Argentina: Denuncian la concentración de tierras

Grain, una organización internacional que trabaja apoyando a campesinos y movimientos sociales en sus luchas para lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados comunitariamente, acaba de compilar un documento que enumera 416 acaparamientos de tierras agrícolas, recientes y a gran escala, por parte de inversionistas extranjeros para la producción de alimentos. Los casos abarcan cerca de 35 millones de hectáreas de tierra en 66 países. La Argentina está representada por 15 casos que, sumados, abarcan 961.552 hectáreas.

“Los casos que registramos en nuestro estudio son solamente la punta del iceberg de un proceso mucho más profundo de acaparamiento y concentración de la tierra en manos de capitales internacionales”, le explica a este diario Carlos A. Vicente, argentino, miembro de Grain. Vicente sostiene que es preciso diferenciar dos tipos de casos dentro de los registrados en la Argentina: por un lado “los de Beidahuang de China en Río Negro (en estos momentos suspendido por acciones judiciales) y el de Al-Khorayef Group de Arabia Saudita en Chaco, en los que hay Estados apropiándose de miles de hectáreas para la producción de cereales y en los que ha habido una fuerte reacción de un amplio espectro de organizaciones sociales que tiene en jaque a ambos proyectos”; y por el otro, “los otros casos en su mayor parte son de corporaciones del agronegocio o grupos financieros que están participando activamente del modelo de agricultura industrial basado fundamentalmente en el cultivo de soja transgénica y que es parte del amplio control territorial que estos grupos junto a capitales nacionales y bajo el modelo de los ‘pooles de siembra’ ejercen en toda la región agrícola”.

El desembarco de la empresa estatal china Beidahuang en Río Negro es el caso que implica más hectáreas de los relevados por Grain. La Corte Superior de esa provincia suspendió, haciendo lugar a un amparo, el acuerdo firmado en 2010 por el gobernador que le daba a la compañía el control de 320 mil hectáreas, bajo la promesa de una inversión de 1500 millones de dólares en las dos décadas que duraba el acuerdo. Los cambios políticos en la provincia dejaron el asunto en pausa.

El caso de Al-Khorayef en el Chaco, en cambio, a pesar de las protestas, está vigente. Fue firmado por el gobernador Jorge Milton Capitanich con el sheik saudí Mohammed Al Khorayef, quien apoyado por el empresario local Eduardo Eurnekian, consiguió derechos para explotar cerca de 200 mil hectáreas en la región de El Impenetrable con el objetivo de exportar alimentos a Arabia Saudita.

En el informe de Grain también se cita la expansión de Adecoagro, la firma de George Soros, con acuerdos por 242 mil hectáreas. Y también los desembarcos de compañías con asentamiento en Francia, Singapur, Japón, Alemania, Brasil, Dinamarca, Corea del Sur y los ya citados casos de Arabia Saudita, China y los Estados Unidos.

La Argentina es uno más de los destinos del capital financiero en busca de ganancias extraordinarias con los alimentos o capital estatal en busca de asegurar la provisión de comida para los habitantes del su país. “La mayor parte de los 298 acaparadores registrados provienen del sector del agronegocio, compañías financieras y fondos soberanos son responsables de cerca de un tercio de las negociaciones. Y, en muchas ocasiones, se superponen. Por ejemplo, los datos muestran cómo Cargill, una de las compañías de agronegocios más grandes del mundo, ha estado adquiriendo cientos de miles de hectáreas de tierras agrícolas a través de su fondo de cobertura Black River Asset Management”, apunta la investigación, que destaca que dos tercios de las inversiones de este tipo en el mundo vienen de Europa y Asia.

La pregunta que surge es si la flamante Ley de Tierras puede llegar a modificar la tendencia de la extrajerización de tierras en la Argentina (cuyas cifras certeras se desconocen pero se presume que podrían abarcar más de 20 millones de hectáreas). Carlos Vicente, de Grain, cree que si bien la norma ha molestado a las corporaciones –señal de que va en el buen camino– “es muy claro que en las condiciones actuales de control territorial del agronegocio y en sus modos de operar en los cuales la adquisición de tierras es una cuestión secundaria ya que estos grupos operan fundamentalmente a través del arrendamiento con lo que la Ley de Tierras no significa un obstáculo para su avance”. “Lo que realmente necesitamos es un cambio profundo en nuestro modelo agrícola que contemple como mínimo: una ley que ponga freno al desalojo de comunidades campesinas e indígenas; la reorientación de la producción agrícola hacia la soberanía alimentaria y un debate profundo sobre la función social de la tierra que nos encamine hacia la posibilidad de una reforma integral”, concluye Vicente.

Dos semanas atrás, otro documento, en este caso del FMI y el Banco Mundial, destacó que las leyes restrictivas a inversores extranjeros podrían ser “insuficientes”, ya que los extranjeros suelen acordar con intermediarios nacionales.

Avanza el relevamiento de propiedades Un comunicado del Ministerio de Justicia destacó en las últimas horas el avance en la confección, por parte del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), de un mapa que contendrá toda la información sobre la propiedad de la tierra en el país.

Concretamente, todas las provincias deben suministrarle al RNTR los datos relativos a la superficie de tierras rurales que poseen a nivel provincial y departamental, como así también los casos de tierras que se encuentren en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras sobre los que tengan conocimiento. Paralelamente, el Registro realiza su propio relevamiento.

La ley tiene por objeto regular, en relación a las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales. El límite establecido es 15%, tanto a nivel nacional, provincial, como subprovincial (municipios, comunas o departamentos, según la organización que tenga cada provincia).

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, sostuvo que la ley “tiene un profundo sentido nacional y un altísimo valor estratégico para la profundización de un modelo de desarrollo soberano y distributivo”.

Fuente: Tiempo Argentino