El saqueo del mar chileno

Mientras la disputa por el dominio del mar continúa a través de las cuotas de pesca, los estudios científicos y el historial de las leyes que pondrían coto a la depredación, muestran que, al final, los dueños del mar tienen la última palabra en la decisión de cuánto se pesca cada año en Chile.

La vida de Jaime Araneda y su familia ha estado siempre vinculada al mar. Su abuelo y su padre fueron pescadores, y ahora él sigue sus pasos. Los últimos 11 años los ha pasado como tripulante en distintas embarcaciones industriales de grandes empresas pesqueras en todo Chile. Pero ahora tiene miedo. Dice que no sabe si podrá seguir. Que cuando partió, los embarques para ir a pescar jurel eran de tres o cuatro días y que siempre las bodegas volvían llenas. Pero eso ya no ocurre. Para conseguir algunas toneladas de jurel las naves chilenas deben salir a aguas internacionales en viajes que duran por lo menos 12 jornadas en alta mar. Y cada vez es más común que regresen con sus bodegas prácticamente vacías.

-El mar no es de los chilenos; es de los empresarios. Si la cosa sigue así, de aquí a uno o dos años más ya no va a haber qué pescar en Chile –asegura.

Aunque puede sonar exagerado, el miedo de Jaime puede tener asidero científico. Desde 1997, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) realiza un estudio anual de evaluación hidroacústica de jurel. Y desde hace diez años ese registro indica una disminución acelerada, alarmante. Fue en 2001 cuando se registró la mayor biomasa presente en las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) correspondiente a la principal área de pesca chilena: la macrozona centro sur, que se extiende desde Valparaíso hasta la Región de Los Lagos. Entonces, se registraron 5.950.000 toneladas de jurel en aguas chilenas. Los años siguientes la cifra fue disminuyendo. Para 2008, sólo se pudo registrar la presencia de 1.528 toneladas. En 2009 no se encontró ninguna.

-En la pesquería nacional, en términos de peces, la única especie que está quedando es la sardina. No nos queda jurel ni merluza ni anchoveta. Las pesquerías de las que antes se extraía un millón o más toneladas, simplemente se acabaron por la sobreexplotación de las grandes empresas –dice Eduardo Tarifeño, biólogo marino de la Universidad de Concepción y miembro del Consejo Nacional de Pesca (CNP) desde 2005.

De acuerdo a un informe elaborado en septiembre de 2010 por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), de las 17 especies de peces que tienen pesquería en el país, sólo cuatro se encuentran en un nivel seguro para su conservación. En la categoría de “altamente explotadas” hay otras cuatro, mientras que nueve han sido catalogadas como “sobreexplotadas”. De estas últimas, el jurel encabeza la lista.

LA MATANZA DE LOS ‘80

La noche del 2 de agosto pasado, en un café del centro de Concepción, el biólogo marino y patrón de pesca Juan Vilches recordaba los ’80 y los ’90 y decía: “Lo de esos años no fue pesca; fue una matanza”.

Hasta mediados de los ’80, para pescar en Chile bastaba tener un barco y pedir una autorización al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) para salir y capturar determinadas especies en algún área de pesca específica. Como el Código Civil indica que los peces no son de nadie, establece que están sujetos a un régimen de ocupación. Eso significa que son propiedad de quien los captura. En un sistema de libre acceso, sin límite ni controles, las empresas pesqueras extraían todo lo que podían y nadie fiscalizaba que se pescara en las áreas ni las especies especificadas en la autorización. Así fue como el sector pesquero pasó a la primera línea de la economía nacional.

En 2010, la industria extractiva chilena facturó unos US$ 1.263 millones en exportaciones, a pesar de que se capturaron menos de 465.000 toneladas de jurel. Según datos del IFOP, para 1986 las exportaciones pesqueras ya superaban los US$ 535,4 millones y representaban el 12,7% de las exportaciones totales de bienes. Además, la producción de harina de pescado en Chile ya constituía el 17,3% de la producción mundial, superado sólo por Japón. Entonces, el desembarque de jurel bordeaba las 1,3 millones de toneladas.

