Narrativas climáticas sobre los territorios del sur global

Narrativas climáticas sobre los territorios del sur global1

En agosto, a pocos meses de la 25ª Reunión de las Partes (COP) de la Convención Marco sobre Cambio Climático y de la entrada en vigor del Acuerdo de París en enero de 2020, tres eventos de gran repercusión internacional ubican a los territorios del Sur global en el centro de la geopolítica mundial a partir de la narrativa climática: i) los incendios y la deforestación en la Amazonía; (ii) la publicación del Informe Especial del IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y la Tierra; iii) la promoción de la campaña Nature Now con el lema “proteger, restaurar y financiar” en torno a las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza”, presentada en voz de la joven activista Greta Thunberg.

Analizando las narrativas tal vez identifiquemos con mayor claridad los principales vectores de emisiones de gases con efecto de invernadero (GEI), y lo que desde varios sitios proponen como soluciones para las crisis climática y ambiental.

La Amazonía en Llamas

De enero a agosto de 2019, ocurrieron ahí 34% más de brotes de fuego, 55% más deforestación y 11% más lluvia si comparamos con el mismo periodo de los últimos tres años (2016-2019).

Los incendios. En Brasil, hubo un aumento de 71% en los brotes de fuego de enero a agosto en comparación con el mismo periodo de 2018, la tasa más alta desde 2008, con 49% de brotes en la Amazonía y 32% en el Cerrado en el mismo periodo. En agosto el aumento de los brotes en la Amazonía fue de 196%, comparado con agosto de 2018, 19% por encima del promedio de los últimos 21 años.

Acción humana x sequía. Aunque el gobierno responsabiliza a la peculiar sequía que azota la región en esta época del año, los datos del Inmet (Instituto Nacional de Meteorología) indican que la precipitación promedio en la Amazonía en 2019 —de 219.95 mm— “está por encima del promedio histórico entre 1981 y 2019 para este periodo en la región, de 204 mm, y que, por tanto, “2019 no es un año más seco, no hay lugar en Amazonía que haya pasado más de cuarenta días sin lluvia”.

Ciclo de deforestación: tala, incendios, acaparamiento de tierras y agua, y agronegocio. De enero a agosto de 2019 fueron de 6 mil 400 km², un aumento de 91.9% en la deforestación si comparamos con el mismo periodo de 2018 (3 mil 336.7 km²). Los diez municipios que sufrieron la mayor cantidad de brotes de incendios forestales en 2019 también tuvieron las más altas tasas de deforestación.

Así, el ciclo de deforestación se vincula profundamente con el crecimiento de la frontera agrícola y la introducción de ganado y granos, especialmente soja, y con el acaparamiento de tierras públicas y agua. Primero se cortan los árboles de madera más valiosa, y en la estación seca prenden fuego en la madera sobrante para ocultar el crimen ambiental y “limpiar la tierra”, comenzando el ciclo de acaparamiento, en especial en las tierras “vacantes” de la Unión y los estados. Con la llamada “tierra limpia” se agrega valor de mercado a la tierra y los deforestadores/ acaparadores venden ilegalmente las tierras públicas, generalmente a granjeros y empresas relacionadas con la producción agropecuaria, y logran la evasión de divisas o el ocultamiento de dinero de actividades ilegales en un esquema de lavado de dinero. Después de la introducción del ganado, para el llamado “amansamiento de la tierra”, es posible instalar extensos monocultivos de soja. Aunque varíe según la región, se calcula que, en promedio, un kg de soja usa entre 2 mil y 2 mil 500 litros de agua, mientras un kg de carne de res usa unos 15 mil 500 litros. La agricultura industrial es responsable del uso global de 70% del agua en el planeta, aumentando 100% entre 1961 y 2017, según el informe especial del IPCC sobre el Cambio Climático y la Tierra.

La ganadería y los principales actores económicos de la deforestación. El 40% del ganado nacional se encuentra en la Amazonía Legal, ocupando 80% de su área deforestada. Además de las llanuras, la abundancia de agua hace de la Amazonía el lugar más barato para producir carne de res en el país. São Félix do Xingu, en Pará, fue el municipio que registró el mayor número de brotes de incendios y la segunda área más grande con alertas de deforestación en los últimos 6 meses (DETER-Detección de Deforestación en Tiempo Real/Inpe). El municipio, un poco más pequeño que Portugal, tiene el hato ganadero más grande del país, con 2 millones 200 mil cabezas. Las empresas líderes que dominan el procesamiento y la exportación de carne incluyen JBS, Marfrig y Minerva, que a su vez tienen como accionistas bancos como Santander, JPMorgan Chase y Barclays (Amazon Watch). JBS tiene como uno de sus proveedores a Santa Barbara Farming (AgroSB) del grupo Opportunity de Daniel Dantas, que posee unas 500 mil ha (ya bloqueadas por la operación Satiagraha en 2008 por sospecha de lavado de dinero y acaparamiento de tierras), y multada entre 2010 y 2019 con 70 millones de reales por deforestación ilegal en la región de São Felix.

