Presentación a la Defensoría del Pueblo de la Red Alerta Sobre Transgénicos

Al Sr. Defensor del Pueblo de la Nación
Dr. Jorge Maiorano

De nuestra mayor consideración

Los procesos de globalización han significado un cambio para las compañías transnacionales desde los patrones del petróleo y de la petroquímica a los de la biotecnología. A casi 50 años de iniciada la Revolución Verde y cuando podemos medir las consecuencias que ese proceso nos ha dejado en el desarraigo de la población rural y la contaminación del medio ambiente, los mismos intereses económicos nos anuncian el inicio de la Revolución Biotecnológica.
Ahora estos nuevos negocios están moviendo miles de millones de dólares y las empresas operan a través de sus lobbies y desde los medios para domesticar a los productores y a los consumidores, a fin de que acepten las nuevas semillas producto de la ingeniería genética transgénica.

Han interferido los procesos vitales de los seres vivos para modificar o desarrollar ciertos productos. Se ha logrado combinar maíces con genes de bacterias como el maíz Bt, así como entre tabaco y luciérnagas, tomate y lenguado o lechuga y tabaco. Un ejército de científicos, funcionarios y periodistas se esfuerzan por negar los peligros de esta tecnología, de igual manera que en su momento negaron el peligro de los agrotóxicos. Aceptamos el valor de la biotecnología que permitió en los orígenes de la cultura agraria el desarrollo de nuestra humanidad, pero expresamos las más serias reservas frente a una ingeniería genética conducida por intereses comerciales y que en su afán de recombinar ADN no vacila en saltar los límites, no ya de las familias y los géneros, sino de los mismos reinos de la Naturaleza.
En nuestro país es la Secretaría de Agricultura la responsable de la aprobación de estos transgénicos. La CONABIA, Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, cuerpo asesor en esta área de la Secretaría, se limita a dar por ciertos los informes científicos que las multinacionales le presentan para su "aprobación". Que se decida aceptar estos productos como de "equivalencia sustancial" con los tradicionales, justifica para ellos que no se realicen los test de alimentación animal y humana que tal vez insumirían largo tiempo de observación. Las experiencias realizadas sobre ratones con papas transgénicas en Gran Bretaña por el científico Arpad Pusztai en el Instituto de Investigación Rowett cuestionaron ese presupuesto. De tal manera, se refuerza la necesidad del principio precautorio.
Se traicionan también a nuestro entender, los derechos del consumidor que asegura la Constitución Nacional, de saber qué compra y el origen de sus contenidos, puesto que amparándose en que son "sustancialmente equivalentes" no se los segrega en origen ni se los etiqueta en la comercialización. El Convenio de Diversidad Biológica de Río 92 ratificado por nuestro país establece la necesidad del "consentimiento informado" por parte de los estados y de las empresas hacia el consumidor. Nos consta su incumplimiento porque hemos hablado con empresas que trabajan con soja como materia prima, que ignoran absolutamente que lo que están comprando está originado en ingeniería genética.

El debate sobre los transgénicos y los grandes intereses de las empresas transnacionales, está hoy en la primera plana de la prensa del mundo. Crece en todas partes un movimiento de rechazo a estos alimentos manipulados genéticamente y numerosas cadenas de comercialización y grandes empresas se niegan en Europa a trabajar con ellos o a venderlos. El cercano Estado de Río Grande do Sul se ha declarado libre de transgénicos, el Paraguay se ha negado a reconocerlos y a permitir su uso en la cosecha en curso y en el País Vasco se acaba de declarar una moratoria para los transgénicos por cinco años. A la vez que países como Suiza se disponen a indemnizar a sus productores que hicieron alguna vez uso de semillas transgénicas y ahora demandan la descontaminación del ecosistema.
Cada día se acrecienta el cúmulo de indicios que nos alertan acerca de un nuevo peligro para la humanidad, el de la contaminación biológica de los transgénicos en el medio ambiente natural. Las noticias que llegan nos hablan de la muerte de polinizadores naturales como la mariposa Monarca, la sobrevivencia del Bt en la mazorca, mucho más allá del período de vida que se le conocía como bacteria y el modo imprevisible en que eso afectaría el ecosistema microbiano del suelo durante el barbecho; el surgimiento de supermalezas; los nuevos peligros que implica para la salud, tornan el futuro con transgénicos altamente riesgoso e impredecible.
Ha sido responsabilidad de ciertos funcionarios del gobierno la decisión política de aceptar OGMs sin otra participación de la sociedad civil que no sea la de los propios semilleros y de las compañías de biotecnología, que integran la CONABIA y no la de los consumidores ni la de los trabajadores de agricultura y menos aún la de los ecologistas, que mucho tendrían que opinar al respecto.

