El avance del modelo extractivista en Paraguay
Paraguay es el país de la desigualdad casi perfecta en cuanto a la distribución de tierras en el Continente, llegando a un 0,93 en el índice de Gini, que lo ubica en el primer lugar seguido de países como Colombia (0,88) y Brasil (0,88). Los datos del último Censo Agropecuario realizado en 2008 indican que 85% de tierras aptas para la agricultura y la producción forestal se encuentran en manos del 2,6% de los propietarios.
Mientras que la pobreza afecta a un mínimo de 23,5% de la población en general (poco más de un millón seiscientos mil personas) y en las zonas rurales llega a 33%, el país se mantiene hace varios años como el cuarto exportador de soja [soya], después de Brasil, Estados Unidos y Argentina. Y es el único país del Cono Sur que exporta energía “limpia” hidroeléctrica. Cerca de 5 millones 500 mil hectáreas están dedicadas a la plantación de granos para exportación. El agronegocio controla 94% de las áreas cultivadas en el país, mientras que 6% corresponde a la agricultura campesina.
Las extensas plantaciones de soja y otros granos para exportación utilizan de manera intensiva agrotóxicos importados de diferentes empresas multinacionales. Sólo en 2018 se importaron más de 59 mil toneladas de plaguicidas, 73% de éstos, corresponde a los potentes plaguicidas conocidos mundialmente, como el glifosato y al paraquat.
Las fumigaciones masivas causan graves problemas ambientales y sociales. Muchas de ellas se realizan sin respetar las normas jurídicas; los campos fumigados se encuentran cercanos a comunidades campesinas e indígenas, quienes son las principales afectadas por la expansión de los agroquímicos y desde hace varios años denuncian la contaminación del aire, el envenenamiento de los cauces hídricos, problemas de salud e incluso muertes por intoxicaciones.
Un caso paradigmático fue la muerte del campesino Rubén Portillo, quien falleció en 2011 con síntomas de intoxicación por agrotóxicos, y otras 22 personas de la comunidad fueron internadas con síntomas similares. Las continuas denuncias no recibieron respuesta de las diferentes instancias del Estado paraguayo, por lo que se recurrió al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien determinó la responsabilidad del Estado paraguayo por violaciones al derecho a la vida y la contaminación que sufrieron las familias campesinas en este caso particular.
Situaciones como éstas donde familias y comunidades enteras quedan expuestas ante el uso indiscriminado de los agrotóxicos sigue siendo una realidad vigente en el Paraguay.
Base-IS presentó la investigación “Escuelas rurales fumigadas en Paraguay” que da cuenta de la exposición y riesgos a los que están expuestos cerca de 8 mil 600 niñas, niños y adolescentes, y 1.168 docentes de 99 instituciones educativas rodeadas de sojales.
El crecimiento, expansión y fortalecimiento del modelo de los agronegocios en Paraguay cobró significativa relevancia en el siglo XXI, por dar un ejemplo, a inicios de 2000 las hectáreas ocupadas por la soja eran alrededor de 1 millón 500 mil, en el 2019 la extensión creció a 3 millones 700 mil. En 2001 se aprobó la primera semilla de soja modificada genéticamente, y desde 2012 a 2019, se tuvo un aumento exponencial en las semillas genéticamente modificadas de soja, maíz y algodón llegando al número de cuarenta variedades.
Para asegurar el crecimiento del modelo los últimos gobiernos (los de Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, sobre todo) han impulsado grandes obras de infraestructura referente a la pavimentación de rutas y construcción de puentes. Las obras tienen elevados precios y se realizan a través de préstamos internacionales. Una de ellas —la más emblemática— es la ruta bioceánica que pretende convertir el Chaco paraguayo en un centro logístico internacional. El Chaco paraguayo es parte del Gran Chaco Americano y en la última década ha sufrido los embates del modelo de desarrollo vigente, traducido en mayor deforestación, especulación inmobiliaria, extensión de pasturas para ganado, experimentos de semillas de soja transgénicas resistentes a las sequías, a pesar de ser un ecosistema frágil y con una gran diversidad cultural que alberga a varios pueblos indígenas, uno de ellos aún en aislamiento voluntario con la civilización occidental (guaraníes, qom, aché, nivaclé, yshir, ayoreos, entre otros).
En consecuencia, se construye en el Paraguay un Estado alejado de las necesidades de la mayoría de la población y cercano y cómplice con el capital internacional, se cuida el crecimiento de la macroeconomía mientras que 70% de la población trabaja en la informalidad, y las familias campesinas e indígenas no son atendidas con programas integrales que le permitan acceder a derechos básicos y elementales para una mínima calidad de vida.
- Foto por Henry Picado.
Ante esta situación de desigualdad las reacciones de las organizaciones campesinas a través de las protestas sociales son sistemáticamente criminalizadas. Sólo entre agosto de 2019 y agosto del 2020 fueron víctimas de represión y desalojos más de 5 mil campesinos y campesinas, siempre en el mismo periodo. El dato es que cada tres días se detiene al menos a una persona por el conflicto por la tierra en el país, protestas que tienen su origen en el despojo de los territorios que sufren las comunidades campesinas ante el avasallador avance de los agronegocios.
Paraguay se ubica como uno de los principales contribuyentes de Gases con Efecto de Invernadero (GEI) de Latinoamérica, por encima de países que poseen mayor extensión territorial como Perú o Colombia. Su contribución per cápita es la más elevada de toda Latinoamérica, el cambio de uso de suelo y la gran pérdida de biodiversidad tienen una alta responsabilidad en el calentamiento global, concentrada en las manos privadas de quienes producen granos y carne para la exportación (de toda la carne faenada sólo el 0,4% es para consumo interno).
Por último, mencionar que la noticia de que el agua se cotiza en la bolsa de valores del Wall Street reaviva la discusión sobre el apetecible valor de Acuífero Guaraní, que es el tercer reservorio de agua subterránea más grande del mundo y que se extiende bajo los territorios de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, vinculado esto al acceso al agua potable o su privatización, al derecho de los pueblos, la geopolítica, la dominación y el control sobre los bienes naturales por parte los países imperialistas al servicio del gran capital internacional.
Desde 1989 el trabajo de Base Investigaciones da cuenta de las amenazas y las nefastas consecuencias de un modelo económico hegemónico, que con investigaciones y acompañamiento a organizaciones y comunidades campesinas, sobre los temas referidos anteriormente pretende profundizar la crítica y movilizar a la acción de sectores sociales comprometidos con una sociedad que sea inclusiva y no excluyente, que respete los derechos humanos y de la naturaleza.
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