Soja, infraestructura logística y caminos del ciclo de la deforestación. Otra región con altas ocurrencia de incendios corre lo largo de la carretera BR 163, una de las principales rutas para el flujo y la exportación de soja desde el norte de Mato Grosso hasta el puerto de Miritituba en Pará. La mayoría de los monocultivos de soja se encuentran en el Cerrado, pero también ocuparon ilegalmente unas 47 mil 300 hectáreas de bosque deforestado en la Amazonía en 2018, 27.5% más que en 2017. Estas tierras siguen paso a paso el ciclo de deforestación: corte, incendio, acaparamiento y ganado hasta implementar monocultivos de soja, exportados como mercancía de bajos costos operativos, por la BR 163.

Hidrovias do Brasil, cuyo capital pertenece al fondo Blackstone y a Pátria Investimentos (también del fondo), y el mayor donante de la campaña de Trump, administra el puerto de Miritituba, donde la carretera termina para seguir camino por Santarém hasta el Atlántico. Bolsonaro anunció que Hidrovias do Brasil sería socio en el proceso de pavimentación y privatización de la BR 163. En un artículo de noviembre de 2018, Blackstone afirma que “la democracia de Brasil no está en peligro”.

Los gigantes del sector se preparan para un posible boicot por parte de los países importadores e intentan volver a poner en el escenario internacional el rol de la agricultura y la ganadería bajas en carbono para mitigar el cambio climático y adaptarse. La Coalición Brasil, Clima, Bosques y Agricultura reúne a unos 200 miembros multisectoriales: agroempresas como Cargill, Bunge, Bayer/Monsanto, Basf, asociaciones sectoriales (ABAG-Asociación Brasileña del Agronegocio y ABIEC-Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne), empresas líderes en madera, cosméticos, acero, papel y pulpa; el sector financiero (como la Bolsa de Valores Ambientales de Río-BVRio), y organizaciones como Conservation International (CI) y el WWF, presionan por un cambio de posición del gobierno brasileño para abogar por la inclusión del sector forestal y agrícola bajo el Acuerdo de París como “una gran oportunidad para atraer nuevos recursos de inversionistas nacionales e internacionales si es capaz de monetizar sus activos ambientales de una manera que puedan “crear incentivos económicos para quienes cumplen con la ley”.

Informe del IPCC sobre el Cambio Climático y la Tierra

Aunque todavía no existe una metodología única y confiable para medir, reportar y verificar (MRV)2 las toneladas de carbono evitadas, secuestradas y almacenadas —como por los bosques tropicales y la agricultura—, el Informe Especial publicado el 8 de agosto calcula que el impacto de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la tierra para las emisiones antropogénicas de gases con efecto de invernadero aumentó de 13% en 2007 a 23% en 2016.

Esto significa que un 77% de las emisiones globales de GEI provienen del sector estrictamente industrial y sus flujos comerciales “aguas abajo y aguas arriba” de los usos del suelo. Por eso centrar en los bosques y ecosistemas tropicales las causas y soluciones del colapso climático no parece suficiente ni tampoco eficiente. El Informe del IPCC amplía este ceñido enfoque afirmando que entre 21% y 37% de las emisiones globales provienen de la cadena agroalimentaria mundial, incluidas las emisiones previas y posteriores a la actividad productiva, si se contabiliza maquinaria, fertilizantes, transporte, almacenamiento, procesamiento, empacado, y otros.

Pese a las diferencias metodológicas y de cifras, el Informe Especial confirma el papel relevante que en el cambio climático tiene la agricultura, la ganadería y otros usos del suelo (silvicultura, urbanización, etcétera), ampliando la mirada a toda la cadena de producción agroalimentaria industrial, evidenciando que el modo actual de producción y consumo de alimentos está absolutamente relacionado con la industria petrolera y la quema de combustibles fósiles.

