Panamá: Red Nacional en Defensa de las Comunidades Costeras

En Panamá el Conflicto Comunitario Costero se agrava debido a la fiebre por las inversiones para proyectos de turismo inmobiliario. La cual pone en riesgo los ecosistemas y la evidente violación a los derechos humanos de las comunidades que por décadas vienen desarrollando su vida tradicional y su soberanía alimentaria.

Surge así como iniciativa de las comunidades costera a nivel nacional la Red Nacional en Defensa de las Comunidades Costeras en la provincia de Veraguas el pasado domingo 6 de mayo, cuyo objetivos es el respeto a la tierra y al derecho del trabajo en el mar como las garantías al libre acceso público a las playas.

La defensa de la integridad Comunitaria Costera a través de acciones locales como nacional es otra de las propuesta para una vida digna y justa ante el interés privado de inversionista que quieren explorar los paisajes y mejores condiciones en donde se ubican pescadores. Y que además las comunidades han denunciado la frágil institucionalidad de Justicia con que el gobierno gestiona a favor del interés privado.

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Las acciones procederán en defensa de la idiosincrasia comunitaria del mar, así como las denuncias a los atropellos que se dieron en la comunidad de Pixvae, costa sur de Veraguas, cuando el presidente de Panamá de forma arbitraria amenazo a los pobladores en protección a un inversionista extranjero. También la denuncia por la represión a niños, ancianos y pobladores de Santa Clara en Coclé, que se oponen al desalojo, y que sufren el abuso de las autoridades de la región. Además la corrupción y la falta de transparencia del actual gobierno, es una de las principales características que ha generado rechazo en el pueblo panameño.

Entre las comunidades estuvieron miembros del comité en Defensa de la Isla Pedro González, en el archipiélago de las Perlas, La Pacora y Santa Clara de la provincia de Coclé, Bahía Honda y Pixvae de la costa sur de Veraguas, los Pozitos y la Barqueta de la provincia de Chiriquí. Dicho espacio organizativo también extendió la solidaridad a comunidades afectadas que no pudieron acudir como las comunidades costeras de Pedasí, Aguadulce y de la costa del caribe.

Comunicado de las comunidades costeras de las Playas de Santa Clara y La Pacora

1. Varias generaciones de pobladores de las comunidades de Santa Clara y La Pacora, así como cientos de familias vinculadas a la actividad económica social y ecológicamente sostenible que se desarrolla en el área, han logrado satisfacer por más de 70 años su derecho humano al trabajo, y a partir del mismo, sus derechos a la vida, integridad, residencia y alimentación, aprovechando el acceso al mar, el desarrollo de actividades conexas a la pesca y una relación positiva con el turismo amigable con los turistas nacionales, extranjeros, y con la comunidad receptora. A raíz de su asentamiento permanente en el área, hecho que consta en documentos oficiales de los últimos 70 años, son titulares de derechos posesorios y títulos de propiedad que el Estado tiene la obligación de respetar.

2. Desde 1999 existe la amenaza de desalojo de los pobladores en el caso de Playa La Pacora ante un proceso de lanzamiento por intrusos promovido por un individuo que reclama para su persona áreas de dominio público, razón por la cual ya había sido archivado en el 2006 el expediente hoy resucitado de la mano del poder político y económico; mientras en el caso de Playa Santa Clara, desde 2002 han sido víctimas de trámites irregulares de sociedades anónimas y de la especulación inmobiliaria para la realización de proyectos turísticos en las playas del Pacífico panameño. No son las únicas comunidades en esta situación, son denunciados casos en San Carlos, Farallón, el sur de Veraguas, Chiriquí, entre otras.

3. Durante el actual gobierno se han agudizado las amenazas a ambas comunidades, mediante la destitución y designación irregular del puesto de corregidor del área, con la misión exclusiva de realizar a los desalojos siguiendo órdenes del Gobernador de la provincia de Coclé, Fernando Núñez Fábrega, configurando una conducta de abuso de autoridad y extralimitación de funciones en violación a la autonomía municipal, previo a la reactivación de los expedientes ya archivados en el caso de playa La Pacora, o la expedición de resoluciones sin conocimiento o participación de los afectados en el caso de la playa Santa Clara, violando además mediante acciones arbitrarias como el cierre de la corregiduría durante 4 días para impedir la notificación y apelación del abogado, el derecho de los miembros de estas comunidades a la protección legal y a un recurso efectivo. Denunciamos igualmente el uso de nuestros impuestos para presionar la voluntad de las autoridades municipales en ambos casos, mediante la restricción de fondos públicos para proyectos.

4. La participación de la Policía Nacional en el sostenimiento de las irregularidades y los intentos de desalojo ha sido notable, destacando el uso de lacrimógenas, perdigones e incluso municiones vivas según los testimonios de los pobladores, afectando por igual a ancianos y niños, personas discapacitadas y enfermos, turistas, a la población en general, lo que ha sido transmitido en los medios de comunicación.

5. La arbitrariedad de las autoridades ha llegado al extremo de invitar a negociar a algunos de los dirigentes y moradores de las comunidades, sin asistencia legal, con la intención de definir “políticamente” lo que ya se encuentra resuelto judicialmente, o desconociendo la existencia de procesos por definir y el evidente derecho que les asiste a estas comunidades tradicionales.

6. Los representantes legales y las comunidades consideran que poco se puede hacer si ante la acción y la decisión administrativa y judicial, se insiste por la vía de la arbitrariedad y la fuerza colocando a los pobladores en situación de desprotección.

Por este motivo,

1. Solicitamos a las autoridades judiciales competentes: únicamente el cumplimiento de sus funciones de manera independiente, en apego a una Constitución y a la ley, que sin duda alguna favorece el legítimo derecho de las comunidades,

2. Exigimos respeto a las autoridades políticas: que no se recurra nuevamente a la represión y violación de derechos humanos como respuesta para quienes defienden sus legítimos derechos. Exigimos respeto a las normas y a las decisiones judiciales que han favorecido estas comunidades, a los derechos humanos de sus miembros y los de otras comunidades en condiciones similares a lo largo y ancho del país,

3. Solicitamos el apoyo activo y decidido a estas comunidades de trabajadores por parte de todo el pueblo trabajador reunido hoy 1° de mayo de 2012, conscientes de que el poder político y económico que los amenaza a ellos es el mismo que nos amenaza a todos con profundizar la explotación y el despojo, como en este caso, y que solamente nuestra acción revertirá esa injusticia.

Fuente: Radio Temblor