Ataques, políticas, resistencia, relatos #103
"A numerosas generaciones de hombres y mujeres del campo colombiano y ambientalistas, Mario Mejía nos brindó una amplia fuente de sus conocimientos, saberes populares y las ciencias, traduciendo su complejidad y rigor a conceptos sencillos entendibles por todas las personas, fundamentados en la valoración y el respeto de las diversas expresiones culturales del mundo étnico y campesino, en la espiritualidad y en la sacralidad de nuestros alimentos".
Walmart recurre al TLC para demandar al gobierno chileno por insuficiente represión de las protestas
populares en Chile, mientras que el total de muertos y heridos, debido a violencia policial,
sobrepasa los 2 mil
Camila Montecinos
En medio de la brutal represión policial y militar de las masivas protestas populares en Chile, Walmart, la corporación de supermercados más grande del mundo, demandó al gobierno de Chile ante las cortes para exigir que las “fuerzas de la ley y el orden” protejan sus locales de venta y “restauren el orden y el imperio del derecho”. La demanda de Walmart se basa en los privilegios concedidos a las compañías extranjeras en el acuerdo de libre comercio que Chile firmó con Estados Unidos.
El miércoles 16 de octubre de 2019, los estudiantes secundarios en Santiago de Chile lanzaron un llamado a una evasión masiva al pago del tren subterráneo, el más caro de América Latina, después de que el gobierno, unos días antes, había aumentado el precio del boleto. La policía reaccionó reprimiendo esta acción pacífica, lo que provocó que las protestas sólo aumentaran en tamaño. El viernes 18 de octubre hubo una protesta masiva, no sólo en Santiago, sino que en todas las principales ciudades de Chile. Esa noche, el gobierno declaró el estado de emergencia, lo que significó que, por primera vez desde el fin de la dictadura de Pinochet en 1990, los militares salieran a las calles a reprimir las protestas sociales. Durante los siguientes días las protestas sociales se propagaron a todo el país: desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños las personas se manifestaron. En un solo día, más de 3 millones de chilenos (de una población total de 17 millones) estaban en las calles. Una demanda común había surgido en todas partes: NO MÁS ABUSOS.
Chile fue el primer país en adoptar el neoliberalismo como política nacional, aún antes que los gobiernos de Tatcher en Inglaterra o de Reagan en los Estados Unidos. En 1980, el dictador Pinochet consagró el neoliberalismo como un mandato constitucional; desde entonces, bajo la constitución de Chile, los derechos de propiedad son intocables y tienen la jerarquía máxima entre los derechos de la ciudadanía, por encima de cualquier derecho social, como la educación, la protección a la salud, vivienda o derechos laborales. Bajo la Constitución, el Estado no puede proteger derechos si esta acción, en cualquier sentido, limita los derechos de propiedad.
Casi cuarenta años después, Chile ha llegado a ser uno de los países más desiguales del mundo. Por lo tanto, fue algo natural que, rápidamente, surgiera una segunda demanda: una Nueva Constitución. Esta segunda demanda activó las alarmas de aquellos que controlan el poder económico o político. Si bien el rechazo de los que protestan a ser abusados puede ser atenuado temporalmente con algunos ofrecimientos de subvenciones de parte del gobierno, una nueva Constitución puede significar el fin de décadas de privilegios para una pequeña minoría.
Inmediatamente, la represión fue más feroz. A la fecha, más de 400 personas, la mayoría jóvenes, han perdido uno o ambos ojos debido a disparos de perdigones por parte de la policía. Casi 25 mil personas han sido arrestadas, 27 asesinados, y más de 3 mil 600 heridos. De los que fueron arrestados, más del 10% son niños. Hay más de mil 400 denuncias por violaciones de derechos humanos, incluyendo violaciones, agresión sexual, tortura y arrestos ilegales. Pero las protestas siguen.
