Sanidad e inocuidad alimentaria, leyes para cercar a los campesinos

Las negociaciones llevadas en Ecuador para la firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea-TLCUE,[1] que desembocaron en la firma del tratado y luego la entrada en vigencia a partir del primero de enero del 2017, son la clave explicativa para comprender una serie de reformas y nuevas leyes que se hallan en marcha en el país y tienen algo en común: poner restricciones y criminalizar la agricultura campesina, desconociendo los principios constitucionales como el de la soberanía alimentaria. Parte de éstas son las leyes de sanidad agropecuaria y de inocuidad de alimentos.

Aquí subyacen algunas preocupaciones. La primera es que este régimen de inocuidad enfatiza exclusivamente el control y sanción con base en normas elaboradas por grandes empresas de procesamiento y grandes cadenas de comercio de alimentos, generalmente de los países industrializados, que se desenvuelven en condiciones socioculturales distintas a las nuestras y que se quieren imponer de una manera vertical en el país, sin mediar consideración ni consulta a los sectores de pequeños productores-procesadores de alimentos afectados por las normas.

La inocuidad alimentaria, que originalmente ha servido como un procedimiento técnico y normativo en la fase de procesamiento de alimentos elaborados para garantizar alimentos saludables, pasó a convertirse en instrumento de las empresas monopólicas de los alimentos para el control del acceso a los mercados, “a través de la imposición de un tipo específico de normas y estándares, esto es, la imposición de un corpus legal en materia sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad de los alimentos, que son inalcanzables por los campesinos”. [2]

Así en el proyecto del nuevo Código Orgánico de Salud (COS), que se halla cercano a su aprobación, en el libro III hay un segmento de normas de inocuidad para los alimentos procesados. Se pretende imponer a los pequeños procesadores y a la producción artesanal de alimentos, los mismos estándares o procedimientos de procesamiento de alimentos que se usan en la gran industria, tanto en las empresas nacionales como transnacionales y que consiste en la aplicación de un único formato de registro sanitario estandarizado para todos los productos procesados (COS, Art. 362 y 363), al igual que un procedimiento denominado notificación sanitaria, como requisito a cumplir para poder vender los productos en los mercados.

Se penaliza con una multa de entre quince y veinte salarios básicos (COS, Art. 401, lit. n. 30; y,  Art. 400, lit. n. 66) por incumplimiento, lo que equivale a un monto aproximado entre 6 mil y 8 mil dólares.

Esta propuesta también limita la actividad campesina y del sector de la economía popular pues exige costosas inversiones en infraestructura, haciéndola inaccesible para los pequeños productores, microempresarios y procesadores artesanales de alimentos; su aplicación pondrá en riesgo de desempleo a cientos de miles de pequeños productores quienes no podrán seguir vendiendo sus alimentos en los mercados internos y locales del país.

De igual forma ahora contamos con una nueva Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, aprobada en junio del 2017, cuyo reglamento se halla en proceso de elaboración en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, esta ley contiene varios artículos que vulneran derechos de los campesinos, pequeños productores y productores agroecológicos, obligándolos:

A registrar todas las actividades de producción, cultivos, animales, semillas; (art. 19); A restringir el uso e intercambio de insumos agropecuarios locales (art. 77); a participar en programas obligatorios de uso de pesticidas y agrotóxicos en cultivos (art. 22 y 25), y vacunas y medicamentos en animales (arts. 40 y 44), a pretexto de campañas de prevención y erradicación de plagas y enfermedades; utilizar nuevas y costosas infraestructuras para el desposte de animales de todos los tamaños, incluyendo animales menores como cuyes y gallinas; a pesar de que estas estructuras ni siquiera existen (art. 61, 57) y transporte de cárnicos a los mercados (art. 63). A recibir sanciones por el incumplimiento de la norma con: multas de entre dos y seis salarios básicos, [3] decomiso de vegetales y animales, destrucción e incineración de productos vegetales, sacrificio de animales (art. 75). [4]

Frente a esta situación, se ha promovido una iniciativa ciudadana por el derecho alimentario y la defensa de la soberanía alimentaria con la participación de organizaciones de pequeños productores, procesadores artesanales de alimentos y consumidores, de diferentes regiones del país, entre las que se hallan la Red Agroecológica Loja, la Red de Guardianes de Semillas, la Comisión Nacional de Agroecología, la Campaña Come Sano, Seguro y Soberano; cuyos integrantes en el mes de octubre del 2018 establecieron algunos acuerdos:

Explorar mecanismos para exigir al Estado la reforma a la Ley de Sanidad Agropecuaria, antes de que se pase a la elaboración del reglamento correspondiente. Pedir a la Asamblea Nacional que con la presencia de representantes de organizaciones de pequeños productores, procesadores artesanales de alimentos y consumidores se realice una revisión de las normas de inocuidad del libro III del Código de Salud, antes de que éstas pasen a segundo debate. Organizar nuevas jornadas colectivas de trabajo, para analizar y denunciar como a la sanidad e inocuidad de alimentos se las viene convirtiendo en herramientas para favorecer el control monopólico del mercado interno por las corporaciones agroalimentarias, antes que a proteger la salud pública y el cuidado del ambiente. Continuar el cabildeo entre organizaciones para levantar conceptos esenciales, propuestas y exigir políticas relacionadas al sistema alimentario, para garantizar calidad de alimentos saludables y ecológicos a partir de nuestra agrobiodiversidad y nuestras realidades culturales e ir más allá de las normas de sanidad e inocuidad corporativas que se nos quiere imponer. Emitir un pronunciamiento sobre estas leyes y normativas, respaldado por organizaciones sociales y personas. [5]