Al poner el foco en el uso del suelo que ejerce el sistema alimentario industrial y su impacto en las emisiones, el estudio detalla las llamadas soluciones basadas en la naturaleza (natural based solutions), y las divide en: i) opciones basadas en los ecosistemas ii) opciones basadas en la tierra iii) opciones de gestión de la cadena productiva de alimentos, y iv) opciones socioeconómicas, pues advierte los límites de implementar medidas de mitigación basadas en la tierra (soluciones basadas en la naturaleza) ya que las zonas boscosas, la reforestación y el uso de la tierra para producir bioenergía o biochar pueden conducir a un aumento de las disputas por tierra, afectando la seguridad alimentaria y el clima.

El informe quiere encuadrar las “opciones basadas en los ecosistemas” y las “opciones basadas en la tierra” en el concepto de “gestión sustentable de la tierra y de los ecosistemas” mediante una gama de técnicas y tecnologías que van del manejo forestal y la conversión de árboles en productos maderables para prolongar el tiempo de la reserva de carbono (beneficiando a las madereras), pasando por la agroecología y las semillas locales, hasta la adopción de sistemas de agricultura de precisión (digitalización-robotización o agricultura 4.0) para aumentar la productividad y disminuir la demanda de tierra.

Dichas actividades en “beneficio de los ecosistemas” y el “uso sustentable” de la tierra por parte de la agricultura y la ganadería, sea quien sea que las lleve a cabo —comunidades o pequeños agricultores o corporaciones—, sólo las promueven y financian mediante contribuciones a servicios ambientales.

Por tanto, el informe no identifica que la escala y la concentración del modo industrial de producción agroalimentaria, proveedor de mercancías de exportación, son un incentivo perverso del cambio climático, la desertificación y la degradación de la tierra, la deforestación y la inseguridad alimentaria.

Por el contrario, los mira como solución a la crisis climática y ambiental y pueden ser elegibles para pagos por servicios ambientales y climáticos e incluso hegemonizar la venta de un nuevo paquete tecnológico corporativo —con su correspondiente derecho de propiedad intelectual.

En las “opciones de gestión de la cadena productiva”, el informe señala la necesidad de cambiar los hábitos alimenticios (con sistemas de bajas emisiones de GEI); reducir las pérdidas poscosecha y el desperdicio de alimentos, optar por los proveedores sustentables; mejorar el procesamiento de los alimentos y uso de bioenergía, entre otros.

Esta nueva infraestructura “sustentable” de la cadena de valor se contabiliza en unidades de carbono y requiere instrumentos de monitoreo, informes y verificación en toda la cadena de valor de manera rastreable y confiable (aquí se inmiscuyen los sistemas blockchain)3, que en última instancia, acercan el sector agroalimentario a las corporaciones de enormes sistemas interconectados de datos (conocidos como Big Data), lo que puede conducir a una reestructuración del sistema corporativo global, con fusiones, adquisiciones, intercambio de patentes entre los sectores, y una mayor oligopolización de las cadenas de valor.

Siguiendo la tendencia de presentar soluciones políticas sobre datos agregados como si fueran neutros, el Informe incluye entre las “opciones socioeconómicas” (o vías socioeconómicas compartidas) el libre mercado, el aumento de la productividad mediante aplicaciones tecnológicas en la agricultura, el cambio en la intensidad de producción en un sistema de emisiones de GEI y la regulación efectiva del uso de la tierra como variables positivas “para un desarrollo menos desigual y de menor riesgo para el cambio climático”.

Es necesario subrayar que el cambio es de intensidad de producción y no de la escala y concentración. El concepto de reducción de la intensidad de emisiones se vincula con transferir la responsabilidad de la reducción de emisiones a los proveedores de la cadena de valor, ya que la intensidad se mide en función de emisiones por kilogramo, litro y tonelada de producción, mientras que las emisiones absolutas de toda la cadena pueden aumentar en función de los objetivos corporativos de ganancia de cada sector.

Si bien pueden aumentar la producción global sin limitar las emisiones de GEI en las otras etapas de la cadena, las corporaciones de la industria 4.0 obtienen el doble de beneficios al vender el nuevo paquete tecnológico de medición, reporte y verificación de la intensidad de emisiones evitadas por unidad de producción para los proveedores de mercancías de exportación que puedan permitirse pagar para adherirse a las “cadenas globales sustentables”.