En este contexto Walmart demandó al Estado de Chile por no proporcionar suficiente protección policial y está exigiendo (invocando el derecho a la propiedad protegido por la Constitución) protección policial permanente como también acciones “disuasivas” de parte de las “fuerzas de la ley y el orden” de manera de “restaurar el orden y el imperio del derecho”.1 La base legal para esto es que Walmart tiene garantizado un “trato de nacional” por el TLC Chile-EUA; es decir, gracias al Tratado de Libre Comercio, Walmart goza de una protección constitucional total en Chile. Sólo como comparación, los inmigrantes no tienen estos derechos en EUA, ni en Europa ni en otros países.
Walmart ha establecido 384 locales de venta en todo Chile y controla más del 40% de las ventas de supermercados. Desde que se estableció en Chile, Walmart se ha hecho conocido por las estrategias ilegales para el control del mercado, abuso laboral, prácticas anti sindicales, bajos salarios, cobros ilegales y prácticas anticompetitivas. Aunque las manifestaciones han sido principalmente pacíficas, ha habido ataques a bancos, supermercados, farmacias, compañías privadas de seguros de salud, grandes tiendas comerciales, transporte público y compañías de fondos de administración de retiro. Todos estos sectores están concentrados en extremo y fuertemente en manos de transnacionales, y son importantes en mantener los precios altos, los bajos salarios y los altos niveles de endeudamiento, a pesar de que se caracterizan por entregar un servicio de baja calidad, usando todo tipo de prácticas abusivas. En el caso de Walmart, 105 locales de venta fueron atacados, algunos de ellos incendiados. Aunque la gran mayoría de los manifestantes no apoyan estas acciones, también se entiende que han sido provocadas por la rabia y un sentido generalizado de ser abusado permanentemente.
Entonces la pregunta es ¿Qué es lo que Walmart quiere? ¿Más represión? ¿Más personas ciegas? ¿Más muerte? ¿Más personas en las cárceles? ¿Un uso generalizado de la tortura? La justicia en Chile tiene un sesgo bien conocido a favor del poder económico y el gran capital y no sería una sorpresa si las cortes dictaminan que se le debe proporcionar protección policial permanente a Walmart. Pero, sea lo que sea que se les conceda, mientras las protestan continúen, Walmart simplemente puede decir que no es suficiente y, por lo tanto, llevar su acción legal a los jurados de resolución de disputas inversionista-Estado, donde puede solicitar mayor protección policial así como una importante compensación económica. Walmart puede invocar el artículo 10.4 del TLC EUA-Chile que concede “total protección y seguridad” mediante fuerzas policiales.
Las organizaciones sociales que trabajan en contra de los TLC, desde que se negoció y rechazó el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), han advertido que los TLC son usados para endurecer la represión y el abuso policial. En todos los gobiernos, parlamentos, partidos políticos, asociaciones empresariales y similares, estas preocupaciones han sido criticadas como “paranoicas”. Sólo bastó un movimiento de protesta, masivo y poderoso, para mostrar que los TLC pueden ser y serán usados como instrumento para reprimir y mantener el abuso. Los últimos acontecimientos nos han dado nuevamente la razón: el gobierno y otros sectores desesperados por endurecer la represión luego de más de tres meses de protestas y movilizaciones continuas, acaban de aprobar una ley que permitirá al gobierno sacar a los militares a las calles para proteger lo que denominan “infraestructura crítica”, entre la que se encuentran, por supuesto, los supermercados, bancos y otras propiedades de las grandes transnacionales.
Nosotros, el pueblo de Chile, nos mantendremos movilizados hasta que el abuso finalice, ya sea el que proviene de Walmart, del gobierno, de la policía, de las compañías transnacionales o de la élite nacional.
