constitución ecuatoriana— que permitirían a compañías extranjeras demandar al gobierno en tribunales secretos internacionales, favoreciendo el lucro privado por encima de la soberanía nacional, la gobernanza democrática y el bienestar público.
La conexión de la familia Noboa con la minería canadiense
Los lazos de la familia Noboa con la minería canadiense comenzaron en 2019, cuando Nobis —fundado por la tía del presidente Noboa, Isabel— adquirió casi el 10% de Adventus Mining Corporation. Esta inversión de 5.5 millones de dólares convirtió a Nobis en el mayor inversor ecuatoriano de la empresa, que tiene el 75% de El Domo, un proyecto que se perfilaba como uno de los próximos emprendimientos mineros a gran escala en Ecuador. De la noche a la mañana, un poderoso conglomerado familiar quedó profundamente involucrado en ambiciosos emprendimientos mineros.
Nobis rápidamente ubicó a sus ejecutivos en roles clave en Adventus. Entre ellos, estaba Roberto Salas, un exvicepresidente y CEO, quien fungió como consejero ad honorem de Inversiones durante la gestión del entonces presidente Guillermo Lasso. Durante el gobierno de Lasso, Adventus obtuvo un Contrato de Inversión que le otorgaba reducciones fiscales, exoneración de impuestos a la importación y —lo más importante— el derecho a recurrir al arbitraje internacional durante una década.
En enero de 2024, luego de que Daniel Noboa asumiera la presidencia, Adventus adquirió una compañía canadiense adicional, Luminex Resources, lo que creó una de las carteras mineras más grandes de Ecuador. A medida que el imperio empresarial de la familia Noboa se expandía, las comunidades locales se fueron alarmando cada vez más. Ese mismo mes, el gobierno de Noboa —sin reconocer la participación de su familia en el proyecto— otorgó la licencia ambiental para el proyecto El Domo, a pesar de la oposición de larga data de los agricultores locales y grupos indígenas.
El mes siguiente, Noboa derogó el Código de la Ética de la Función Ejecutiva que prohíbe el nepotismo más allá de los familiares directos. Poco después, se convirtió en el primer ecuatoriano jefe de Estado en disertar en la PDAC, una importante convención minera en Toronto, en la que anunció el inicio de conversaciones para un TLC entre Canadá y Ecuador, y anunció nuevos acuerdos por valor de 4.800 millones de dólares. Entre ellos se contaba la inversión de 100.000 millones de dólares por parte de Adventus, respaldada por las promesas de apoyo electoral.
En su país, seis defensores de derechos humanos y ambientalistas que habían denunciado graves irregularidades en la aprobación de la licencia ambiental de El Domo fueron condenados a tres años de prisión por “asociación ilícita”, lo que profundiza los temores de que la disidencia sea criminalizada. Envalentonado con la recién concedida licencia ambiental y el apoyo del gobierno, Adventus incorporó un acuerdo en abril de 2024 para ser adquirido por el gigante minero canadiense Silvercorp. Según el acuerdo, los accionistas de Adventus —incluido Nobis— obtuvieron en conjunto una participación del 18,4 % en Silvercorp. Suponiendo que Nobis mantuviera íntegramente su participación de aproximadamente el 9,9% en Adventus antes de la adquisición, su participación en Silvercorp parece valer ahora casi el triple de los 5.5 millones de dólares invertidos originalmente, gracias en gran medida a las acciones del Gobierno de Noboa.
Pero la continua oposición local amenazaba con desviar el acuerdo. En junio de 2024, grupos locales desafiaron la aprobación de la licencia ambiental de El Domo, lo que llevó a que Silvercorp declarase que un “Efecto Material Adverso” podía frenar la adquisición. Sin embargo, luego de que un tribunal mantuviera la licencia en julio, Silvercorp finalizó la compra y el gobierno le dio luz verde al avance del proyecto, consolidando así la influencia de la familia Noboa sobre el rápidamente creciente sector minero, aunque la resistencia local siguiera suscitando debates sobre qué intereses son prioritarios en las tierras altas ricas en recursos.
