Ríos represados, pueblos movilizados
"Éstas son reflexiones que pueden ser útiles para nuevos ciclos de lucha que enciendan pequeños e intensos fuegos en la defensa de las fuentes de la vida ante las nuevas amenazas. Este artículo lo escribimos en homenaje a quienes fueron y son luciérnagas en el camino de la defensa de los ríos, la soberanía alimentaria, y la opción por la chakra y la finca en todo el Ecuador".
Juntos salvamos nuestros ríos
Edison Domínguez, Frente de Defensa del río Angamarca
El 2 de febrero de 2020 desapareció la cascada San Rafael, una de las más bellas y emblemáticas del Ecuador, localizada en la reserva Cayambe-Coca, en la Amazonía norte, un hecho nunca registrado en la historia reciente del país. No se descarta que su desaparición se deba a la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, terminada en 2016 por la empresa china Sinohydro. Ésta incluye un embalse a 19 kilómetros río arriba de la cascada y el desvío del agua por un túnel de casi 25 kilómetros, fracturando la roca madre. Académicos y activistas articulados en la Red Agua, alertaron que lo ocurrido con la cascada era parte de un proceso de erosión regresiva del río Coca, que podía generar consecuencias catastróficas, como la destrucción de la hidroeléctrica misma. Videos ampliamente difundidos muestran el socavamiento de los márgenes del río y los daños causados.
El 6 de abril de 2020 ocurrió la rotura de los dos oleoductos que atraviesan esta zona provocando un derrame de petróleo calificado como el más grande de los últimos quince años, contaminando dos afluentes del Amazonas: los ríos Coca y el Napo. Más de 27 mil personas de 105 comunidades kichwa amazónicas asentadas en sus orillas, se quedaron sin acceso a agua, sin poder pescar y con sus chakras cubiertas de petróleo.
Coca Codo Sinclair se promocionó como la mayor expresión de “energía limpia” del país, pues reduciría 4 millones 400 mil toneladas/año de emisiones de CO2 (8 mil 743 gigavatios/hora), ahorrándole al país 2 millones de dólares diarios en la compra de derivados de petróleo. Los hechos muestran un realidad distinta: esta y otras megaobras hidroeléctricas son el resultado de haber cedido a la presión de empresas constructoras, comprometiendo inversiones descomunales y exponiendo la naturaleza a los riesgos de la devastación.
En el Ecuador hay 113 centrales que operan con energía renovable (incluyendo a Coca Codo Sinclair) y 207 basadas en hidrocarburos; juntas, suman una capacidad instalada de 8 mil 661 MW pero se utiliza sólo el 60%. En los últimos años casi no ha cambiado la relación entre fuentes de generación energética, donde 40% son fuentes no renovables, lo que representa apenas 6% menos que en 2008, dejando en claro que, a pesar de que se insiste en que hay una importante sustitución de energía basada en petróleo, esto no se ha dado.
Coca Codo Sinclair es sólo un ejemplo de la oleada de represas, hidroeléctricas y trasvases impuestas en los últimos veinte años sobre territorios de comunidades campesinas indígenas y ecosistemas frágiles y biodiversos,* con el propósito de secuestrar el agua para ponerla a disposición del agronegocio, el extractivismo minero, la gran industria y el comercio de las grandes cadenas. Casi todos adolecen de fallas técnicas y no cumplen los ofrecimientos hechos por sus promotores, y son blanco de escandalosos sobreprecios y denuncias graves de corrupción.
Ecuador tiene una alta concentración de ríos por km2 y esta riqueza hídrica está estrechamente asociada a su megabiodiversidad y a la vida de los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Pero las empresas ven estos ríos como la materia prima para obtener la mercancía “hidroenergía”, subordinando los derechos humanos y de la naturaleza a las necesidades del capital, dando por sentado que los ecosistemas y la población deben ser sacrificados en nombre del progreso, como lo dijo un ex-ministro de energía, hoy encarcelado por corrupción, a varios líderes territoriales movilizados en rechazo a los proyectos multipropósito.
- Martín Criollo frente a un ceibo (o ceiba) uno de los árboles más sagrados para la cultura A’i Cofán, Dureno, Sucumbíos, Ecuador. Foto: Iván Castaneira
Con la crisis económica por el cambio del sistema monetario en el año 2000, se impone un ilegítimo Plan Nacional de Electrificación a ser ejecutado por los gobiernos provinciales. Se desata una pandemia de construcción de proyectos multipropósito, incluidas 300 centrales eléctricas, que no consideraron los impactos para los ríos, comunidades campesinas y la naturaleza, que ya habían sido identificados en el proyecto de propósito múltiple Jaime Roldós Aguilera-Presa Daule Peripa por la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público en 2008, en la cuenca baja del río Guayas.