1 - La presentación de Walmart ante la corte puede ser revisada en el siguiente sitio: https://chocale.cl/wp-content/uploads/2019/11/recurso-proteccion-walmart.pdf
Mario Mejía “el gran maestro”
La enorme sabiduría del maestro Mario Mejía le permitió entender la complejidad, belleza, potencialidad y limitaciones de nuestros ecosistemas tropicales, la diversidad biológica y cultural, la sacralidad de los bienes comunes, las energías sutiles, el paramagnetismo, los flujos y equilibrios energéticos que rigen a los seres vivos, los suelos y los agroecosistemas. Su aguda sensibilidad social le permitió identificar las diversas estrategias de los pueblos para cuidar y utilizar los bienes e implementar las diversas formas de agriculturas alternativas para producir alimentos y de los medios de sustento.
Mario siempre nos mostró los caminos diferentes que debemos tomar para volver a nuestras raíces, a nuestra esencia, para alcanzar una convivencia armónica y espiritual con la naturaleza y con nuestros territorios, mediante las múltiples formas de las agriculturas de los pueblos y comunidades rurales, basadas en la ecología política con justicia social, en contraposición a los modelos de desarrollo y producción insostenibles que nos ha impuesto el mundo global.
A numerosas generaciones de hombres y mujeres del campo colombiano y ambientalistas, Mario nos brindó una amplia fuente de sus conocimientos, saberes populares y las ciencias, traduciendo su complejidad y rigor a conceptos sencillos entendibles por todas las personas, fundamentados en la valoración y el respeto de las diversas expresiones culturales del mundo étnico y campesino, en la espiritualidad y en la sacralidad de nuestros alimentos.
Su compromiso con la sociedad y con el mundo rural fue consecuente con su forma de vida: fue un agricultor que se decía “aprendiz”. Siempre estuvo al lado de las comunidades y de quien estuviera atento a sus enseñanzas, basadas en el respeto por el otro. Mario fue absolutamente irreverente, intolerante y contestatario ante la injusticia, las inequidades generadas por la economía global, la concentración del poder y la riqueza y frente a las políticas publicas que legalizan el despojo de los bienes comunes. Siempre señaló a los responsables de los conflictos socioambientales y de las profundas crisis que enfrentamos.
Mario insistió que las soluciones políticas para construir una sociedad más justa y sustentable deben abordar integralmente la ecología política, la espiritualidad y la convicción. El conocimiento debe permear todas las acciones de nuestra vida en armonía con la naturaleza. Para ello debemos tener un profundo respeto por todas las formas de vida, producir con espiritualidad y cambiar nuestros hábitos de consumo.
En sus enseñanzas insistió en que para solucionar nuestros problemas y para alcanzar la soberanía y autonomía alimentaria, debemos transitar por nuestros propios caminos, muchas veces a oscuras, y debemos potenciar nuestros saberes con un estricto rigor, compromiso, disciplina, investigación propia, sentido común y humildad, pero también vencer nuestros miedos, inseguridad y desinterés. Las respuestas a nuestras preguntas y las soluciones podemos alcanzarlas si vamos al fondo del cómo y porqué funcionan las cosas, a partir del hacer, mediante el ensayo y error. Mario planteó que no debemos matricularnos con una sola escuela de pensamiento y una forma de hacer agricultura; debemos abrir nuestra mente y recurrir a diversas fuentes de conocimientos, enfoques y alternativas desarrolladas para diferentes entornos, por diversas culturas, pueblos y sociedades.
La cantera de sabiduría que nos deja el maestro Mario a través de sus numerosos libros y escritos, se constituyen en un tesoro para quienes continuamos trabajando por un mundo posible y justo, pero estamos seguros que será una luz que guiará a muchas nuevas generaciones a las que les tocará transitar por caminos aun más difíciles, aunque por fortuna podrán contar con las enseñanzas de Mario, vigentes por muchos años. Gracias, maestro.
Germán Vélez y Álvaro Acevedo
Evocamos algunos Epigramas de la autoría de Mario Mejía de numerosos escritos que por muchos años nos regaló:
“Con equivocaciones, pero también con aciertos, los agricultores hemos hecho la agricultura. No los ministerios y corporaciones”.
“Tal vez algún día, resolvamos ser nosotros mismos”.