El TLC como una Herramienta para Proteger los Intereses de la Familia Noboa
El TLC que actualmente se encuentra bajo escrutinio no busca solo impulsar la minería, sino que es un potencial caballo de Troya para el abuso corporativo, con implicaciones profundamente preocupantes. Dentro de sus disposiciones, se encuentra una herramienta clave que podría permitir a Silvercorp, y por extensión a la familia Noboa, proteger su inversión de futuras leyes y reglamentos. Si una nueva administración asume luego del balotaje del 13 de abril y promueve leyes que Silvercorp perciba como una amenaza para sus ganancias, la compañía podría iniciar acciones legales por medio del polémico mecanismo de solución de controversias inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).
El ISDS permite que las corporaciones demanden a los gobiernos en tribunales secretos por potenciales futuras pérdidas de ganancia que resulten de cambios políticos, tales como nuevas leyes o regulaciones en temas ambientales, fiscales, sanitarios, de derechos humanos y otras áreas cruciales. Los tribunales ISDS se inclinan a favor de las corporaciones, y les han otorgado cientos de millones —o incluso miles de millones— de dólares pagados con fondos públicos. Como resultado, expertos y funcionarios advirtieron que el ISDS tiene un efecto disuasorio sobre las reformas y desvía recursos de iniciativas públicas esenciales.
Ecuador ya fue víctima del ISDS. Su Constitución lo prohíbe, y el expresidente Rafael Correa retiró a Ecuador de tratados bilaterales de inversión —incluido uno con Canadá— porque contenían disposiciones del ISDS. Cuando Noboa intentó derogar esta prohibición en un referéndum en abril de 2024 —mientras negociaba el TLC con Canadá y Adventus empezaba a tratar su acuerdo con Silvercorp— el 65% de los ecuatorianos votó el rechazo al ISDS. Su escepticismo se basa en lecciones duramente aprendidas.
El infame caso de Cooper Mesa, una compañía minera canadiense, ejemplifica los abusos del ISDS. El Gobierno ecuatoriano revocó la concesión minera de la empresa luego de que no cumpliera con los requisitos de la evaluación de impacto ambiental ni consultara a las comunidades locales. Las fuerzas de seguridad privada de Cooper Mesa reprimieron violentamente a la oposición local, y balearon a los manifestantes civiles. A pesar de estas infracciones, Cooper Mesa demandó a Ecuador, y un tribunal de arbitraje falló en contra del gobierno en 2016, condenándolo a pagar 24 millones de dólares y 6 millones más en concepto de costas judiciales y gastos de arbitraje. Una y otra vez, Ecuador se vio forzado a desembolsar millones por sentencias del ISDS, desviando dinero público a arcas corporativas.
A pesar de esto, Noboa y su predecesor han impulsado el regreso de Ecuador al sistema ISDS. El expresidente Lasso se volvió a unir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el foro de arbitraje ISDS del Banco Mundial, mientras que Noboa —a pesar de su fallido referéndum— ratificó un acuerdo con la Corte Permanente de Arbitraje e hizo de Ecuador uno de los países anfitriones. Además, nombró a una firme defensora del ISDS en la Corte Constitucional de Ecuador.
Con el TLC, al que muchas organizaciones y políticos de ambos países se oponen, Noboa no solo le abre la puerta al ISDS, sino que además le desplegó la alfombra roja a algunos de sus usuarios más despiadados. Las empresas con sede en Canadá son la principal fuente de demandas relacionadas con la minería en el marco del ISDS en América Latina, y Canadá es el mayor inversor extranjero en Ecuador, al tiempo que la minería constituye la mayor parte de esas inversiones. Casi la mitad de las compañías mineras que cotizan en bolsa tienen sede en Canadá, incluidas muchas de otros países, lo que amenaza con contribuir a que Canadá se convierta en un centro comercial de tratados ISDS en el que las compañías pueden establecerse para aprovechar las disposiciones legales favorables.
Antes de que los parlamentos nacionales ratifiquen el acuerdo, los ecuatorianos y canadienses deberían examinar detenidamente quiénes se beneficiarán. En su esencia, el TLC sirve para impulsar los intereses familiares de los Noboa, mientras que le otorga a las corporaciones canadienses más poder para explotar libremente los recursos de Ecuador en detrimento del medio ambiente y de las comunidades locales. En lugar de promover la prosperidad mutua, este acuerdo amenaza con erosionar la soberanía de Ecuador y empañar la reputación de Canadá en el escenario global.