En esos años, Vilches trabajaba como patrón de pesca para Alimentos Marinos S.A. (Alimar). Mientras bebe su café, cuenta que se pescaba tanto que a veces una sola nave llegaba a descartar hasta 80 toneladas de peces por estar bajo el tamaño legal. En el caso del jurel, el principal recurso pesquero del Pacífico Sur, ese límite para su preservación era hasta hace muy poco en Chile de 26 centímetros, pero se rebajó a 22 centímetros ( ver recuadro). Los pescados quedaban flotando en el agua y varios pescadores consultados por CIPER recuerdan que de lejos se veía como si fuera un enorme manto blanco que flotaba sobre el mar. Para Juan Manríquez, uno de los tripulantes del Santa María II, el buque de la empresa de capital noruego Lota Protein S.A., lo que se hizo con la pesca en Chile fue “una cosa degenerada”.

En 1985 se puso fin al libre acceso pleno, cuando se cerraron por primera vez las tres regiones donde había más capturas: las de Tarapacá, de Antofagasta y del Bío Bío. El Sernapesca dejó de otorgar permisos y las declaró como zonas de plena explotación. Lo que hicieron entonces las empresas fue pedir autorizaciones para pescar en las regiones aledañas. Se las entregaron. Fue así como prácticamente no quedó metro cúbico de mar en Chile sin actividad pesquera.

-La medida se fundamentó en el concepto de que ante recursos naturales limitados, si no quieres acabar con ellos, el acceso también tiene que ser limitado –cuenta Luis Felipe Moncada, gerente de Asipes, la agrupación gremial que reúne a las más grandes empresas pesqueras que operan en la zona centro sur del país.

Se pudo haber limitado el acceso a la pesca, pero como no se puso un límite de captura, en los años siguientes la sobreexplotación continuó. Para 1990, los registros del Sernapesca señalan que el desembarque total de peces en el país superó las 6.000.000 de toneladas. El 41,7% de esa cifra era jurel.

Al año siguiente, todo parecía cambiar cuando el Congreso promulgó la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), que vino a reemplazar a la norma homónima que el régimen militar instauró en noviembre de 1989, sólo unos meses antes de que acabara la dictadura. La legislación, que sigue vigente, se basó en el control del esfuerzo pesquero, estableciendo no sólo límites de acceso, sino que también de capacidad de bodega a las embarcaciones.

El texto de la ley también contemplaba un sistema de cuotas globales anuales que limitaban las capturas en las pesquerías en plena explotación –se implementó a las pesquerías de merluza común y merluza de tres aletas– y la posibilidad de que se licitara “el derecho a capturar cada año el equivalente en toneladas al 5% de la cuota global anual de captura” por 10 años. Esos dos puntos serían clave para lo que vendría. El primero, al dejar fuera las pesquerías más importantes, permitió que las empresas pesqueras llevaran la explotación de los principales recursos a niveles críticos. El segundo, que fue impulsado por el actual Presidente Sebastián Piñera cuando era senador, dejó la puerta abierta para que se desatara la guerra que 20 años después tiene enfrentados a los más poderosos actores del sector pesquero para repartirse los pedazos de una torta de la que sólo quedan migas.

CARRERA OLÍMPICA

Habían pasado seis años desde que entró en vigencia la LGPA cuando la Subpesca tuvo que tomar cartas en el asunto. Era 1997, y para entonces, las regulaciones que controlaban el esfuerzo pesquero no daban resultados. El acceso a las principales pesquerías estaba restringido y se habían fijado límites al número de barcos y a su capacidad de bodega, pero no se impidió la sustitución: el cambio de barcos viejos por naves nuevas.

-Se juntaban los permisos de un barco de 600 m³ y otro de 500 m³, y así obtenías uno de 1.100 m³. Ese barco lo mandabas a construir a Chile o al extranjero y resultaba una embarcación con mayor potencia, mejores sonares y mejor tecnología. Sin aumentar el esfuerzo ni la capacidad de bodega, aumentabas el volumen de captura por innovación tecnológica –explica Moncada.

La flota pesquera obtuvo mayor autonomía para salir a pescar por más tiempo, a mayores distancias y con mejor eficiencia. Lo que vino fue un disparo de las capturas efectivas realizadas en los puertos chilenos. Los datos del Sernapesca indican que, entre 1994 y 1996, se capturó por año un promedio de 7,2 millones de toneladas de peces. Pero el jurel fue la especie que más sufrió esa depredación. El promedio de desembarque en esos mismos tres años superó las 4.000.000 de toneladas anuales. De todo lo que se pescaba en Chile, el 56,6% era jurel.