“Toda doctrina con pretensiones globalizantes es excluyente”.
“Si te desconoces a ti mismo, quedas condenado a ser dominado por otros”.
“Se construyen sociedades libertarias creando simultáneamente alternativas hacia autonomías”.
“Semilla es vida, libertad, poder, cultura, milagro”.
“Las semillas ancestrales son resultado milenario de la sabiduría campesina”.
“Escuchar con humildad puede ser manera de conocer tan efectiva como el método científico”.
“En la medida que tú no seas, yo tal vez pueda ser”.
“Hemos degradado a mercancía el derecho a la comida”.
“Cuatro modos de conocer, mítico, metafísico, científico, poscientífico”.
“Mantengámonos permanentemente en reeducación”.
“La ciencia ha sido nihilista: le niega validez a cualquier otra forma de conocer”.
“Hemos llegado a tal extremo de degradación por el embeleso tecnológico, que llamamos fábricas de agua a los páramos”.
“Función del maestro es atreverse a caminar en lo oscuro, promover la iluminación de otros caminos”.
Anulan permiso a Del Monte para sembrar 600 hectáreas de piña en Humedal Térraba Sierpe
Fabiola Pomareda, 21 de diciembre, Semanario Universidad, San José de Costa Rica | El Ministerio de Ambiente (Minae) resolvió anular la viabilidad ambiental que en 2016 había otorgado a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte, SA. para sembrar 600 hectáreas de monocultivo de piña en una finca ubicada en Palmar Sur, en la misma cuenca del Humedal Nacional Térraba-Sierpe.
La resolución del Minae respondió a acciones legales interpuestas por Mauricio Álvarez, entonces presidente de la Federación para la Conservación del Ambiente (Fecon), con apoyo de los abogados Álvaro Sagot y Sofía Barquero y el geólogo Allan Astorga. Dio la razón a los argumentos de grupos ecologistas, familias campesinas y una arqueóloga que alertaron sobre los impactos ambientales del proyecto.
Se trataba de un proyecto de la corporación Del Monte, en Palmar Sur, cantón de Osa. Pretendían sembrar más de 600 hectáreas de piña y aplicar 41 agroquímicos en una finca que incluye bosques, humedales y un acuífero; todo en el área de influencia inmediata del Humedal Nacional Térraba-Sierpe, declarado de importancia internacional según la Convención Ramsar. El terreno iba a ser cubierto con 5 kilómetros cuadrados de plantación intensiva de piña, según la resolución del Minae, además de red vial, pasos de agua, sistema de riego, mini-predios de carga y el plantel.
Para Mauricio Álvarez, “hay un antes y un después de esta resolución, porque se le está poniendo por fin un límite a la expansión incontrolada de la piña”. “Ésta es una moratoria ‘de hecho’ a seguir expandiendo los cultivos de piña sobre humedales, áreas protegidas y áreas de protección del agua de las comunidades”, dijo el coordinador del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
La empresa solicitó la viabilidad ambiental para el proyecto, la cual fue otorgada por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en 2016, durante la administración de Édgar Gutiérrez Espeleta como Ministro de Ambiente.
En el recurso de nulidad se expuso que los estudios de impacto ambiental favorecieron al desarrollador del proyecto, omitiendo procedimientos técnicos vigentes. La Setena tramitó el permiso en menos de un mes e incluso el Departamento de Evaluación Ambiental de esta Secretaría fue el que recomendó no hacer una inspección de campo, según consta en el documento firmado por Marco Vinicio Araya.
En ese mismo documento se obligaba a la empresa a depositar un monto de garantía ambiental por la suma de 78 mil 216 dólares (equivalente al 1% del monto de inversión total del proyecto).
