Almaden sube reclamación contra México de 200 a más de 1.000 millones USD
Almaden Minerals ha anunciado que ha presentado su memorial en el procedimiento de arbitraje internacional con México en el marco del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico. En él y sobre la base de la valoración realizada por un experto independiente, solicita una indemnización global de más de 1.000 millones USD, muy lejos de los 200 millones que reclamaba anteriormente por la pérdida total de la inversión en el proyecto de metales preciosos Ixtaca en México.
En el comunicado, la minera canadiense explica que esta cifra se actualizará a medida que avance la demanda para reflejar los futuros movimientos de los precios de los metales preciosos, los tipos de cambio, los tipos de interés y otros factores.
En julio de 2024, Almaden anunció la financiación del arbitraje por hasta 9,5 millones de dólares. Aunque no desveló el nombre del financiador sí aclaró que se trataba de un “proveedor líder de financiación legal”.
Almaden junto con Almadex Minerals acusa a México de cometer actos ilegales que resultaron en la pérdida total de la inversión en el proyecto de metales preciosos Ixtaca en México.
La controversia
Ixtaca, ubicado en Ixtacamaxtitlán en la Sierra Norte de Puebla, México, es un polémico proyecto de minería a cielo abierto, de oro y plata, bajo la lupa de organizaciones que defienden a las comunidades locales y que denuncian daños y violaciones a los derechos al agua, al medio ambiente y a la salud. Las comunidades locales se han mantenido en contra de la mina desde hace años y organizaciones como Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua, Cesder, Imdec, Fundar y el Consejo Tiyat Tlali han apoyado la oposición.
Según el comunicado de Almaden, en marzo de 2015, la comunidad del Ejido se declaró indígena y en abril de 2015 presentó una demanda contra México, alegando que el sistema de títulos mineros era inconstitucional porque no se requería la consulta indígena antes de la concesión de títulos mineros. Las tierras del Ejido cubren un área de aproximadamente 330 hectáreas, en la porción sureste de las concesiones mineras que eran propiedad de la minera y que sustentaban el Proyecto.
Almaden explica que al enterarse de la demanda buscó inmediatamente renunciar a aproximadamente 7.000 hectáreas de su área creyendo que esto resolvería las preocupaciones del Ejido. Esta reducción se confirmó por las autoridades mineras mexicanas en 2017.
En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la ley minera mexicana no era inconstitucional, pero que la autoridad minera mexicana había expedido indebidamente los títulos mineros al no haber incorporado las obligaciones de consulta indígena. Exigió que se suspendieran los dos títulos mineros de la empresa para que pudieran ser emitidas nuevamente después de cumplir con las obligaciones de consulta indígena.
Los derechos se suspendieron en junio de 2022. Según la minera en febrero de 2023, Economía presentó una notificación ante los tribunales para denegar las dos solicitudes de títulos minerales con carácter retroactivo. A pesar de los recursos legales de la empresa y de los miembros de las comunidades circundantes para que se procediera a la consulta indígena, los derechos mineros se cancelaron definitivamente y revirtieron al Gobierno de México, y la consulta indígena nunca tuvo lugar.
Fuente: Bilaterals