Estos planes desataron una fuerte resistencia de las comunidades que defendían su derecho al agua y al sustento autónomo. Varias luchas de resistencia territorial lograron expulsar a técnicos y funcionarios, echando abajo los programas de despojo. Localmente se desarrollaron estrategias de vigilancia, denuncia, movilización y se tejieron alianzas con varios actores sociales, poniendo el pensamiento en que su opción de vida junto a la tierra y su identidad campesina no pueden desaparecer.
Esto sucedió en la cuenca del río Villao (Provincia de Guayas) en 2001 cuando se pretendió imponer un proyecto multipropósito para facilitar la expansión de agronegocios en el valle más fértil de esta zona. Se quería construir un embalse, que desplazaría a miles de familias. La decisión venía de una entidad creada por la dictadura militar en 1965. Grupos de técnicos ingresaron en las tierras de Villao y recintos aledaños, para hacer estudios y mediciones que requería el megaproyecto.
Los agricultores agrupados en la Federación de Organizaciones Comunitarias Campesinas Agrícolas Heribert Leuthner (FOCCAHL), la iglesia, organizaciones vinculadas al Seguro Social Campesino y ecologistas, se unen a trabajar con las comunidades; dialogan, monitorean la zona, exigen la entrega de información, analizan, definen estrategias y se movilizan por miles. Su rotundo NO al proyecto obliga a su archivo.
Nuestra resistencia permitió que el campesinado de Villao y Pedro Carbo siga vivo
Testimonio de Chicho Espinosa, Dirigente del Seguro Social Campesino.
El pueblo de Patricia Pilar (provincia de Los Ríos) guarda en su memoria el haber logrado en 2005 que la empresa OAS de Brasil, a cargo de construir el proyecto multipropósito Baba, tenga que rediseñar el proyecto que contemplaba inundar más de tres mil hectáreas desplazando a 35 comunidades campesinas y moradores de algunos barrios del pueblo. Esto se dio al costo de una dura represión ordenada desde la sede del gobierno central, que dejó decenas de heridos y detenidos. Las familias campesinas y dirigentes barriales organizaron diversas formas de lucha. Surgió el Frente Biprovincial por la No Construcción de la Represa, la Coordinadora en Defensa de la Naturaleza y el río Guayas, la Coordinadora en Defensa de los ríos Baba-Quevedo-Vinces, la Asociación de Afroecuatorianos. Férreamente articulados con organizaciones sociales nacionales, la iglesia y ecologistas, desde sus particularidades trabajaron en un intenso proceso de socialización en cada recinto potencialmente afectado por la construcción del embalse, que habría destruido suelos catalogados como los más fértiles de la cuenca baja del río Guayas. Complementaron su lucha con acciones jurídicas y administrativas ante distintas autoridades, sin tener respuesta.
En un diálogo comunitario sobre los impactos del proyecto y la defensa de las tierras campesinas, Segundo Carcelén, dirigente campesino de Patricia Pilar, describió así la fertilidad de estas tierras: “Aquí no nace sólo lo que no se siembra”.
La lucha de todos salvó a las comunidades campesinas y al pueblo de Patricia Pilar.
Testimonio de Gregory Ayala, Comité biprovincial por la No Construcción de la Represa Baba.
Otros escenarios de lucha se dieron en territorios indígenas y campesinos en las estribaciones occidentales y orientales de los Andes, de Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, donde empresas estatales y privadas ingresaron para imponer proyectos de centrales eléctricas que no contemplaban inundar grandes extensiones, como sucede con los proyectos multipropósito en las tierras planas, ni provocar desalojos masivos, pero que despojaba del agua a muchísimas comunidades asentadas en las cuencas hidrográficas. Frente a eso se levantaron las voces de resistencia rechazando la instalación de esos proyectos en sus territorios. Quienes tenían intereses puestos en los proyectos buscaron deslegitimar las luchas locales argumentando que oponerse a las hidroeléctricas equivalía a “hacerles el juego a los combustibles fósiles”. El mensaje de las comunidades, era que la búsqueda de alternativas a los combustibles fósiles no podía construirse sobre la base de vulnerar los derechos.
Los proyectos Apaquí, Calope, Angamarca, Llanganates, San José del Tambo, son ejemplos de hidroeléctricas conocidas como “a filo de río”, “a filo de agua”, o “de pasada”. Desvían y dejan seco al río en varios kilómetros, pues no respetan el caudal ecológico exigido, para conducir el agua a las turbinas. La empresas presionan para que se les garantice el caudal aguas arriba de las turbinas, lo que provoca que las comunidades que viven en la parte alta de la cuenca pierdan el acceso al agua para consumo humano y riego.
