¿Por qué decirle NO a los cultivos transgénicos en Colombia?
En la legislatura de 2020 cursa en la Cámara de Representantes un proyecto de Acto Legislativo que busca modificar el artículo 81 de la Constitución de Colombia para prohibir el ingreso, producción, comercialización y exportación de semillas genéticamente modificadas. Éste es un proyecto de iniciativa ciudadana presentado por el representante Juan Carlos Lozada. Fue aprobado el primer debate, pero luego se presentó una fuerte oposición del gremio de la industria biotecnológica, de algunos sectores académicos y del gobierno nacional, aunque también ha habido una importante intervención ciudadana nacional e internacional de respaldo a esta iniciativa. El segundo debate realizado el 5 de noviembre fue cancelado por la emergencia del Covid 19, y el Congreso suspendió las sesiones presenciales en el Congreso, por lo que probablemente no se realice en esta legislatura.
Previo al segundo debate en la Cámara, Acosemillas, Agrosavia y un grupo de científicos y académicos, enviaron al Congreso cartas y conceptos técnicos solicitando que no se aprobara este proyecto. Todos estos escritos plantean que en el país los cultivos de maíz y algodón transgénicos sembrados desde hace quince años ha generado enormes beneficios ambientales y productivos y económicos para los agricultores. Estos sectores afirman que si se prohibieran las semillas transgénicas en el país, se limitaría y rezagaría el desarrollo del sector agropecuario y la investigación e innovación en ciencia y tecnología nacional; se afectaría el uso sostenible de la biodiversidad y la seguridad alimentaria nacional. Que el país dejaría de ser competitivo y se frenaría la inversión en proyectos productivos de gran alcance; que igualmente se limitaría la productividad nacional y su potencial agrícola para convertirse en la despensa de alimentos y materias primas de calidad y no se lograría la sustitución de importaciones de alimentos. Estas afirmaciones sin sustento científico, se basan en un estudio realizado y financiado por AgroBio, que es la entidad que promueve los transgénicos de las transnacionales semilleras [1]. Los argumentos presentados por la industria, contradicen numerosos estudios científicos y evidencias de afectaciones ambientales, socioeconómicas de estos cultivos en el país.
Los cultivos transgénicos en el mundo
Hoy en el mundo existen numerosos cuestionamientos y grandes incertidumbres sobre los organismos transgénicos, por los efectos adversos sobre el ambiente e impactos socioeconómicos y afectaciones en la salud humana y animal. A nivel comercial la industria se ha concentrado en la producción de sólo cuatro cultivos: soya [soja], maíz, algodón y canola. La soya representa 51% del área, el maíz 30%, el algodón 13% del área total sembrada. Aunque se han desarrollado diversos tipos de eventos transgénicos, a nivel comercial sólo se han masificado dos tipos de organismos genéticamente modificados: Cultivos Tolerantes a Herbicidas (TH) y Cultivos Bt, pero de otros eventos GM sólo se siembra 1% del área. Ahora quedan tres mega empresas biotecnológicas: Bayer-Monsanto, Chem China-Syngenta y Dupont-Dow (Corteva), que controlan 49% del mercado de las semillas y 78 % del mercado de agroquímicos [2]. Estas tecnologías están protegidas por patentes, que les permiten a las empresas tener un control no sólo de las semillas GM, sino de todo el paquete tecnológico asociado.
Los defensores de estas tecnologías argumentan que los cultivos transgénicos disminuyen el uso de herbicidas y pesticidas y que son más amigables con el ambiente. En realidad es todo lo contrario, como evidencia en Estados Unidos el incremento del uso de glifosato asociado a los cultivos transgénicos TH, puesto que se pasó de 51 millones de kilogramos en 1995 a 747 millones de kilogramos en 2014. En los países del Cono Sur que actualmente tienen más de 84 millones de hectáreas de soya [soja] y maíz GM, el incremento en el uso de herbicidas ha generado graves problemas ambientales como la contaminación del agua y del suelo y críticas afectaciones a la salud por las continuas fumigaciones de las poblaciones rurales.