Una serie de “cortocircuitos” de parte de Setena. Álvaro Sagot, abogado ambientalista que participó en todo el proceso, señaló a Semanario Universidad que la Setena tampoco valoró los nueve sitios arqueológicos que ya habían sido declarados y reportados. Además, la empresa había declarado que existían 23.4 hectáreas de humedal y en el informe posterior que realizó el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), se descubrió que eran 100 hectáreas. Igualmente, la empresa hablaba de unas “manchas de bosque”, y el informe del Sinac
determinó que había 64 hectáreas de bosque.
«La finca es, en gran parte, una plantación de melina; pero nunca dijeron que había esas 64 hectáreas de bosque —todo un ecosistema tropical— hasta que Sinac fue y lo descubrió», comentó Sagot.
“Nosotros pedimos una apertura de procedimiento administrativo sancionatorio contra los consultores ambientales de la empresa, los cuales son nombrados por la Setena, porque se supone que ellos le deben fidelidad y objetividad a Costa Rica. También pedimos que se sancionara a los funcionarios de Setena que hicieron la valoración. Pero esto no se mencionó en ningún lado en la resolución del Ministro”, apuntó Sagot, refiriéndose a la resolución emitida este 19 de diciembre por el Ministro Carlos Manuel Rodríguez.
Otro cuestionamiento fue que no hubo proceso de consulta en la zona, sobre la percepción de la comunidad ante el proyecto. El estudio socioeconómico se aplicó a una muestra de 18 personas, que representa un 0.61% de la población del cantón.
Evelyn Saborío, quien tiene una parcela en Finca Térraba, en Palmar Sur, afirmó a Semanario Universidad: “Esta lucha ha sido muy importante porque nosotros no queríamos que vengan a ponernos un monocultivo a la par que nos va a contaminar. Yo quiero trabajar mi parcela totalmente orgánica y con una piñera a la par como las que maneja Pindeco no voy a tener opción a que mi proyecto crezca”.
“Al final todos los campesinos vamos a optar por venderle la tierra a ellos porque no vamos a poder cultivarlas por la contaminación, por las moscas, por los problemas en el agua porque nosotros utilizamos agua de pozo. Todo eso nos iba a afectar. Y ver ese humedal que es tan bello destruido, sería catastrófico”, comentó Saborío.
Ignorar la presencia de sitios arqueológicos fue otro vicio del proceso de Setena. Según la resolución, el proyecto se ubica dentro de la zona de “Asentamientos Cacicales Precolombinos con Esferas de Piedra del Diquís”, el primer conjunto de sitios culturales declarados Patrimonio de la Humanidad en el país. La presencia de sitios arqueológicos era conocida por la Setena desde el inicio del trámite y no tenían aprobación del Museo Nacional cuando dieron el visto bueno a la viabilidad ambiental.
La arqueóloga y antropóloga Ifigenia Quintanilla opinó que «la decisión que tomó el Ministro Carlos Manuel Rodríguez ha sido muy importante y era lo esperable porque todos los criterios técnicos señalaban la inviabilidad de este proyecto piñero». Agregó que «la esperanza es que esta resolución sirva también para detener otros proyectos piñeros que, no sólo afectan al ambiente, sino también al paisaje y al patrimonio histórico nacional».
«En este momento la empresa Pindeco está por decidir qué hacer con esas 600 hectáreas. Habrá que ver si salen con una propuesta nueva o llevan esto a juicio internacional. Lo importante sería hacer un esfuerzo colectivo de país para adquirir esa tierra para proteger los nueve sitios arqueológicos ya detectados y los otros que deben estar allí e integrarlos al sitio de Patrimonio Mundial Diquís, donde los humedales, esteros y el río Culebra se puedan integrar. Tal vez esto sirva para recuperar espacios en el Delta del Diquís, que se han repoblado de animales y puede ser una oportunidad para crear alguna forma de corredor entre el manglar y la fila costeña», explicó Quintanilla a Semanario Universidad.
En la resolución emitida, el Minae ordena a la empresa “abstenerse de realizar cualquier actividad relacionada con esta iniciativa”.