Como alternativa desde las organizaciones se ha planteado que se observe el principios de la soberanía alimentaria que se halla en el artículo 281 de la Constitución, y que se considere la elaboración de normas diferenciadas en materia de sanidad e inocuidad de alimentos, para pequeños productores y pequeños y medianos procesadores de alimentos conforme lo estipula el artículo 26 de la Ley Marco de Soberanía Alimentaria. [6]

La demanda principal sigue siendo que debe legislarse para el reconocimiento y apoyo efectivo de los sistemas de la agricultura campesina, indígena, pesca artesanal y producción agroecológica, así como para el sector de procesamiento artesanal de alimentos, ambos fundamentales para la economía nacional. En lugar de poner restricciones y límites a sus prácticas y pretender criminalizarlos; es imprescindible apoyar su fortalecimiento, pues estos sectores garantizan la soberanía alimentaria del país, aseguran el abastecimiento de los mercados internos, sostienen cientos de miles de fuentes de trabajo, protegen la biodiversidad y contribuyen a la adaptación, mitigación del cambio climático.

Hablan tres compañeras de la Red Agroecológica de Loja

Soy María Tránsito Pintado. Vengo desde Cuenca representando a la Red Agroecológica del Austro, soy una mujer, una campesina más, una hermana más, que trabajo en el campo. Estamos unidos y netamente muy preocupados por la situación que estamos viviendo. La preocupación de mis compañeros campesinos es realmente muy grande, pues pese a que trabajamos arduamente en los campos y como campesinos mantenemos a toda una ciudad, todos los pueblos aledaños se ven afectados por la situación de que producen leche y son atacados hace tiempo con los tanqueos de leche que querían derramarles. Les han pedido los certificados y el registro sanitario de la leche. A lo cual se ha levantado toda una comunidad entera, como tenemos que levantarnos todos, porque, si nosotros dejamos que los grandes empresarios nos vengan a destruir, estamos acabados compañeros. Ése mi llamado, la preocupación, ya que nuestro problema está en todos nuestros pueblos campesinos.

Hay más problema: tenemos una compañera que quiso sacar el registro de servicio sanitario en la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) del producto de yogurt preparado con todas las frutas de lo que tienen en Gualaceo. Pero les piden un certificado de cada fruta y de cada yogurt que van a preparar. Entonces, compañeros, ¿en dónde estamos el día de hoy, que verdaderamente, si vamos a preparar un yogurt de manzana, tenemos que sacar lo que es de manzana; si es de fresa, también vamos a sacar el de fresa? No, compañeros. Los campesinos no tenemos dinero. La compañera (Carmen Molina) cuenta que por cada fruta le querían cobrar 800 dólares.

Nosotros lo único que hacemos es trabajar la chacra, para quizás solventarnos una semana de comida, y también tenemos que ver por nuestros hijos. También hemos visto las problemáticas sobre los kits de semillas con agroquímicos incluidos. Las ofertas de todo lo que nos llegan a ofrecer, semillas, para nuestras chacras, para nuestras huertas e incluso para nuestros [potreros]. Y nos han pedido que si nosotros no aceptamos en recibir las semillas, ellos no nos van a ayudar. Nosotros tenemos que darles algo a cambio. Entonces, compañeros, pues ya que nos va a venir a ordenar a nuestra casa ¿quiénes somos los dueños? Somos los campesinos. No. Tampoco vamos a dar nuestras semillas; tampoco vamos a entregar nuestros conocimientos. Si a lo mejor nos viene alguien a enseñar, tienen que venirnos a enseñar algo que verdaderamente nos fortalezca en los campos.

Soy Rosa Bejarano. Nuestro cantón es muy productivo en leche. Tenemos bastante leche ahí. Pero vinieron estos señores de la ARCSA con la sanidad agropecuaria, que tienen órdenes de que ya la leche no se venda al público, no se venda a particular; quieren que cada uno de los dueños tiene que tener sus tanques de enfriamiento, para que los tanqueros vayan a recoger. Que ya es prohibido transportar la leche en tachos de plástico o de aluminio. Mi esposo transportó, como veinte años, a una fábrica la leche en un camioncito, pero como ya se dio esa ley de que tenían que hacer los tanques de enfriamiento en cada ordeño, en cada granja, entonces ya nos quitaron el transporte. Se quedó mi esposo sin trabajo. Eso ha sido bien grave para nosotros, porque de eso educábamos a nuestros hijos: la educación, la alimentación… luego él se quedó sin trabajo. Entonces, ahora yo he estado haciendo en mi pequeño huerto, en mi pequeño terreno que tengo, he estado sembrado para poder salir adelante. Luego, cuando ya empezaron a decir los de la ARCSA que no se puede transportar en los carros, en las camionetas, se subían a la brava, le pesaban la leche, le medían y decían: “Esta leche está ácida. Boten aquí”. ¡En medio de los caminos, donde encontraban las camionetas con la leche, trastornaban los tarros de leche! Les botaban a la calle; los regaban. Así fue una presión bien grande. Todos los lecheros, ¿qué empezaron a hacer? A vender sus vacas. A quedarse sin vacas, porque ya no tenían donde entregar la leche. En las comunidades que tuvieron más posibilidades, se hicieron los tanques de enfriamiento, y allá van los tanqueros a cargar la leche. Pero lo que estaba el litro de leche, a 48 centavos. Ahí les empezaron a pagar a 28, a 30 centavos de dólar el litro de leche.