El acompañamiento a las comunidades campesinas durante muchos años en su lucha por la defensa territorial, por el derecho al agua y la soberanía alimentaria, ha permitido visibilizar y conocer los impactos sociales, ambientales y económicos que conllevan las centrales hidroeléctricas “a filo de río”:
* Apropiación de caudales enteros de ríos por diez, veinte, treinta años.
* Apropiación de toda la cuenca de drenaje, incluyendo páramos y otras fuentes recolectoras de agua, como bosques y montañas, a más de la biodiversidad y reservas naturales. La legislación de electricidad señala que las empresas podrán coordinar con las instituciones encargadas para el manejo y cuidado de la cuenca hidrográfica, lo que les da un poder de control enorme sobre la gestión territorial y ambiental relacionada con la cuenca.
* Privatización del agua y la electricidad, pues varios proyectos hidroeléctricos son de propiedad exclusiva de empresas privadas.
* Privación, negación o prohibición del acceso al agua a poblaciones usuarias de la cuenca de drenaje aguas arriba de las turbinas. Ellas deben contar con una adjudicación para poder acceder al agua; sin embargo, quien controla la hidroeléctrica tiene capacidad de presión sobre las instancias públicas para dilatar o denegar las adjudicaciones.
* Desaparece la biodiversidad acuática en los extensos tramos de desvío del cauce. La pesca en ocasiones es el único sustento proteico de las poblaciones ribereñas. Algunos proyectos desvían el río más de 10 km antes de devolver las aguas, y algunos no las devuelven.
* Encarecimiento de la energía generada por las empresas privadas que la venden al sistema nacional interconectado con tarifas más altas que las estatales. El sector residencial es el que más paga. Las nuevas regulaciones sobre tarifas eléctricas benefician a los grandes consumidores.
* No hay un reemplazo de la producción de energía térmica. En los últimos veinte años ha aumentado la generación con fuentes no renovables.
* Las represas tienen un impacto negativo sobre los patrones del caudal, la química y la temperatura de los arroyos y los ríos pequeños, lo que reduce considerablemente las poblaciones de peces migratorios.
* No hay una instancia multidisciplinaria y con diversos criterios, independiente, que analice y supervise los planes de manejo. Esto es grave considerando el interés gubernamental por impulsar los megaproyectos hidroeléctricos y centrales eléctricas.
* Son proyectos ilegítimos pues se imponen en los territorios sin consultar a las comunidades. La legislación del sector eléctrico dice que los aportes u observaciones que se hagan a los proyectos sólo se tomarán en cuenta si van en beneficio del proyecto. Frente a la oposición a los proyectos hay represión con el uso de las fuerzas de seguridad del Estado y el apoyo de la seguridad privada de las empresas.
¿Energía verde?
Es común escuchar que la hidroenergía es energía limpia porque es obtenida a partir de una fuente renovable, como es el agua. El recorrido hecho a través de varias experiencias campesinas en una diversidad de territorios del Ecuador, donde se han impuesto proyectos hidroeléctricos, pone serias dudas sobre esa aseveración, y a la vez abre oportunidades para debatir en la sociedad sobre cómo construir soberanía energética, tomando en cuenta los aprendizajes y consideraciones que surgen de los procesos de defensa del agua en los territorios.
- Comunidad afrodescendiente de Wimbi en Esmeraldas, en la fiesta de San Martín de Porres. Foto: Nathalia Bonilla
No se puede separar la soberanía energética de la soberanía alimentaria, lo que equivale a decir que no puede afectar los derechos al agua, la tierra, las semillas, las formas comunitarias de producción agrícola y recolección, el cuidado de la biodiversidad. Las fuentes de energía deben alejarse de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón); ser diversas, descentralizadas, de bajo impacto y responder a las necesidades locales. Ni el agua ni la energía pueden ser controlados por empresas privadas nacionales o extranjeras. Debe declararse la moratoria a la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, térmicas y megaproyectos hidráulicos pues casi el 50% de la capacidad instalada se pierde o no se usa; habría que optimizar y repotenciar las centrales existentes. Es imperativo realizar auditorías a los proyectos multipropósito que incluyan a las autoridades responsables del manejo y cuidado del agua y la generación de energía, revisar las adjudicaciones de agua al agronegocio e hidroeléctricas. Esto permitirá la redistribución del agua para consumo humano, riego para la soberana alimentaria y el caudal ecológico.
Un elemento clave del debate es identificar el objetivo para el qué se genera la energía, y a quién beneficia la generación de energía. La producción limpia y sostenible, con energías renovables, fue recibida con entusiasmo por la iniciativa privada pues se le abrieron oportunidades para generar energía a través de préstamos de las instituciones financieras internacionales y fondos no reembolsables del Protocolo de Kyoto a través del llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio y los Certificados de Reducción de Emisiones, y porque antes de 2008 la Constitución y las leyes lo permitían.