Según el Ministro, “con esta resolución, hacemos efectiva la garantía de la protección del medio ambiente y en especial de las Áreas Silvestres Protegidas, ante el peligro de las actividades antrópicas como los monocultivos y otras como el uso de agroquímicos asociadas a ellas, pues éstas constituyen el elemento central de la protección de la biodiversidad”. l
Sembrando Vida y organización comunitaria
Ana de Ita, La Jornada 6 de noviembre de 2019. Uno de los programas estrella para el campo del presidente López Obrador debilita desde dentro la organización comunitaria. El programa busca establecer en dos años un millón de hectáreas con milpa [chacra] intercalada con árboles frutales y maderables y generar 400 mil empleos. Las comunidades y ejidos son seleccionados por su biodiversidad, pobreza y violencia y ascienden a un total de 4 mil 120.
El programa Sembrando Vida se presenta ante las asambleas comunitarias y ejidales para saber si aceptan participar. Hasta ese momento reconoce que la tierra es de los ejidos y comunidades y que la asamblea es la máxima autoridad en el territorio.
El problema empieza con el requisito de que cada campesino o campesina —pues se prioriza la participación de las mujeres—cuente con 2.5 hectáreas de tierra en posesión. Los ejidatarios y comuneros son dueños de la mitad del territorio nacional, pero en muchos casos no tienen esa superficie parcelada para su uso personal y muchos jóvenes y mujeres no poseen tierra. Según el programa en estos casos pueden acceder a la extensión requerida estableciendo un contrato de aparcería con el núcleo agrario por lo menos hasta 2024. El ejido o la comunidad cede tierras de uso común y propiedad colectiva al productor, quien dará a cambio la mitad de su cosecha, pero no compartirá el pago de 5 mil pesos mensuales que le otorga el programa.
Los ejidos y las comunidades le dieron la vuelta a la privatización de la tierra que significó el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), certificando la mayor proporción de la tierra como de uso común, porque así mantiene las características de inalienable, imprescriptible e inembargable. Sembrando Vida impulsa que la propiedad social colectiva se parcele e individualice. Será muy difícil que cuando termine el programa, esa tierra vuelva a ser de uso común del núcleo agrario.
Los programas forestales que otorgan recursos para los bosques y selvas que son propiedad social colectiva se entregan al conjunto del ejido o comunidad, cuyas asambleas definen su uso y distribución. Esto permite que una parte de los recursos se invierta en aserraderos, beneficios, transportes o en infraestructura, como letrinas, canchas, caminos, mantenimiento de escuelas, etcétera, además de destinar otra parte al pago de las labores que cada participante realiza. Experiencias autogestivas de empresas forestales ejidales consideran el impulso a la organización comunitaria y priorizan en sus reglamentos contratar para los trabajos a los hijos, a las mujeres, o a los avecindados sin tierra.
Pero en el caso de Sembrando Vida los recursos se otorgan a los productores individuales, quienes normalmente los destinan al consumo personal, que no fortalece la organización comunitaria ni dinamiza la economía local. En regiones en las que ya ha iniciado el programa se nota un aumento del consumo suntuario, como la cerveza en lata.
El programa se propone crear una organización paralela a la organización agraria, pues los participantes se deben integrar a una Comunidad de Aprendizaje Campesina integrada por 25 de ellos, que deben responder a un técnico productivo y a un técnico social. Existe un coordinador territorial para cada 50 mil hectáreas y 20 mil productores. Los recursos del programa fortalecen esta estructura gubernamental que puede ser utilizada con distintos fines.
Este programa también provoca la diferenciación social, ya que hay un abismo entre los campesinos que reciben su cosecha como producto de su trabajo, y aquellos que, además de su cosecha, recibirán un salario de 5 mil pesos por mes, durante seis años.
La significativa entrada de dinero a las comunidades, que se celebra pues por supuesto lo necesitan, debería estar dirigida de forma autogestiva por las asambleas comunitarias para evitar la polarización social y redistribuir oportunidades y tareas.