Aunque el informe señala la necesidad de políticas de gobernanza de la tierra como la regularización agraria e incluso el impulsar derechos de tenencia comunal, redistribuyendo y descentralizando la tierra para modificar su uso, debemos tener mucha precaución con la reglamentación de esta gobernanza. Es así porque gran parte del marco legal de la gobernanza de la tierra legitima la regularización de las ocupaciones ilegales y la ocupación ilegal de grandes áreas públicas, fomentando el mercado de la tierra. Así lo hace la Ley 13.465/17 en Brasil, conocida como la ley del acaparamiento de tierras. 4

El Informe del IPCC saca a la luz datos que enfatizan la responsabilidad de la cadena agroalimentaria y sus usos de la tierra en la crisis climática y ambiental.

Pero el estudio legitima un conjunto de soluciones corporativas con base en derechos de propiedad y libre comercio, ayudando a crear una narrativa para la demanda de los nacientes mercados de carbono y de biodiversidad en un “nuevo orden económico” “verde” y “de bajo en carbono”.

“Preservar, restaurar y financiar”: soluciones basadas en la naturaleza y su paquete climático corporativo en los territorios

La base de la narrativa de la campaña Nature Now se apoya en dos diagnósticos: i) es necesario dejar de quemar combustibles fósiles; ii) el carbono debe mantenerse en el suelo.

La campaña propone, al igual que el informe del IPCC, pero más estrictamente para bosques y ecosistemas, soluciones climáticas con base en la naturaleza (natural climate solutions), ya que el “árbol” es identificado como la tecnología más barata capaz de absorber dióxido de carbono del aire y recomponerse a sí mismo, disponible a gran escala. Se proponen tres acciones clave: “proteger” la selva tropical, que se está talando a una velocidad de 30 campos de fútbol por minuto; “restaurar” los ecosistemas: bosques, manglares, pantanos y fondos marinos que pueden extraer grandes cantidades de carbono del aire y almacenarlo; “financiar” acciones que protejan la naturaleza y dejar de pagar por cosas que la destruyen. Según el video financiado por Conservation International (CI)5 y por la Food and Land Use Coalition (FOLU) sólo el 2% de los recursos para combatir el colapso climático se destinaría a soluciones basadas en la naturaleza, que podrían reducir 1/3 de las emisiones necesarias para mantener el calentamiento global por debajo del 1.5°C establecido por el IPCC.

Al igual que la contraparte brasileña (Coalición Brasil, Clima, Bosques y Agricultura), FOLU reúne asociaciones de entidades y empresas multisectoriales, de los conglomerados de la cadena agroalimentaria (ADM, Basf, Bunge, Dow/Dupont, Syngenta/ChenChina, Cargill, Cofco, Pepsico, Nestlé, Danone, Kellogg’s, Walmart, Unilever); petróleo y minería (Exxon Mobbil, Shell, Total, Vale, Votorantin), automotriz (Bridgestone, Goodyear, Honda, Mitsubsishi, Toyota, Michelin, Volkswagen), el sector financiero (BNP Paribas, Rabobank, Santander), principales actores de deforestación y emisiones. Reúne también compañías tecnológicas (Apple, Acer, Microsoft, Bloomberg, Toshiba) y de infraestructura de datos digitales y modelados para construir las “cadenas globales sustentables”: Una articulación mundial de varios sectores para construir la “transición de la economía global verde” o “baja en carbono” y el desarrollo de una nueva industria 4.0 y su paquete tecnológico corporativo climáticamente inteligente.

La vieja narrativa corporativa, se presenta ahora en la poderosa voz de la joven Greta, y tiene la intención, una vez más, de dirigir las inversiones internacionales de combate al cambio climático a las llamadas soluciones climáticas naturales: ecosistemas y usos del suelo, para que 23% de las emisiones globales de GEI (según el IPCC), logren mitigar las emisiones del 77% restante aguas abajo y aguas arriba de las formas de uso del suelo. Macropolítica climática que pone tierras y recursos naturales del Sur global, una vez más, en el centro de la geopolítica mundial.

Acuerdo de París, mecanismos de mercado, bases naturales y objetivos voluntarios

Este enfoque en los bosques y otros ecosistemas, como océanos, corales y manglares, y en agricultura como posibles sumideros de carbono, pone otra vez en discusión lo que podrá ser contabilizado como resultado de las acciones de mitigación entre países y el papel de los mecanismos de mercado para cumplir las contribuciones determinadas a nivel nacional, lo que tensa las negociaciones en torno al artículo 6 del Acuerdo de París, tema central de esta COP 25.