En varias regiones del mundo que tienen cultivos tolerantes a herbicidas a gran escala, muchas malezas se han tornado resistentes a estos herbicidas y son un problema incontrolable. Es así cómo entre 1995 y 2018 en Estados Unidos se reportaron más de cuarenta especies resistentes a glifosato. Esto ha llevado a las empresas a desarrollar nuevas variedades tolerantes a varios tipos de herbicidas incluso más tóxicos como el glufosinato de amonio, el 2-4D y el dicamba; pero el remedio es peor que la enfermedad, porque nuevamente con el incremento del uso de herbicidas las malezas adquieren resistencias.
Para el caso de los cultivos Bt de maíz y algodón, que producen una toxina que controla plagas de lepidópteros, luego de más de dos décadas de ser introducidos en el mundo, en muchas regiones donde se utiliza ampliamente las plagas se han tornado resistentes a la toxina Bt y ya no funciona esta tecnología por lo que los agricultores tienen que utilizar de nuevo grandes cantidades de insecticidas. Se ha encontrado que la toxina Bt puede afectar otros insectos beneficiosos y también a las abejas.
¿Por qué prohibir las semillas transgénicas en Colombia?
Colombia es uno de los centros de origen y de diversidad de los principales cultivos que sustentan la agricultura y la alimentación del mundo y en el país existe una amplia diversidad de maíces nativos y criollos. Desde hace más de quince años se siembra algodón y maíz transgénico, tecnologías que fueron aprobadas por el gobierno nacional mediante una norma de bioseguridad que no ha permitido hacer los debidos controles sobre los impactos que podrían generar estas tecnologías sobre el ambiente, afectaciones socioeconómicas y en la salud.
Es así como en el país existen evidencias de presencia de contaminación genética sobre los maíces nativos y criollos y también se han presentado fracasos económicos de agricultores de algodón y maíz transgénico en varias regiones del país. Teniendo en cuenta estas evidencias de afectaciones generadas por estas tecnologías, las organizaciones sociales y locales plantean que el país en aplicación del Principio de Precaución, debería prohibir las semillas y cultivos transgénicos mediante el presente proyecto de Acto Legislativo.
¿Qué ha pasado con los cultivos de algodón y maíz transgénico?
El cultivo de algodón transgénico se aprobó en 2002. Inicialmente el área sembrada aumentó hasta 2011, año en que se sembraron 50 mil hectáreas, pero en general no ha funcionado bien y en los últimos años los agricultores han tenido perdidas económicas, por lo que este cultivo casi desaparece, ya que en 2018 sólo se sembraron 12 mil hectáreas.
* El maíz transgénico fue aprobado en 2007 y el área del cultivo aumentó hasta llegar en 2019 a 88 mil hectáreas, sobre todo en los departamentos de Meta, Córdoba, Valle del Cauca y Tolima. Aunque los maíces tolerantes a herbicidas le han generado mayor rentabilidad a los grandes agricultores, en algunas regiones como en el Tolima en 2014 y Huila en 2016 los agricultores perdieron entre 75% y 90% de la cosecha. Cuando éstos reclamaron a las empresas y al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), no respondieron y culparon su fracaso a problemas climáticos y señalaron que se debió a que los agricultores hicieron mal manejo de la tecnología.
* Una de las mayores preocupaciones que tienen las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes sobre los cultivos transgénicos es el enorme riesgo que existe que estos cultivos modificados genéticamente se crucen con variedades criollas y sean contaminadas y se afecte su biodiversidad, sus sistemas tradicionales de producción y su soberanía alimentaria. Es muy crítica la situación del maíz transgénico, pues desde hace quince años que se introdujo al país, se ha presentado una contaminación genética de la enorme diversidad de maíces criollos y el gobierno no toma medidas para proteger este acervo genético de la nación.
* La Red de Semillas Libres de Colombia, la organización Indígena de Colombia y varias organizaciones campesinas, entre 2015 y 2018 han realizado pruebas en varias regiones del país para detectar posible contaminación genética de variedades criollas. Los resultados de estas pruebas muestran que algunas variedades criollas tienen presencia de eventos de tolerancia a glifosato y Bt. También se analizaron varias semillas comerciales de maíz certificadas por el ICA como no transgénicas, y se encontró que están contaminadas —lo que es muy critico— pues los agricultores no tienen garantía que las semillas adquiridas en el mercado no estén contaminadas.
