Segundo boletín de la "campaña volver al campo"
Tierra y territorio, mujeres campesinas y soberanía alimentaria
Lo que conocemos actualmente como América Latina y El Caribe, ha sido una región con una carga histórica de luchas y reivindicaciones sociales cuyo horizonte es la soberanía de los pueblos, la autodeterminación, la gobernanza de la tierra y los territorios y la descolonización de la democracia como instrumento del ejercicio popular para la auto-organización de los pueblos. En esa historia dialéctica y momentos coyunturales como en la actualidad, el sistema socioeconómico y político que ha imperado sigue generando desigualdades sociales y precarizando las vidas rurales y los sectores urbanos históricamente marginados de los cuales hay que enfatizar su ampliación con familias campesinas e indígenas, desplazadas, y en constante violencia sistémica del Estado y sus gobernantes, tal como sucede abiertamente en Colombia, Brasil, Guatemala y Honduras.
La situación de pobreza y extrema pobreza del campesinado y la masa laboral en nuestra región solo son profundizadas a causa de políticas neoliberales de países ennotados en el “Desarrollo Económico” de la línea financiera del sistema global impuesto por las grandes corporaciones y en cada país la participación exclusiva de empresarios nacionales con mayores recursos económicos. Las consecuencias de este sistema estructural en América Latina y El Caribe, se ve reflejado en migraciones masivas por la falta de empleo, acceso a la tierra y medios productivos, educación, salud y otros servicios básicos necesarios para el buen vivir en las comunidades. A raíz de la crisis sanitaria con el COVID-19, la CEPAL estima que la región se ha transformado en el epicentro de la pandemia, y esto significa un aumento significativo de la tasa de pobreza, que alcanzará un 37,3%; un incremento de la tasa de desocupación, y un recrudecimiento considerable de la desigualdad (CEPAL, 2020b). De hecho, se espera que en 2020 el nivel del PIB per cápita de la región sea equivalente al de 2010, y el de la pobreza, al de 2006, lo que supondría un decenio perdido en términos económicos, y casi un decenio y medio en términos sociales.
La pandemia por COVID-19 que comenzó en 2020 “sin duda puede considerarse el evento de salud pública más extraordinario de nuestras vidas”, afirmaba la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la doctora Carissa F. Etienne,. “Esta pandemia se diferencia por su escala y por sus repercusiones. Además, ha puesto de relieve dos de los desafíos que por mucho tiempo han estado presentes en nuestra Región: la desigualdad y la insuficiente inversión en nuestros sistemas de salud”. “Desde el inicio de esta pandemia, hace menos de un año, la Región de las Américas ha registrado casi 31 millones de casos y 787.000 muertes por COVID-19. Esto representa aproximadamente la mitad de todas las infecciones y muertes por esta enfermedad en todo el mundo”, mencionaba Etienne en una sesión informativa para la prensa el día 16 de diciembre. Controlar la pandemia, dijo, “nos obligará a prestar atención a las enseñanzas que hemos obtenido hasta ahora y abordar los desafíos que nos han frenado por tanto tiempo: la desigualdad generalizada y la falta de financiamiento de los sistemas de salud”.
Por otro lado, más del 90% de los países en América Latina y El Caribe tomaron medidas como el confinamiento de las personas en sus casas para contener la enfermedad del COVID-19, lo que generó un mayor riesgo de ser víctimas de violencia en el hogar las niñas, niños y adolescentes, pero además las mujeres. Un documento publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre Violencia contra la Niñez alertaba que estimaciones recientes calculan una prevalencia del 55% de agresión física y 48% de agresión psicológica en la crianza. Se han reducido factores de protección y se han exacerbado los riesgos de violencia. De un lado, se constata una menor capacidad de detección de incidentes de violencia debido al aislamiento físico y al cierre de actividades presenciales en instituciones educativas y centros de primera infancia, la reducción en la oferta social de los Estados y la crisis económica que ha impactado el nivel de ingresos en los hogares.
De igual forma, el informe advierte que los factores de riesgo para que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia en el hogar se han exacerbado. Entre estos, se resalta el incremento en los reportes de violencia contra la mujer (que tiene una estrecha relación con violencia perpetrada contra niñas, niños y adolescentes), el aumento en el estrés y la ansiedad, el impacto económico en la niñez y adolescencia, el incremento de la actividad en línea tanto de niñas, niños y adolescentes, como de los perpetradores de violencia sexual.
Un debate importante que surge este año son los océanos y mares regionales como una vasta fuente de soluciones y oportunidades, pero actualmente son invisibles, están amenazados o subutilizados. Para América Latina y el Caribe esta realidad es sustancial: más del 27% de la población vive en zonas costeras, la mayoría de los países tienen más territorio marino que terrestre, especialmente en el Caribe, y los océanos albergan una extraordinaria biodiversidad. Las amenazas a las que se enfrentan los océanos y mares regionales son un llamado a implementar un cambio estructural que guíe la pesca, el turismo y otras actividades oceánicas y marinas por el camino de la sostenibilidad.
Es importante reconocer que a partir de la articulación y fortalecimiento organizativo de los movimientos sociales y sus constantes demandas de políticas públicas a favor de la clase campesina y la clase trabajadora y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, las instituciones internacionales discursan la necesidad de cambios estructurales para la sostenibilidad del planeta; la importancia de garantizar servicios básicos públicos que garanticen un Estado de Bienestar Social con capacidad de enfrentar fenómenos sanitarios, climáticos y de otra índole. Pero además un aspecto importantísimo es la necesidad de valorizar la participación de una economía social y diversificada de base campesina que produce entre el 27 y el 67% de la producción de alimentos y genera entre el 57 y el 77% del empleo agrícola.
América Latina y El Caribe, continua su lucha por la conquista del poder popular promoviendo la creación de instrumentos que permitan esos cambios estructurales tan necesarios para los pueblos en la región; defendiendo además a gobiernos progresistas amenazados por los Estados Unidos y Europa; movilizándose y denunciando la constante agresión permanente de los gobiernos neoliberales hacia la lucha campesina y frente a ello la incidencia permanente en los espacios de decisión internacional para la implementación de los Derechos Campesinos no solo en la región sino en todo el mundo.
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Fuente: CLOC - La Vía Campesina