-A veces teníamos tan llenas las bodegas, que expandíamos la red afuera en la cubierta y ahí llevábamos más pescado –cuenta Jorge Ramírez, un pescador consultado por CIPER.

Aunque los niveles de captura parecían indicar que quedaba jurel para rato, el principal recurso pesquero de Chile estaba en crisis: gran parte de la pesca registrada estaba bajo la talla de 26 centímetros que indica la ley para evitar la captura de aquellos que no han llegado a la edad de reproducción. Por esta razón, las autoridades, encabezadas por el entonces subsecretario de Pesca, Juan Manuel Cruz, decidieron instaurar en las pesquerías más importantes el sistema de cuotas globales anuales. En el caso del jurel, aunque la propuesta inicial de la Subpesca fue de 800 mil toneladas, la negociación en el Consejo Nacional de Pesca (CNP), donde la mayoría de sus miembros son representantes del sector industrial, la cerró en 1.980.000 toneladas para 1999. El resultado inmediato fue un desastre.

-Con el ingreso de una cuota global anual, una vez que se completaba la cuota del año, la pesquería se cerraba. Entonces las empresas salieron a pescar como locas, porque si no lo hacían, lo haría la empresa de al lado. Lo que maximizaban era la velocidad de pesca: pescar lo más posible en el menor tiempo. Eso es lo más depredador que puede haber, aun suponiendo que se respete la cuota. Era un sistema insostenible –cuenta un alto funcionario de la Subpesca de esos años que prefiere mantener su nombre en reserva.

A eso se le llamó la “carrera olímpica”.

Mario Rodríguez ha sido tripulante de embarcaciones pesqueras desde 1984, cuando llegó desde La Serena a la Región del Biobío deslumbrado por el auge que vivía el sector pesquero en el país. Varios pescadores que conversaron con CIPER aseguran que por entonces los sueldos de los tripulantes superaban en promedio el millón de pesos, mientras que los patrones de pesca podían llegan a ganar entre cinco y veinte millones mensuales. Eso porque les pagaban por tonelada capturada. Y Rodríguez cuenta que en esos años, como aún se encontraba jurel en aguas jurisdiccionales, “nos embarcábamos y después de navegar una hora echábamos las redes al agua. De un solo lance llenábamos el barco con jurel. Después volvíamos al puerto, descargábamos y volvíamos a salir. Hacíamos dos o tres viajes al día y sacábamos en promedio unas 2.000 toneladas diarias”.

Para controlar la sobrepesca, las autoridades decidieron implementar un sistema que combinaba las cuotas con las vedas. Como con eso las pesquerías se cerraron, la Subpesca comenzó a administrar la explotación mediante un sistema rudimentario de cuotas individuales a través de una vía completamente irregular: la entrega de permisos de pesca de investigación, que según la Ley de Pesca, corresponde a una “actividad pesquera extractiva (…) sin fines comerciales”.

La asignación de esos derechos pesqueros se entregó a cada empresa de acuerdo a su historial de capturas (registro de desembarques) y a la cantidad de empleados que tuvieran. Poco después, ese sistema se institucionalizó a través de la promulgación en 2001 de la Ley de Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA). Así se distribuyó el mar en unos pocos gigantes pesqueros industriales que hoy se encuentran enfrascados en dos peleas. La primera es por mantener en su poder las cuotas individuales que se les asignaron con esa ley. La segunda: porque se endosan mutuamente entre los actores del norte y del sur la responsabilidad sobre la depredación del jurel.

LA CULPA ES DEL NORTE, LA CULPA ES DEL SUR

La escasez no es un fenómeno local. Como el jurel es una especie transoceánica, se le puede encontrar en casi todo el Pacífico Sur, desde las costas de Nueva Zelanda hasta aguas chilenas. Por eso, desde 2007 se ha presentado un alza en la flota extranjera que captura jurel en aguas internacionales. Casi todos los estudios indican que es un solo stock que migra por el océano: desova cerca de Nueva Zelanda, frente a las costas del sur de Perú y el norte de Chile se concentra la población juvenil; y desde la V Región hacia el sur es la zona de reclutamiento, donde el jurel joven se suma a la población adulta. Para poder conservar ese ciclo es que se instauró desde 1981 una talla mínima de 26 centímetros para esa pesquería, aunque a fines de diciembre pasado el Congreso aprobó una ley que la reduce a 22 centímetros ( ver recuadro).