Que los transgénicos hayan inundado nuestros mercados sin que el público lo sepa es responsabilidad de funcionarios del gobierno. Que nos hayamos convertido en el segundo país en el mundo, luego de los EEUU, en la producción de transgénicos cuando más del 99% de nuestra población desconoce absolutamente el tema, es sencillamente un escándalo. Un escándalo que nos remite a una práctica envilecida y perversa de nuestro sistema democrático y de un menguado reconocimiento de los derechos civiles de la ciudadanía. El rumbo del país ha sido modificado bruscamente. Inevitablemente cambiarán nuestros mercados compradores y estaremos en desventaja ofreciendo commodities transgénicas.
Debido a la extendida polinización de las variedades de ingeniería genética, nunca más podremos tener los maíces tradicionales de los que nos enorgullecíamos. El ecosistema y los puertos han sido definitivamente contaminados. Nos preguntamos a cuantos argentinos alcanza el consenso de semejantes decisiones, en un país de 35 millones de habitantes.
En su momento y cuando los EEUU incorporaron el maíz BT y el RR en sus exportaciones, nuestro país ocupó el nicho vacío que quedó en la demanda europea de maíz tradicional y logró un sobreprecio de seis dólares la tonelada. Ahora graciosamente estamos perdiendo
esos mercados.

Creemos que el tema de los OGMs y las políticas de bioseguridad que con ellos se relacionan son de una importancia tal que superan a las actuales autoridades y a su capacidad de decidir políticas de importancia estratégica en los finales de un gobierno. Más aún, pensamos que a poco del inicio de una nueva gestión, sería imperioso decidir una moratoria que suspenda temporalmente la aprobación y liberación al medio de nuevas variedades de organismos de ingeniería genética.

La comercialización de nuestras cosechas debe ser política de estado, es decir del conjunto de la sociedad, y es responsabilidad de ese estado, el de prever que haya mercados. De lo contrario persistimos en políticas sin futuro y conociendo fehacientemente según los recientes informes de nuestra propia Consejería Agrícola ante la UE a cargo de Federico Stoessel, el modo en que se viene cerrando el mercado europeo a los productos transgénicos, estamos hipotecando el futuro no ya de un gobierno sino de todos los argentinos. Pensemos Dr. Maiorano, que de concretarse el cierre de la UE para nuestras exportaciones de soja transgénica, perderíamos un mercado de TRES MIL MILLONES DE DOLARES. Estamos ahora aprovechando que la UE carece de otros exportadores de soja de los volúmenes de la Argentina y que requiere mantener el ritmo de sus producciones, pero estamos seguros que a muy corto plazo seremos reemplazados por otras fuentes. Recordemos que en los EEUU la soja orgánica y no OGM se paga tres veces más que el commodity por el que nosotros hemos optado.

Porque tememos que ciertos lobbies trabajen a favor de estos transgénicos desde las zonas oscuras que posibilitan el desconocimiento público del tema, y desde los pliegues institucionales en los que se refugian intereses inconfesables, presentamos ante el Defensor del Pueblo de la Nación, el doctor Jorge Maiorano, esta situación a fin de que actúe con la urgencia que el tema merece, y atendiendo a su gravedad, proceda en consecuencia.

Por todo lo anteriormente expresado le solicitamos su intervención a fin de lograr :
1. Moratoria para nuevas liberaciones de transgénicos, ya sea para su comercialización o para pretendidos usos de investigación a campo.
2. Discriminación en origen y etiquetado de los productos en el mercado en salvaguarda de los derechos del consumidor a saber que compra .
3. Que la Defensoría del Pueblo ratifique la vigencia del principio de precaución o principio de cautela incorporado al Convenio de las Partes del año 1995, del Convenio de Diversidad Biológica, en Jakarta.
4. Que se ratifique la vigencia del concepto de consentimiento informado aprobado en la Convención de Río del año 92 y que obliga a la información previa, en particular para las empresas alimentarias que usan insumos provenientes de ingeniería genética sin saberlo.
5. Que la CONABIA como organismo consultor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, se abra a la participación de los consumidores, productores orgánicos y asociaciones ambientalistas.
Red Alerta Sobre Transgénicos
Jorge E. Rulli
Email: jrulli@sagyp.mecon.ar
Buenos Aires, 13 de octubre de 1999

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