Actualmente, el REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) no tiene un enfoque compensatorio (offsetting), así las acciones de reducción de deforestación y degradación forestal no generam créditos que puedan aceptarse para compensar las obligaciones de los países del Norte junto a la Convención. Todavía, existe una fuerte presión internacional para permitir la compensación de los objetivos voluntarios del Acuerdo de París mediante la compra de resultados de acciones de mitigación sobre bases naturales como los bosques tropicales de los países del Sur global. La introducción del bosque en el mercado del carbono se considera el mejor costo/oportunidad para que los países del Norte global sigan con sus niveles de emisiones al compensar sus objetivos comprando “créditos o resultados de mitigación” a precios mucho más baratos que el costo de imponer límites a su crecimiento. Desde el punto de vista de los países del Sur, la mercantilización de los bosques es vista como la fórmula económica capaz de hacer que los bosques sean tan valiosos como las “tierras limpias”, que se valorizan en el mercado de la tierra después de la deforestación. Para esta gente, la gestión del ambiente y el financiamiento de la política ambiental deberían llevarse a cabo a través del mercado financiero.

Una vez más, debemos advertir que la financiarización de los bosques, los ecosistemas y las llamadas “bases naturales” representa un incentivo perverso para la deforestación y el aumento de las emisiones, ya que cuanto menor es la cantidad de un determinado bien en el mercado, mayor es su valor económico. Esto significa que cuanto mayor sea la deforestación y las emisiones de GEI rentables para las actividades extractivas de la “economía marrón”, cuanto menor sea la cantidad de bosques o aire fresco y, por lo tanto, mayor sea el valor del activo ambiental comercializado en los mercados de acciones o en los regulados, mayor será la rentabilidad de la economía verde financiada. Es un mecanismo económico de beneficio mutuo, que no tiene nada que ver con el ambiente.

Desde los pueblos y territorios de los países del Sur global, el lema es soberanía popular y la autodeterminación de los pueblos y sus formas de vida, históricamente responsables de la conservación de los ecosistemas y biodiversidad que garantizan una alimentación adecuada para toda la humanidad. Las soluciones reales que están construyendo los pueblos son la reforma agraria integral y popular, la titulación de territorios indígenas y pueblos y comunidades tradicionales, la agricultura campesina agroecológica y otras tecnologías populares como condición pragmática para las posibilidades futuras. Depende de las sociedades, en este nuestro tiempo de escasez de lo esencial, aprender a hacer visible e investigar otras formas de atribuir el debido valor a las riquezas del mundo, manteniendo lo existencial fuera de las formas de propiedad y comercio.

Notas:

[1] La versión completa, con referencias está en biodiversidadla.org

[2] La columna vertebral del Acuerdo de París es crear un registro global reconocido por la Convención Marco de Naciones Unidaas para el Cambio Climático (CMNUCC) que proporcione un marco común para medir, reportar y verificar las emisiones: una contabilidad global unificada —en toneladas de carbono equivalente evitadas— de las acciones climáticas. Los sistemas blockchain y la integración en cadenas globales de valor serían estructurales en las acciones climáticas, y para el comercio de nuevos activos ambientales. Ver Camila Moreno, Rumo à COP 25- negociações preparatórias em Bonn: http://www.cartadebelem.org.br/site/rumo-a-cop-25-negociacoes-preparatorias-em-bonn/

[3] Creado para evadir intermediarios (sistemas de servidores de bancos centrales) estos sistemas de igual a igual entre diferentes computadoras, configuran una cadena de bloques (blockchain) que registra las informaciones de todas las transacciones en un libro de caja permanente (que no se puede deshacer) en que los usuarios pueden rastrear la conformidad paso a paso de las cadenas de valor mundiales.

[4] Esta Ley de Acaparamiento facilita el ciclo de deforestación y acaparamiento al permitir que particulares y empresas regularicen hasta 2 mil 500 hectáreas ocupadas ilegalmente hasta el 22 de diciembre de 2011 en la Amazonía Legal, pagando el valor histórico de la tierra descubierta (promedio de los últimos 20 años) y no el valor de mercado. La ley también permite la venta de tierras regularizadas después de 3 años, y legaliza la la especulación inmobiliaria y el acaparamiento de tierras.

[5] La CI tiene como miembros de la junta directiva a personas vinculadas al Banco BTG Pactual S/A, que tiene como uno de sus fundadores y principales accionistas al Ministro de Economía del gobierno Jair Bolsonaro, Paulo Guedes; Google; Apple; el MIT; Wal-Mart Store, entre otros.

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