Las causas en la disminución del jurel, a juicio de las grandes pesqueras de la zona centro sur asociadas en Asipes y Sonapesca, son dos: los enormes barcos factoría extranjeros que operan sin límites de captura y la pesca de jurel inmaduro por parte de las empresas del norte.

-El grupo Angelini es un gran depredador del jurel. En el norte se están pescando los especimenes bajo la talla legal. Tienen la teoría de que el del norte es un stock aparte, que es otro tipo de jurel, uno más chico. Los rusos sostenían que hay tres stocks distintos: uno en altamar, otro en el norte de Chile y otro en el sur. De eso se agarraron, pero ha quedado demostrado que al venirse abajo el jurel, lo hizo en todo el Pacífico Sur –dice el gerente de Asipes, Luis Felipe Moncada.

De acuerdo al informe que preparó la Subpesca en diciembre de 2011 con datos del Sernapesca y el IFOP para definir la cuota global de este año, “la temporada de pesca 2011 da cuenta de un consumo de cuota industrial de la zona norte (XV-II Región) de 29.545 toneladas, correspondientes a un 75% de la cuota establecida para esta zona. En cambio, la zona centro-sur (V-IX Región) registró un desembarque de 151.514 toneladas, equivalente a un 81% de la cuota establecida para esta macrozona”. Desde 2007 que las pesqueras chilenas no han podido completar la cuota asignada simplemente porque no hay peces.

La discusión sobre quién tiene la culpa de que el jurel se esté acabando llegó incluso al Parlamento. El 23 de marzo de 2011, el gerente general de Corpesca S.A., Francisco Mujica, se presentó ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados. Según consignó Diario 21, Mujica se defendió argumentando que la sobreexplotación existía, pero que estaba en la zona centro sur. Dijo que mientras la biomasa de jurel determinada por el IFOP es cero desde el año 2009 entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, en las regiones de Tarapacá y Antofagasta la cifra alcanzó las 445.330 toneladas durante 2010. También señaló que entre 1997 y 2000 se pescaron más de 3.000.000 de toneladas de jurel bajo talla en la Región del Bío Bío, amparado en el concepto de “pesca de investigación”. Lo que no dijo Mujica es que esa misma artimaña hoy rige para la pesca de jurel en el norte del país.

El mismo informe que elaboró en diciembre la Subpesca indica que desde 1998, en la zona norte “destaca la presencia de un alto número de ejemplares juveniles, que supera en promedio el 70% de la captura total, llegando algunos años a superar el 90% (2011)”. Entonces, la talla mínima del jurel era de 26 centímetros, pero el año pasado el 95% de las capturas estuvo bajo esa medida. Otro documento de la Subpesca indica que hay siete procedimientos sancionatorios en trámite. Dos de ellos apuntan a Corpesca S.A., del grupo Angelini, pero ninguno tiene que ver con pesca de jurel bajo la talla legal, sino que se refiere a infracciones por pescar en la zona exclusiva de los artesanales.

CIPER le preguntó al Sernapesca por qué si la ley sólo permite un 35% de captura bajo talla, no existen sanciones a las empresas que operan en la macrozona norte. Su respuesta fue:

“Todas las operaciones de pesca de jurel en la zona norte del país hasta el 2011 se han efectuado bajo la modalidad de pesca de investigación (PI). La ley exceptúa a las PI de algunas medidas de administración lo cual en este caso se aplica. En otras palabras, la captura de jurel en la zona norte no tiene disposición de talla mínima. Consecuente con lo anterior, no hay infracciones en esta materia porque la medida no es aplicable”.

En cuanto a otro tipo de infracciones, ocho armadores de las zonas centro sur y austral figuran en la lista de procedimientos en curso por exceder el límite de captura de merluza común. Al final, los indicadores dan cuenta de un hecho: los armadores han aportado al unísono para que los recursos colapsen.

TODOS TIENEN INTERESES

-Cuando se habla sobre la responsabilidad en la sobreexplotación, hay que preguntarse quién hace el esfuerzo pesquero más grande, quién tiene la mayor pesquería. Chile ha tenido una presencia muy grande en la pesquería del jurel. Si alguien lo sobreexplotó, Chile tiene más culpa que cualquier otro país. Además hay otro factor: la regulación pesquera nacional permite que el Consejo Nacional de Pesca ignore las recomendaciones provenientes del mundo científico. La legislación permite que se pesque más de lo que se debería pescar –asegura Samuel Leiva, coordinador de campañas de Greenpeace y vocero de la ONG ante la Organización Regional de Administración Pesquera para Alta Mar del Pacifico Sur.