* El país importa cerca de 40% de los alimentos para el consumo interno, más de 14 millones de toneladas en 2019. De maíz se importa 85% del consumo, que corresponde a 5.5 millones de toneladas y de soya [soja] 90%, más de 2.1 millones de toneladas de granos y torta de soya; la mayoría de estos productos son transgénicos y provienen de Estados Unidos.
* El ICA y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) han autorizado el consumo alimentario para animales y humano de estos productos y no se hace ningún control de segregación o de etiquetado de su contenido modificado genéticamente; lo que es muy crítico que los ciudadanos no tengamos el derecho a información completa sobre la seguridad de los alimentos que consumimos.
¿Por qué introducir en la Constitución de Colombia la prohibición de las semillas transgénicas?
El gobierno nacional promueve la agricultura industrial basada en la innovación tecnológica, la productividad, la eficiencia y la competitividad como paradigma del desarrollo rural. Se plantea que la agricultura campesina y comunitaria es atrasada, ineficiente y poco competitiva y se desconocen los fundamentos de sostenibilidad, productividad y equidad que sustenta la producción campesina, que se evidencia en que agricultoras y agricultores en pequeña escala proveen más de 70% de los alimentos del país, es la que ha garantizado la seguridad alimentaria en situaciones más críticas como la crisis de la actual pandemia. En este contexto, el país debería recuperar la autonomía alimentaria nacional, mediante una transición de la importación masiva de alimentos como el maíz y soya transgénica, hacia la producción nacional, enfocada en la agroecología campesina, familiar y comunitaria, que proteja los bienes comunes de la agrobiodiversidad y que garanticen la soberanía y autonomía alimentaria.
Es en este contexto de cultivos transgénicos en el país, que las organizaciones sociales y locales plantean que en el país se debería prohibir las semillas y cultivos transgénicos, mediante el Acto Legislativo que actualmente cursa en el Congreso de la República, basado en los impactos adversos ya generados por los cultivos de maíz y algodón transgénico sobre el ambiente y la agricultura local. Teniendo en cuenta las afectaciones socioeconómicas a agricultores y agricultoras que han fracasado con estas tecnologías en varias regiones del país. También es evidente que la normatividad de bioseguridad vigente en el país no ha permitido proteger la agrobiodiversidad, los sistemas de producción de los pueblos y las comunidades. Tampoco los transgénicos nos han garantizado una alimentación sana para toda la población.
Es posible que este proyecto no logre ser aprobado en esta legislatura, teniendo en cuenta que por ser una reforma constitucional requiere ser aprobado en ocho debates en el transcurso de dos legislaturas, lo cual es difícil en la actual situación política y la férrea oposición de sectores que defienden estas tecnologías; pero las organizaciones sociales y locales tienen claro que se requieren soluciones de fondo sobre este tema en el país, y que se debe continuar gestionando esta iniciativa legislativa cuantas veces sea necesaria.
Lo que sí tienen claro las comunidades locales es que la defensa de sus bienes comunes, de la biodiversidad y la soberanía alimentaria, frente a los cultivos y alimentos transgénicos, sólo se logrará si todos los ciudadanos hacemos efectivos los derechos a decidir libremente qué producimos y qué consumimos. Esto va mucho mas allá de incluir en la Constitución o en las leyes una prohibición de las semillas transgénicas porque en realidad sólo lograremos protegernos mientras las comunidades mantengan el sartén por el mango, para defender sus semillas en sus territorios, mediante una producción biodiversa libre de transgénicos y cuando la gente ejerzamos el derecho a tener una alimentación segura y saludable.
Contacto: german@semillas.org.co
Notas:
[1] Graham Brookes, “Uso de cultivos genéticamente modificados (GM) en Colombia: contribuciones económicas y ambientales a nivel de finca”. GM Crops & Food, vol. 11,núm. 3, 140-153, febrero de 2020.
[2] Grupo ETC, Tecno-fusiones comestibles Mapa del poder corporativo en la cadena alimentaria. Clasificación de empresas por sector e ingresos en 2018, noviembre de 2019.
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