Pese a que Sembrando Vida operará en 19 estados, el que concentra un quinto del programa es Chiapas, con 200 mil hectáreas y 80 mil productores, a los que según cifras oficiales llegarán 400 millones de pesos cada mes.
Sembrando Vida operará en 70 de los 118 municipios del estado y en mil 185 ejidos y comunidades. A su paso competirá con esfuerzos de organización autónomos que por años han promovido la agroecología, intervendrá en la reserva de la biosfera Montes Azules, se encontrará con los municipios autónomos zapatistas, topará con movimientos de resistencia al despojo de sus territorios y bienes naturales por empresas extractivas, buscará detener a los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos.
El gobierno de la 4T decide impulsar la individualización de los apoyos antes que consolidar las estructuras organizativas comunitarias que son una fortaleza real en el país. Pronto podrán observarse los impactos de tantas balas de azúcar.
* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)
www.jornada.com.mx/2019/11/06/opinion/020a2pol
Las organizaciones campesinas y de los pueblos originarios junto a la movilización popular por un
Chile justo y solidario
25 de noviembre de 2019. En Santiago de Chile, en la Plaza de la Dignidad, ofrendamos nuestros alimentos como un acto de unidad a las luchas del pueblo, compartimos los retos transformadores que la movilización popular por un Chile verdaderamente justo y solidario que por más de un mes permanece en la calle en rebeldía ante este injusto sistema que acaba con nuestras vidas y la de la Madre Tierra.
Las organizaciones campesinas y los pueblos originarios somos parte activa de este gran movimiento popular que hoy se manifiesta en todas las ciudades y campos de Chile.
Representamos a la agricultura familiar campesina e indígena, somos responsables de alimentar a la población de Chile y proteger la biodiversidad agrícola y alimentaria. Durante estos años hemos sido sometidos a una guerra económica que busca que desaparezcamos como campesinos, comunidades de pueblos originarios y comunidades pesqueras, para desplazarnos y convertirnos en mano de obra barata en el campo o la ciudad. Las políticas agrarias y pesqueras para nuestros sectores se traducen en programas o pequeños subsidios gubernamentales que en definitiva aumentan nuestra dependencia y endeudamiento, no contribuyen a elevar la calidad de nuestros productos ante sistemas productivos altamente tecnificados y dependientes de los agrotóxicos, aumentando el riesgo en la salud y los precios al consumidor.
Las políticas de libre comercio, los apoyos y garantías a las empresas agroexportadoras, los subsidios a las forestales y el acaparamiento de las tierras y las aguas, son un atentado a la agricultura campesina y nuestros ecosistemas que han puesto en riesgo la soberanía alimentaria y el canal agroalimentario y pesquero tradicional, limitando la provisión de alimentos locales sanos y nutritivos para nuestra población, abriendo el cauce a la industria transnacional de los alimentos que sólo busca ganancia y apoderarse de toda la cadena alimentaria conjuntamente con las semilleras, químicas y farmacéuticas.
Chile despertó y es la hora de la verdad, el campo se ha despoblado y envejecido, el proceso migratorio ante la no posibilidad de ofrecer un futuro digno para nuestras hijas e hijos, nietas y nietos les arranca de la tierra. La soberanía alimentaria y la soberanía nacional están en grave riesgo, la ocupación de territorios, la pérdida de nuestras semillas, de las prácticas ancestrales de trabajar la producción en armonía con la tierra y la biodiversidad se ven avasalladas por el extractivismo y la usurpación de las aguas territoriales.
Las medidas anunciadas por el Gobierno hasta ahora y los acuerdos de cúpula en el Congreso Nacional, no satisfacen ni alcanzan a nuestras demandas e inquietudes ni las del pueblo en general. Éstas representan paliativos parciales o limitaciones agraviantes a la participación popular que reclama ser parte de las decisiones nacionales.