En la última década, la biomasa del jurel en el Pacífico Sur se ha reducido en un 79% debido a la sobreexplotación. De acuerdo al reporte que un grupo de trabajo científico internacional realizó en 2009 para la Organización Regional de Administración Pesquera para Alta Mar del Pacifico Sur, la industria pesquera de Chile fue responsable del 88% de las capturas de jurel registradas en 2007 y 2008 en una región donde pescan enormes naves factoría de bandera peruana, china y europea, entre otras. La suma de las capturas informadas en el país durante esos dos años, fue de 2.198.973 toneladas. Casi todo ese volumen se repartió entre los 33 armadores chilenos que participaban para 2009 en la pesca industrial.

Desde entonces, lo único que ha cambiado es que el total de armadores chilenos se redujo a 27 y que si antes el 93,71% de esa pesquería se concentraba en 12 grupos económicos, ahora lo hace en nueve. Y son ellos los que al final han tenido la última palabra y decisión sobre cuánto se puede pescar en Chile.

A eso se refería un ex subsecretario de Pesca cuando le dijo a CIPER: “En el sector pesquero prácticamente no existe nadie que no tenga intereses”.

NUEVA LEY: PESCA DE INVESTIGACIÓN ES COMERCIAL

El 24 de octubre del año pasado, el Ejecutivo ingresó al Congreso un proyecto de ley que pretendía modificar la regulación de la pesca de investigación, la pesca artesanal y la cuota global de captura de distintos recursos marítimos. Dos meses y cinco días después, fue promulgada y el 3 de enero fue publicada en el Diario Oficial.

El texto que aprobaron los legisladores establece que se incluirán en el Registro Artesanal de Pesca los pescadores y sus naves que hayan participado en pescas de investigación entre 2008 y 2011 sin estar inscritos en el Sernapesca. Lo mismo con buzos y recolectores de orilla. También indica que la Subpesca podrá establecer un plan de manejo para la administración de recursos bentónicos por región o regiones.

Pero lo más importante fue lo que hicieron con el destino de las pescas de investigación y la talla mínima de captura de jurel. Dos límites precisos a la depredación actual.

La Ley de Pesca definía la pesca de investigación como una “actividad pesquera extractiva que tiene por objeto la realización de los siguientes tipos de pesca sin fines comerciales”: pesca exploratoria, pesca de prospección y pesca experimental. Pero con la nueva ley, esa definición cambió. O más bien, lo que se puede hacer con lo que se pesque bajo ese régimen.

En el nuevo texto la pesca de investigación sigue siendo la extracción sin fines de lucro de recursos hidrobiológicos con fines de estudio, pero si antes la ley no

decía qué se podía hacer con ellos después de realizada la investigación, ahora la norma es clara: “Los armadores podrán disponer de las capturas obtenidas, incluyendo el desembarque y procesamiento de las mismas, una vez recopilada la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la investigación”. En otras palabras, la pesca de investigación podrá ser comercializada.

La nueva ley también eliminó la extensión nacional para la talla mínima del jurel. Hasta fines de 2011, las empresas pesqueras de todo el país estaban obligadas a capturar jurel de 26 centímetros o más grandes, un tamaño bajo si se considera que en Perú la talla mínima es de 31 centímetros. Si eran más pequeños, el margen de tolerancia era el 35% de la captura. Si se sobrepasaba ese porcentaje, se aplicaban multas. Eso, al menos en la teoría, porque desde hace años que en el norte las pesqueras han estado exentas de esa restricción porque capturan el jurel bajo la figura de pesca de investigación. Desde 1998, más del 70% de sus capturas han sido bajo talla. Y los estudios que realizaron dieron frutos: con la nueva ley, la talla mínima para el jurel que se pesca en el norte, se redujo a 22 centímetros.

Vea además: “Los nueve dueños del mar chileno”.
Vea el multimedia: Mapa: Los dueños del mar chileno.

Por Juan Pablo Figueroa en Reportajes de investigación
Publicado: 27.01.2012
CIPER

Fuente: OLCA