Y luego, en las pequeñas fábricas que había de queso, donde hacían los quesillos, eso a veces se empacaba y se mandaba hasta Quito. “Que no, que eso es prohibido, que tiene que tener etiqueta para que pueda salir el queso”. Había 150 fábricas de queso en el cantón; ahora han quedado 80. Esas 80 están en transición. Las grandes empresas como la González, que tal vez han de haber escuchado, ésas son las que han quedado. Tal vez unas 25 empresas que ya están legales, que ya están pudiendo vender su producto, pero mientras las otras están en transición. Es un dolor de cabeza, porque cada mes están los de la ARCSA ahí: que les han dejado que tienen que botar las mesas, que tienen que cambiar hasta los aros, que ahora tiene que ser de acero inoxidable. Tanto gasto: a pavimentar de nuevo, a pintar de nuevo las fábricas. ¿Y eso qué ha provocado? Los que no tenían dinero han cerrado. Están cerradas las fábricas. Son muy pocas las que están ahora a nivel del cantón.

Me llamo Cecilia Prado, soy de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Azuay. Estaba en la reunión un miércoles hace poco. Y recibí una llamada y me dicen: qué hacemos porque justo están aquí los señores de Agrocalidad y van a regarle el camión llenito de leche, de ese tanquero, creo que carga alrededor de 4 mil litros de leche. Era tanta que por lo menos para regar un llano. Entonces, la gente se movilizó en base a los amplificadores. Allá en nuestra parroquia funciona esta dinámica. Ahí, cualquier novedad, algún robo o cualquier bulla, todo el mundo va a los amplificadores y la gente se levanta. Entonces, justamente ese día utilizaron la misma dinámica. Se han levantado toda la gente y dijo: por qué va a regar nuestra leche, si nosotros de esto vivimos, de esto nos alimentamos, y no es justo? Por lo menos que nos dejaran cuajar, pues es nuestra leche. Entonces, le han preguntado que dónde están los documentos, con qué permisos viene, y no ha sabido qué decir esta funcionaria de Agrocalidad. No le permitieron regar. Y le han dicho toda la gente ahí que, si vuelve de nuevo a hacer este mismo trabajo, que no responden. Que al menos el carro le iban a hacer polvo, le habían amenazado.

Éste es el problema que estamos sintiendo y sí quisiéramos ir dando lectura a lo que consiste en sí el TLC mismo, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Sí deberíamos conocer por lo menos lo que está pasando acá en nuestro país concretamente con esta firma, que es muy cruel. Ahora estamos con la leche, porque es prioridad; posteriormente será con los granos, los animales.

Notas:

[1] El TlC-UE implica la rebaja de aranceles para productos primarios de exportación de Ecuador a la Unión Europea (banano, camarón, flores, principalmente), obligando a su vez a eliminar aranceles para el ingreso a Ecuador de alimentos e insumos agropecuarios provenientes de empresas europeas, y promueve la privatización de bienes comunes naturales (agua, tierra, semillas), bienes comunes sociales (salud, pensiones de jubilación), flexibilización laboral, entre otros rubros, a favor de capitales financieros europeos.

[2] Bravo, E. La regulación empresarial en la producción de alimentos. Abya ayala 2016.

[3] El salario básico en Ecuador es de 394 dólares.

[4] op. cit, E Bravo.

[5] El pronunciamiento se realizó en febrero del 2019 y está respaldado por 36 organizaciones sociales: http://ocaru.org.ec/index.php/comunicamos/noticias/item/8885-organizaciones-sociales-se-pronuncian-acerca-de-las-nuevas-leyes-de-sanidad-e-inocuidad-de-alimentos

[6] El artículo en cuestión estipula que: las leyes que regulen la agrobiodiversidad, la biotecnología y el uso y comercialización de sus productos, así como las de sanidad animal y vegetal establecerán los mecanismos de sanidad alimentaria y los instrumentos que garanticen el respeto a los derechos de la naturaleza y la producción de alimentos inocuos, estableciendo un tratamiento diferenciado a favor de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores. (artículo núm. 26, Ley Marco de la Soberanía Alimentaria)

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Fuente: Biodiversidad, sustento y culturas N° 101