Ante esto reafirmamos:
Estamos convencidos que el camino es La Asamblea Constituyente Plurinacional y de Paridad de Género, integrada exclusivamente por ciudadanas y ciudadanos, que elabore una Nueva Constitución, verdaderamente democrática, para el Chile del Siglo XXI. No aceptamos quórum excesivos, destinados a amordazar al pueblo y/o garantizar un Chile de privilegios y privilegiados.
Que el sistema electoral de la elección de los constituyentes se haga sin cortapisas de ninguna especie. No estamos por repetir la segregación exclusivista del sistema actual, que favorece a los partidos o grupos de interés más poderosos, que nos aplastan con su abrumadora propaganda comercial. La elección debe ser amplia y claramente ciudadana.
Respaldamos el conjunto de demandas sociales de los diversos sectores de la población, que son parte de la lucha de décadas: servicios básicos, recuperación de los recursos naturales (cobre, litio, mar), la desprivatización de la salud, educación, vivienda y pensiones, los sueldos y los derechos laborales, y tantos otros reclamados en estos días.
Es una responsabilidad de todas y todos:
* Que la soberanía alimentaria, la biodiversidad y la agroecología sean objetivos del desarrollo en el campo. Necesitamos la implementación pronta de programas que protejan la agricultura familiar campesina e indígena y acaben con los subsidios y privilegios del agronegocio a modo de garantizar la alimentación en primer lugar de Chile.
* Es necesario recuperar la función social de la tierra, como se hizo en los años sesenta con el proceso de reforma agraria que dignificó al campesinado. A pesar de la represión y la expulsión de miles de familias del campo por la dictadura militar, aún hoy persisten hijos e hijas y nuestros nietas y nietos que con todo y las adversidades mantienen las tierras conquistadas por sus padres o abuelos.
* Que el agua debe ser desprivatizada y recuperar su carácter de bien nacional de uso público como se estableció en esos años, algo desvirtuado hoy día con las concesiones privatizadas de su aprovechamiento. Un Nuevo Código de Aguas es indispensable y urgente.
* Que los territorios rurales deben protegerse como espacio de vida y cultura, evitando sean destruidos por la especulación inmobiliaria, la minería extractivista, las hidroeléctricas, los campos eólicos invasores y la expansión de los monocultivos. El proceso de descentralización en la administración del país, puede ser de gran apoyo a esta finalidad.
* El sistema agroexportador no puede seguir siendo el centro de estas políticas. Ratificamos la importancia del cooperativismo en la producción y comercialización, por su aporte a la solidaridad e identidad cultural y social.
* Exigimos el rechazo del TPP-11 y de todas las lógicas de dominación de las corporaciones transnacionales, que ponen en riesgo la producción y soberanía alimentaria y la sobrevivencia de la agricultura campesina e indígena. El Congreso Nacional debe tomar medidas con urgencia.
* Que los derechos laborales en el campo, especialmente de las trabajadoras y trabajadores de temporada, de la agroexportación y del mar y el borde costero, de los trabajadores agrícolas y forestales, deben recuperarse y fortalecerse, como la sindicalización campesina y de los trabajadores rurales en general. La negociación colectiva debe hacerse efectiva y la capacitación debe recuperarse en toda la extensión de nuestros territorios.
Finalmente manifestamos:
* La paz es obra de la justicia y la igualdad. Mientras no se alcancen niveles satisfactorios, el país seguirá en pie de lucha. Las organizaciones campesinas seguiremos activas, en todo el territorio nacional, en lucha por nuestras reivindicaciones y las demandas y sueños de todo el Pueblo.
* A más de un mes de las movilizaciones sociales y políticas, hoy 25 de noviembre, Día Internacional contra todas las formas de opresión y violencia hacia las mujeres, demandamos de quienes tienen responsabilidad política en el Estado Chileno, a no desoír las demandas del pueblo y a canalizar y adecuar verdaderamente los instrumentos constitucionales, legales y financieros que ellas requieren. Sólo así el despertar de Chile será real. Por nuestra parte, ratificamos nuestro compromiso con la Hora Presente. l
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