Así, las empresas podían garantizarse su propia demanda energética y vender los excedentes en el mercado, mientras de paso se podían maquillar sus actividades como “eco responsables”. Varias empresas optaron por esta vía, incluyendo algunas que constan entre las de mayor consumo de energía en el Ecuador: Coca Cola, KFC, Anhalzer, La Fabril, Supermaxi, Flexiplast, Plasticaucho, Pronaca, Hidalgo-Hidalgo, Adelca. Aunque no todas vieron cumplidas sus expectativas porque la movilización social en defensa del agua en los territorios echó por tierra sus proyectos de “energía verde”.
Si bien la Constitución de Montecristi, vigente desde 2008, puso impedimentos a la auto-generación energética por parte del sector privado, en abril de 2012 el directorio del Consejo Nacional de Electricidad (Conelec), mediante una simple resolución interpreta la Constitución y abre nuevamente la participación privada en proyectos de generación de energía.
En diciembre de 2015 se presentó el Plan nacional de gestión integrada e integral de los recursos hídricos de las cuencas y microcuencas hidrográficas del Ecuador. El Plan recomienda construir 176 nuevos proyectos, incluyendo 13 para control de inundaciones.
¿Quién consume energía en el Ecuador? Más allá del consumo que hacemos las personas que tenemos acceso de electricidad para tener una vida digna, hay un grupo de grandes empresas que demandan grandes cantidades de energía y conforman la Asociación Ecuatoriana de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica, Egranconel. Éstas pertenecen a los sectores del papel, cartón, plástico, cemento, cerámica, acero-hierro-aluminio, procesamiento de alimentos, aguas, bebidas y congelados para la exportación, textiles, ingenios azucareros, hoteles, supermercados y empresas privadas de agua para el consumo humano.
Entre los apoyos con que cuentan las mega-infraestructuras vinculadas al secuestro del agua con fines de agronegocio, extractivismo, grandes cadenas industriales y de comercio, también está el carácter de “estratégico” otorgado a estos proyectos, pues con base en ello el Estado decide qué conviene a toda la población, y no admite disensos. Esto ha servido para justificar acciones de represión inauditas contra la población movilizada en rechazo a proyectos que atentan gravemente sus derechos, utilizando las fuerzas de seguridad o, en ocasiones, mediante declaratorias de “zonas de seguridad” intimidar a la población y de esta manera facilitar el avance de los proyectos.
Así se implementaron el Proyecto Multipropósito Chone-Presa Río Grande en Manabí, y el proyecto hidroeléctrico San José del Tambo en Bolívar, que sostuvieron férreos procesos de resistencia comunitaria para impedir en el primer caso que se inunden más de 4 mil hectáreas y se desplace a cientos de familias campesinas debido a la construcción de una represa; y en el otro caso, impedir el despojo del agua a miles de personas de más de cien comunidades ubicadas aguas arriba de las obras de captación de la hidroeléctrica. En ambos casos los impactos provocados sobre las comunidades y los ecosistemas son dramáticos, incluso más graves de lo que las comunidades previeron.
Todas las experiencias recogidas han constituido también procesos de aprendizaje sobre herramientas útiles para la defensa de los derechos, porque es necesario conocer las normas sectoriales, la Constitución y los instrumentos internacionales de protección de derechos; analizar las formas de cómo se promueven los proyectos; identificar a las instituciones públicas con potestad para firmar los contratos, otorgar los permisos y aprobar los estudios de impacto ambiental, que aun cuando no son más que una formalidad burocrática y no permiten un debate abierto acerca de la viabilidad o no de un proyecto que de antemano se decidió realizar, sí resulta indispensable exigir la evaluación completa de los posibles impactos de una represa o una central hidroeléctrica sobre la naturaleza y la población, antes de llevarla a cabo. Esta evaluación constituiría el único documento oficial donde conste lo que realmente se va a realizar y sobre el cual las organizaciones sociales, principalmente de los territorios afectados, deben hacer sus observaciones de carácter técnico, jurídico, administrativo y de legítima resistencia política.
Éstas son reflexiones que pueden ser útiles para nuevos ciclos de lucha que enciendan pequeños e intensos fuegos en la defensa de las fuentes de la vida ante las nuevas amenazas. Este artículo lo escribimos en homenaje a quienes fueron y son luciérnagas en el camino de la defensa de los ríos, la soberanía alimentaria, y la opción por la chakra y la finca en todo el Ecuador. Les agradecemos por su fortaleza y dignidad ante la violencia de megaproyectos e hidroeléctricas que secuestran el agua.
Nota:
* Incluyendo Toachi Pilatón, Manduriaco, Sopladora, Minas San Francisco, El Topo, Hidrotambo, Delsitanisagua; los trasvases Bulubulu, Cañar, Naranjal, Daule Vinces -DAUVIN, Chongón San Vicente y otros.
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